La alcaldesa de un pueblo costero de Ecuador fue asesinada a tiros, informó este domingo la policía, en medio de un estado de excepción decretado en el país para frenar la violencia vinculada al narcotráfico.
Brigitte García, alcaldesa del balneario San Vicente, en la provincia de Manabí (suroeste), fue asesinada junto al director de comunicación del municipio, Jairo Loor.
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Durante la madrugada “se identificó en el interior de un vehículo a dos personas sin signos vitales, con heridas por impacto de arma de fuego”, señaló la policía en su cuenta de la red social X.
Más tarde, la institución señaló que los disparos “no se habrían realizado desde el exterior del vehículo sino del interior”. Los investigadores analizan la ruta que siguió el automóvil, que era alquilado.
El crimen ocurrió cuando está vigente el estado de excepción que rige en Ecuador desde enero, cuando se produjo una arremetida de bandas del narcotráfico que dejó una veintena de muertos, con explosiones en calles, secuestros temporales de funcionarios carcelarios y la toma armada de un canal de televisión que transmitía en vivo desde la portuaria Guayaquil.
La ola de violencia se desató tras la fuga del líder de la banda Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel de Guayaquil.
Tras la fuga, el presidente Daniel Noboa declaró al país en un conflicto armado interno y tildó a una veintena de organizaciones narco de “terroristas” y “beligerantes”, desplegando a las Fuerzas Armadas para doblegarlas.
El Ministerio de Gobierno repudió el crimen.
“Ratificamos que no bajaremos la guardia en esta lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción política”, anotó la cartera en un comunicado.
El gobierno sostiene que su denominado “Plan Fénix” redujo la violencia gracias a la presencia de militares en las cárceles y las calles.
Pero este fin de semana se reportaron varios hechos criminales en el país, que el próximo abril cumplirá 90 días bajo estado de excepción.
El sábado una patrulla del ejército sufrió una emboscada en la provincia de Sucumbíos (fronteriza con Colombia), en la que murió un militar y otros tres resultaron heridos.
En la ciudad andina de Latacunga (centro), la policía evacuó un estadio donde se disputaba un partido del campeonato profesional de fútbol por una amenaza de bomba.
Tras la inspección con la ayuda de un perro entrenado, los agentes hallaron en el estacionamiento del estadio una maleta que “contenía cinco cargas explosivas”, que fueron detonadas de manera controlada, según el más reciente reporte policial.
Las autoridades estiman que los artefactos eran de fabricación “casera”, según un comunicado.
El Ministerio de Gobierno advirtió que tras el asesinato de García reforzará los controles de seguridad.
La alcaldesa García, de 27 años, era parte del movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), quien también informó del hecho.
“Si para uno es tan duro, imagino cómo deben estar sus familias. No tengo palabras”, escribió en X el exmandatario.
En agosto del año pasado el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue baleado cuando salía de un encuentro con simpatizantes. Poco antes había denunciado amenazas de parte del líder de una banda narco.
Meses antes también fue asesinado a tiros el alcalde de la costera ciudad de Manta (suroeste), Agustín Intriago.
Además de los políticos, fiscales también han sido víctimas de la violencia. El caso más reciente fue el asesinato en Guayaquil de César Suárez, quien investigaba a la esposa de ‘Fito’, el capo traficante fugado.
Desde enero que se declaró el estado de excepción, la fuerza pública realizó unos 165.000 operativos, más de 12.000 detenciones, abatió a 15 personas consideradas “terroristas” y decomisó unas 65 toneladas de droga, según datos oficiales.
Ubicado en medio de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador pasó a ser un centro logístico para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa.
Asociadas con cárteles mexicanos y colombianos, bandas criminales ecuatorianas se disputan a muerte rutas para el tráfico y el poder en las cárceles, donde murieron unos 460 reclusos desde 2021.
La tasa de homicidios también se disparó en el país, antes considerado una isla de paz. Entre 2018 y 2023 subió desde 6 al récord de 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
