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Santiago de Chile (Reuters)
En el marco del aniversario 43 del golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet en Chile, la presidenta del país, Michelle Bachelet, anunció que impulsará con urgencia la derogación de la Ley de Amnistía impuesta en 1978, durante la dictadura militar.
Así lo detalló el ministro de Justicia chileno, Juan José Gómez, quien señaló que en la práctica los tribunales de Justicia ya no aplican la citada norma, que otorgó impunidad a militares que torturaron o asesinaron a miles de chilenos entre 1973 y 1978.
Así, la derogación de esta ley, una de las promesas de campaña de la mandataria socialista Michelle Bachelet, permitirá desmantelar la impunidad de los agentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la primera parte de la dictadura militar.
Sin embargo, diversos abogados y el propio ministro de Justicia, admitieron que la anulación o derogación de la ley, que requiere de mayoría simple en el Congreso para su aprobación, no tendría un mayor impacto y solo es una medida "simbólica" para que nunca más se cometan violaciones a los derechos humanos en Chile.
"No hace un cambio muy de fondo a lo que han hecho los tribunales chilenos hasta la fecha, que ha sido no aplicar la ley de amnistía", dijo el ministro Gómez.
Por su parte, los abogados de derechos humanos, afirmaron que esta eventual derogación y eliminación de otros beneficios llegan demasiado tarde.
"Desde un punto de vista simbólico, para las familias de las víctimas esto no significa nada, llega muy tarde. El Estado de Chile tiene una tremenda deuda", dijo Cristián Cruz, abogado en Derechos Humanos.
Durante la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, unas 3.000 personas murieron o fueron reportadas como desaparecidas, mientras que otras 28.000 sufrieron torturas, como la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
El gobierno dijo que también se impulsará la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos. Además, se tramitará la eliminación de algunos beneficios penales para los que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
El anuncio coincidió con el llamado de Bachelet de acabar con el silencio y el miedo, en un momento en que Chile se encuentra conmovido por la detonación de bombas en espacios públicos ocurridos esta semana.
La presidenta, una ex presa política, ha afirmado que su gobierno no está dispuesto "a permitir que la cultura de la paz sea atropellada, abusada, o menospreciada por nadie".
