Ecuador ha dictado que es obligatorio que todos sus ciudadanos se vacunen contra el COVID-19 y así evitar el golpe de la variante ómicron del coronavirus. El gobierno de Guillermo Lasso se convierte así en el primero en tomar dicha medida en Latinoamérica.
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La decisión llegó en víspera de Navidad cuando el país ya había sumado más de 540 mil infectados y casi 34 mil fallecidos. También hay que tener en cuenta que, desde la semana pasada, la ocupación de camas UCI aumentó entre el 24% y el 77% en varios hospitales del vecino del norte.
Además, según recuerda “El País”, 12.4 millones de ecuatorianos -lo que representa cerca del 77.2% de la población total-, ya recibió las dos dosis de la vacuna, mientras que cerca de 950 mil ya tienen la tercera dosis.
La decisión de la administración de Guillermo Lasso, sin embargo, ha abierto la puerta a un debate ético y legal sobre el que valdría la pena poner la lupa.
“Yo entiendo la ética como el conjunto de normas o procedimientos que le sirven a una comunidad, no a un solo individuo”, explica Mario Paredes, epidemiólogo de la Dirección de Sanidad Naval de la Armada del Ecuador y docente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. “En ese sentido, la vacuna funciona como una medida preventiva que le da prioridad al bien colectivo. En el caso de una pandemia o de un problema de salud pública, esta debería ser una norma que se superponga a cualquier otra”, añade.
Paredes propone un ejemplo: a partir de un brote de sarampión en un nido, el director de la institución pide a los padres que vacunen a sus hijos para evitar la propagación de la enfermedad y que estos se enfermen.
“Y uno de los padres dice que no porque está en contra de la vacuna. ¿Qué tiene que hacer el director para sostener el bien común? Decirle al niño que no puede ir”.
“Desde mi punto de vista, no es válido que las personas se amparen en los derechos humanos y digan que tienen derecho a resistirse. En cambio, sí reconozco el derecho humano al acceso a la salud, que debe ser garantizado por los países”.
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La mirada legal y ciudadana
“Por lo que se está viendo, parece que la ciudadanía ha respondido positivamente”, anota el analista ecuatoriano Sebastián Mantilla. “Hay una aceptación de manera generalizada y está surgiendo efectos positivos”.
Mantilla anota que en Ecuador existe “una cierta conciencia de que la única alternativa para poder” sobrevivir al coronavirus es la vacuna.
“No sé si se pueda comparar con las vivencias de otros países, pero la situación que se generó en Guayaquil durante el 2020, cuando la gente se moría en las calles o en las entradas de los hospitales, generó una gran impresión”.
“Creo que por eso hubo una gran acogida al proceso de vacunación que, en términos generales, ha sido una de las mejores gestiones del gobierno de Lasso”.
Pero Mantilla aclara que, luego de que el gobierno dijera que la vacunación iba a ser obligatoria, aclaró varios aspectos de vital importancia, como que no van a “sancionar a las personas que no se vacunen”.
“Lo que dijeron fue que a los que no estén vacunados se les va a restringir el acceso a sitios públicos como cines, centros comerciales, etc. Es decir, la vacunación no es estrictamente obligatoria”.
Mantilla agrega que, más allá de debates legales, “el presidente tiene el sustento jurídico para publicar ese decreto”, que lo ampara el artículo 83.7 de la Constitución.
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Paredes, por su lado, sostiene que, si bien la intención del gobierno es incentivar a que las personas se vacunen, también les deja otras opciones para desarrollarse en la vida pública, como mostrar una prueba de PCR de descarte.
Sin embargo, en la óptica de Paredes, que el gobierno haya decidido comunicar su decisión utilizando la palabra “obligatoriedad”, es un error.
“Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud entienden la vacunación como algo obligatorio. Lo que hacen es sugerir que, dentro de sus normas sanitarias, la mayor cantidad de personas lo hagan”.
“Pero no es un requisito obligatorio”.
El uso de términos inadecuados genera, anota Paredes, más polarización sobre un tema que ya genera debate.
Sobre el futuro de la medida, el epidemiólogo anota que es posible que, así como en otras latitudes, se genere un mercado negro de carnés de vacuna falsos. “Tanto en el Perú como en Ecuador, padecemos del mismo fenómeno, la viveza criolla”.
“Es parte de la condición humana. Todo lo que usted prohíba, se vuelve más atractivo. En este caso, todo lo que se vuelva obligatorio, hará que algunos actúen en sentido contrario. No será la mayoría, pero siempre habrá alguien dispuesto a ser revolucionario”.
Los europeos que siguen un camino similar
Así como Ecuador, hay países en Europa que están dispuestos a que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria. Austria, por ejemplo, “tiene previsto aprobar un proyecto de ley” que regirá “a partir del 1 de febrero de 2022 y que prevé multas de hasta 7.200 euros para las personas que se nieguen a vacunar”.
Grecia, por su lado, mandó que, a partir del 16 de enero los que no se vacunen tendrán que pagar 100 euros de multa mensuales hasta que lo hagan. Alemania podría seguir esos pasos. Según France 24, “se espera que la vacunación obligatoria se aplique en febrero-marzo de 2022″.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también se pronunció al respecto, y dijo que era “apropiado y razonable tener ahora este debate”.
Sin embargo, del debate a la acción podría pasar mucho tiempo.
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