Una de las principales banderas que enarboló Gustavo Petro para alcanzar la presidencia de Colombia hace siete meses fue la de la “paz total”.
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Pocas semanas más tarde de ocupar el cargo, el concepto de negociar con los grupos guerrilleros y criminales de Colombia se convirtió en una ley. En esa línea, desde finales del 2022 el Gobierno reestableció las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última gran guerrilla colombiana.
Y ahora, según anunció el propio Petro el último lunes, hará lo propio con el Estado Mayor Central (EMC) un grupo armado que se escindió de las FARC antes del famoso Acuerdo de Paz firmado en el 2016 por dicha guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.
“Comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central”, anunció Petro vía Twitter.
Comienza un segundo proceso de Paz. Se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central. https://t.co/o4IVzaxK5Z
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2023
CAMINO DE POLÉMICAS
Para llegar a este punto, sin embargo, el gobierno tuvo que tomar una polémica decisión.
A inicios de febrero, Petro envió una carta al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, solicitando que suspenda las órdenes de detención en contra de 20 miembros del EMC, pues serían los representantes de la guerrilla para entablar una primera ronda de negociaciones.
Barbosa solicitó días más tarde precisiones sobre algunos nombres que figuraban en la lista, pues existía la sospecha de que al menos 11 de ellos no sean disidentes sino desertores.
La diferencia entre ambos conceptos reside en cuándo decidieron separarse de las FARC. A lo largo de sus más de 50 años de existencia, desde que comenzaron a operar en la década de 1960, existieron diferentes grupos que se separaron de la guerrilla central porque tenían visiones distintas de los caminos a tomar. A esas se les conoce como disidencias.
Por el contrario, los desertores son los grupos que se rebelaron después de haber firmado el Acuerdo de Paz del 2016.
“Sumado a ello, también tenemos una segunda disidencia que se produce a raíz de las conversaciones de La Habana. Ellos consideraban que el Gobierno de Juan Manuel Santos no ofrecía suficientes garantías y en algunos casos no estaban de acuerdo con la reagrupación para el desarme. Ellos consideraban que el Estado aprovecharía para erradicarlos. A esa segunda disidencia se le conoce como Segunda Marquetalia”, explica a El Comercio Mauricio Jaramillo Jassir, profesor e investigador de la Universidad del Rosario.
Los cuestionamientos del fiscal llevaron a que Petro rectifique una nueva lista con 19 integrantes a los que se les debía suspender la orden de arresto por ser delegados del EMC. La semana pasada, Barbosa aprobó la lista, lo que abrió la puerta al anuncio de diálogo por parte de Petro.
MUCHAS CONCESIONES
“En términos generales es una decisión muy polémica. Un sector muy importante de la población, incluida la oposición, considera que el gobierno está dando demasiadas prebendas, está siendo muy condescendiente y otorgando demasiadas ventajas. Eso tiene antecedentes negativos en Colombia, como que el gobierno ordenara la liberación de varios detenidos en los desmanes del estallido social del 2019 y del 2021. Pero Colombia está muy polarizada, así que hay un sector que ve que si no hay gestos unilaterales desde el gobierno; es decir, que otorguen garantías, será muy difícil conseguir lo que Petro denomina ‘paz total’”, comenta al respecto Jaramillo Jassir.
Las críticas a esta decisión incrementan aún más si consideramos que 5 de los 19 guerrilleros mencionados en dicha lista están presos actualmente.
Jefe del frente de las disidencias 'Iván Ríos', llegó a tener 231 guerrilleros a cargo y es sindicado como reclutador de menores. Fue capturado en octubre del 2022, actualmente preso en La Picota.
Luis Hernán Ochoa
Preso en Villavicencio, desde 2018.
Fabio Giraldo Giraldo
Preso en La Picota desde 2019.
Jaime Muñoz Dorado
Preso en Popayán desde el 30 de enero del 2023.
Leydy Tatiana Rojas
Presa en Jamundí desde 2021.
