Fiscalía sueca archiva caso contra Assange por violación “porque no hay pruebas claras”

Estocolmo. La Fiscalía sueca cerró este martes la investigación preliminar por violación contra el fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, al considerar que las evidencias se han debilitado y no hay base para elevar una acusación formal.

El caso, iniciado en el 2010 y cerrado siete años después, había sido reabierto hace seis meses después de que Assange, que espera ahora que el Reino Unido decida sobre su extradición a Estados Unidos, fuera arrestado por la fuerza en la embajada de Ecuador en Londres tras retirarle Quito el asilo diplomático concedido en 2012.

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La fiscal superior sueca Eva-Marie Persson, que asumió la dirección del caso entonces, explicó hoy en rueda de prensa que la denunciante había aportado un relato “creíble”, “fiable” y “detallado”, pero que las evidencias de apoyo se habían “debilitado” por el paso del tiempo, en alusión a los testigos interrogados en ese período.

“Atendiendo a la situación probatoria más débil he concluido tras una reflexión minuciosa que un interrogatorio complementario con Julian Assange no cambiaría la situación de forma decisiva. Las pruebas no son suficientes para una acusación. En esas circunstancias la investigación debe cerrarse”, dijo.

Persson había sufrido ya un revés en junio, cuando la Justicia sueca rechazó su petición de emitir una orden de detención contra el periodista australiano porque no lo consideraba proporcionado, ya que podía ser interrogado con una orden de investigación en materia penal, una decisión que la fiscal no recurrió.

PRIMER ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN

En su anterior comparecencia pública, hace dos meses, Persson había informado de que se iban a transcribir y analizar las declaraciones de siete testigos, dos de ellos nuevos, y que luego decidiría si emitía una orden de investigación para interrogar a Assange o cerraba el caso, como hizo la anterior fiscal en 2017.

El archivo de la investigación se debió entonces a la imposibilidad de hacerla avanzar ya que Assange seguía refugiado en la Embajada de Ecuador, mientras que ahora sí hay motivos jurídicos, explicó Persson.

La defensa de la denunciante se mostró hoy contrariada por la decisión de la fiscal, pero no aclaró si la recurrirá a los tribunales, considerando que en agosto de 2020 prescribe el supuesto delito, origen de los problemas del periodista en el Reino Unido.

Assange siempre se ha declarado inocente y no ha sido formalmente acusado en Suecia, en un caso rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y reapertura de una investigación que había sido reducida inicialmente a delito menor.

El caso Assange adquirió dimensión internacional en noviembre de 2010, cuando la Fiscalía sueca emitió una orden de arresto europea por cuatro supuestos delitos sexuales -tres de ellos prescribirían en 2016- y el periodista fue detenido un mes después en Londres.

Ahí comenzó un proceso judicial que culminó en junio de 2012, cuando el Supremo británico reafirmó la extradición a Suecia y el periodista, que siempre se ha negado a volver al país escandinavo por miedo a ser extraditado a Estados Unidos, se refugió en la embajada ecuatoriana.

EXTRADICIÓN

Tras su salida forzosa de la legación ecuatoriana, posibilitada por el cambio de Gobierno en Quito, fue condenado a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012, una pena que ya ha cumplido, aunque continúa en prisión porque los tribunales creen que hay riesgo de fuga.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que ya criticó en su día la actuación de la Justicia sueca, ha pedido al Gobierno británico que libere al periodista, además de criticar severamente que se le mantenga en una prisión de alta seguridad, que no corresponde a los delitos de los que es acusado.

El actual titular de Economía británico, Sajid Javid, firmó en junio una orden para permitir que Assange sea entregado a Washington, que le reclama por cargos de espionaje y publicación de documentos clasificados, que pueden suponer una condena de hasta 170 años de prisión.

Fuente: EFE