El martes, el terror comenzó. Dos carros-bomba estallaron cerca de un grifo y una estación de policía en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador. Luego vinieron más atentados con explosivos en otras comisarías y centros de salud. En total, hubo 18 ataques que se extendieron a Esmeraldas y la vecina localidad de Durán.
Cinco policías murieron y el gobierno, otra vez, movilizó militares y policías a las calles y decretó el estado de excepción -el sexto en año y medio- además de toque de queda nocturno en las provincias afectadas. El miércoles, dos reos perecieron en nuevos enfrentamientos entre bandas en la cárcel más grande y hacinada de Guayaquil. Y este jueves, en otro motín carcelario los reclusos de la penitenciaría Guayas 1 se enfrentaron con explosivos y balazos e hirieron a ocho guardias.
La violencia en Ecuador es ahora producto de un combo altamente peligroso donde se entremezcla el narcotráfico, las bandas criminales, un sistema penitenciario casi dirigido por los delincuentes y un Estado débil.
Aunque el detonante de esta nueva ola de violencia fue la decisión de trasladar a mil reos de la Penitenciaría de Guayaquil a otros dos centros de detención, la inseguridad se ha vuelto una situación recurrente y sin visos de solución.
La violencia dentro de las cárceles -controladas por las bandas criminales, asociadas además al narcotráfico- ya ha matado a 422 presos desde el 2021, en medio de reyertas, ajustes de cuentas y desafío constante a la autoridad.
“Fuimos atacados deliberadamente por sabotajes y atentados terroristas orquestados por narcodelincuentes. Esos ataques buscaban generar miedo y caos, pero no lo han logrado”, dijo el miércoles el presidente Guillermo Lasso en una cadena de radio y televisión, luego de suspender sus vacaciones a Orlando ante la emergencia.
El problema de fondo
“Estamos viviendo las etapas iniciales de convertirnos en un narcoestado”, comenta a El Comercio el analista político ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, un think-tank de Quito.
El experto señala que su conclusión no es una exageración. “El dinero del narcotráfico está infiltrándose cada vez en distintos estamentos y áreas de la sociedad. Ya no son solo jueces y fiscales, también las fuerzas armadas, el sistema financiero, empresas, que además se facilita por el hecho de que Ecuador esté dolarizado”, agrega.
Para Mantilla, el Estado no ha tomado conciencia de la problemática de que el narcotráfico se está haciendo más fuerte en el país, y cómo está generando más situaciones de violencia.
Como explica la agencia AFP, el narcotráfico tomó vuelo en los últimos años en Ecuador, hasta entonces un lugar de paso de cargamentos ilegales desde Colombia, principalmente.
La presencia de los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa en Ecuador se hizo más fuerte y entraron en contacto con bandas delictivas del país, que empezaron a abrir un mercado interno de venta de drogas y multiplicaron los envíos de toneladas de cocaína desde Guayaquil y otros puertos.
Las bandas ahora dominan varias cárceles, desde donde realizan sus operaciones con impunidad ante la falta de control del gobierno.
Entonces, el enfrentamiento de estos cárteles mexicanos se ha trasladado a territorio ecuatoriano, donde los ajustes de cuentas se han convertido en noticia diaria.
De hecho, los atentados del martes fueron advertidos por dos grupos criminales, Los Lobos y Los Tiguerones, aliados al Jalisco Nueva Generación, quienes dejaron panfletos en las calles de Guayaquil señalando que tomarían acciones si es que integrantes de sus bandas eran trasladados de la Penitenciaría del Litoral, como finalmente ocurrió.
🚨 #ULTIMAHORA: En los exteriores del Canal de Televisión RTS sujetos no identificados dejaron panfletos con un comunicado aparentemente relacionado a los atentados que se ha perpretado en la ciudad de #Guayaquil pic.twitter.com/5BP33CUgue
— 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) November 1, 2022
Fallas estructurales
Pero el narcotráfico no es el único factor que ha incidido en el aumento de la violencia en el vecino país. Se trata de una crisis con múltiples factores que ha sido aprovechado por el negocio de la droga.
“El problema no se soluciona con más policías y fuerzas armadas en las calles. Tiene que ser enfocado de una manera integral”, apunta Mantilla.
“Estos grupos delincuenciales suelen operar en zonas donde no hay trabajo, donde los jóvenes no tienen oportunidades, donde no funciona bien el sistema educativo o de gestión social. Entonces, se tienen que tomar medidas más amplias y de mayor alcance, que tienen que ver con entender la faceta social de la inseguridad y la violencia”, señala el analista, quien considera que el presidente Lasso continúa teniendo un enfoque errado de la situación.
De la misma opinión es Luis Córdoba, de la Universidad Central del Ecuador, quien también señala que el Estado no ha podido intervenir con programas sociales en las zonas donde operan las bandas delictivas: “La medida que ha dado el presidente Lasso va a ser poco efectiva, porque la violencia en Ecuador es un fenómeno multicausal y más militares no pueden resolver un problema que es mucho más complejo”, dijo a “The Washington Post”.
“El gobierno actual no atina a manejar el problema de la inseguridad. Se han decretado varios estados de excepción en su año y medio de gobierno y no han tenido ningún resultado. No se puede decir solo que el problema del narcotráfico y de la violencia han crecido. El problema es que han crecido por la falta de acciones del gobierno”, concluye Mantilla.
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