“Esto se venía gestando desde la campaña. En este momento, el hermano del presidente tiene problemas que podrían llegar a ser problemas legales, si se llega a confirmar que estuvo en las cárceles ofreciéndoles dádivas a los presos a cambio de votos por Petro. Supuestamente la promesa era que de ganar se les perdonaría las condenas y eso es exactamente lo que estamos viendo. Esto confirmaría que su hermano sí estaba en las cárceles ofreciendo cosas a cambio de su participación en esta supuesta ‘paz total’ que más bien debería llamarse ‘impunidad total’”, comenta a este Diario la politóloga y militante del opositor Centro Democrático, Laura Medina Ruiz.
Estos cinco nombres, además, plantean un problema bastante complejo. La petición de Petro fue suspender las órdenes de captura de forma temporal, por lo que aún se desconoce qué sucederá con dichos reclusos que sean liberados una vez que acabe la ronda de negociaciones.
¿Regresarán a prisión? ¿Se quedarán en libertad? Nadie tiene respuesta y esos vacíos son los que mayor desconfianza han generado en la estrategia de paz total de Petro.
Para muestra de ello solo hace falta revisar la encuesta publicada a fines de febrero por la empresa Invamer, donde el 49% de colombianos considera que la paz total va por mal camino, mientras que apenas el 39% piensa lo contrario.
Desde la visión del profesor Jaramillo Jassir, lo que buscaría Petro sería resarcir los errores históricos cometidos por el gobierno en acercamientos previos a los grupos guerrilleros.
“El Estado colombiano en su momento cometió errores, en el pasado aprovechó cese al fuego bilaterales para atacar a la guerrilla, entonces a este gobierno le toca salir a remediar errores históricos y entregar esas prebendas, pero en algunos casos es muy difícil de justificar; sobre todo porque se ha avanzado muy poco en la negociación. Hay gente que se pregunta cuáles son los resultados de la política de paz total como para que el gobierno se dé el lujo de ordenar estas medidas, en la era Santos eso se otorgaba a medida que se avanzaba”, explica.
Para Medina, quien también fue asesora de prensa del expresidente Álvaro Uribe, el mandatario estaría generando un profundo malestar en la población y a las fuerzas de seguridad nacionales.
“Todos los presidentes hacen el mayor esfuerzo por lograr la paz. Sin embargo, creo que los esfuerzos de Petro a lo largo de la historia no han sido todos en pro de la paz sino -más que todo por su propia historia personal- haber tomado las armas, eso deja mucho que desear. Levantar órdenes de captura para personas que no han hecho nada en pro de la paz es bastante peligroso y pone en riesgo a un montón de ciudadanos. Además, vemos a una fuerza pública maniatada, el ministro de Defensa no los respalda. Hubo policías que fueron secuestrados por indígenas y luego vimos al ministro del Interior diciendo que no había sido un secuestro sino un cerco humanitario. Eso es bastante humillante. Petro tiene un enfoque bastante laxo de la seguridad nacional, no ha dado resultados. Cada día hay una masacre en Colombia, algo que tanto criticaba del gobierno anterior”, argumenta la politóloga.
"Hay gente que se pregunta cuáles son los resultados de la política de paz total como para que el gobierno se dé el lujo de ordenar estas medidas".
Mauricio Jaramillo Jassir, profesor e investigador de la Universidad del Rosario
UN FUTURO COMPLICADO
El profesor Jaramillo Jassir asegura que el futuro del proyecto de paz total de Petro luce bastante complicado, debido principalmente a tres razones.
“Uno, el tiempo. El último proceso de paz lo firmó Juan Manuel Santos, quien tenía la ventaja de la reelección, dedicó su primer mandato a negociar y se reeligió con la promesa de la paz. Y aún así le tocó al final acelerar, no se sabía si las FARC firmaría. Yo no veo fácil que en tres años y medio se pueda negociar”, señala.
“En segundo lugar, el gobierno ha entablado un frente con todos: disidencias preacuerdo, disidencias posacuerdo, el ELN y debate si le dará estatus político a los grupos neoparamilitares. El gobierno abrió muchos frentes y no sé si está en capacidad de abordarlos todos”, agrega.
“Y en tercer lugar, hay un problema de legitimidad, si no hay resultados concretos es muy difícil que la gente apoye la idea de paz total. En el caso de Santos se veía si se avanzaba o no en torno a cuatro grandes temas”, finaliza el experto.
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