Narcotráfico en la política de Ecuador: Cómo la “narcopolítica” y la inseguridad marcan las elecciones y la consulta popular

El propio presidente Guillermo Lasso ha confirmado la existencia de la “narcopolítica”. Mientras que el ministro del Interior, Juan Zapata, presentó a la Fiscalía una lista de 28 candidatos sospechosos de presuntas vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal u otros delitos relacionados con el crimen organizado.

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Bajo este contexto Ecuador votó el domingo para elegir alcaldes y prefectos. También se escogieron a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designa al fiscal y al contralor, entre otros cargos.

Además, mediate un referéndum se buscó definir ocho cambios en la Constitución propuestos por el presidente Lasso, entre los que destaca la extradición a terceros países de connacionales que tengan relación con el crimen organizado y el narcotráfico.

Ecuador terminó el año pasado con un récord de asesinatos. La tasa de homicidios en el país creció a 25 por cada 100.000 personas en el 2022 (4.539 muertes violentas), comparado con los 14 por 100.000 del año anterior (2.048 homicidios). Se trata del registro más alto desde 1990, cuando empezó a consignarse este tipo de estadísticas. Tan solo unos 300 casos fueron resueltos, informa la agencia AP.

El repunte de la criminalidad se ha concentrado en ciudades costeras como Guayaquil, Durán y Esmeraldas, en donde, según las autoridades, los cárteles del narcotráfico (liderados por bandas mexicanas en alianza con bandas locales) se disputan el territorio.

“Una percepción generalizada”

Para Sebastián Mantilla, analista político ecuatoriano y director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP), la palabra “narcopolítica” refleja lo que está pasando en el país, que es la influencia cada vez más fuerte de los cárteles mexicanos en muchos estamentos del Estado.

“No solo hay infiltración del narcotráfico en la policía. Hace unos meses la embajada de Estados Unidos mencionaba a narcogenerales en las fuerzas armadas, infiltración en la justicia y en otros estamentos de la sociedad a nivel institucional”, dice Mantilla en diálogo con El Comercio.

“También está la relación del narcotráfico con partidos políticos, que antes se veía como una amenaza, como un peligro, pero que hoy es una realidad. De acuerdo con información de medios de comunicación y organizaciones que siguen el tema electoral, ya se nota el financiamiento del narcotráfico a ciertas autoridades locales”, refiere.

A Mantilla le preocupa que la autoridad electoral se haga de la vista gorda ante esta realidad. “Son autoridades políticas que no quieren complicarse la vida y no hacen el debido control. No solo el tema de la infiltración, del financiamiento del narcotráfico de ciertas candidaturas, sino también un mayor control del presupuesto para las candidaturas. Tampoco hubo control de la precampaña electoral. No hubo ninguna sanción”.

En cuando a la oposición liderada por el partido del expresidente Rafael Correa, Mantilla sostiene que pese a la infiltración del narcotráfico en la política, dicha organización se mantiene en silencio y no ha promovido ninguna declaración o propuesta legislativa en la Asamblea Nacional para contrarrestar el crimen organizado.

Por su parte, el sociólogo y politólogo ecuatoriano Julio Echeverría sostiene que la infiltración del narcotráfico en la política es una percepción generalizada entre la población, en el Gobierno y en algunos actores políticos. “En el caso del correísmo, no existe una postura explícita que detecte a este como uno de los problemas fundamentales de la política actual en el Ecuador... En muchos casos se ha asociado al correísmo con posibles relaciones con actores del narcotráfico”, sostiene en diálogo con El Comercio.

Echeverría indica que la crisis carcelaria es una clara manifestación de que las redes del narcotráfico están presentes en el país. Además, dice que la incautación de cientos de toneladas de cocaína es una señal de que en realidad Ecuador se ha convertido en un puerto de salida para la cocaína que se produce en los países vecinos.

El analista político no cree que el Gobierno esté sobredimensionando el tema de la “narcopolítica”.

“En realidad, estamos frente a un problema extremadamente grave y en el actual proceso electoral se está presentando como una penetración de las redes del narcotráfico en la política. Ya hemos visto una penetración en la administración de justicia. Muchos jueces han generado condiciones de impunidad a jefes de las mafias del narcotráfico liberándolos, o a personajes vinculados al negocio del narcotráfico que han usado mecanismos de garantías constitucionales para atenuar sus penas. Es un fenómeno cuya tendencia va a agravarse”, indica Echeverría.

La extradición de criminales

“¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?”, dice el primer punto de la consulta votada el domingo. En esta interrogante se ha centrado la discusión sobre la inseguridad en el país y ha sido defendida por el presidente Guillermo Lasso como una “herramienta” para enfrentar delitos como el comercio ilegal de armas y el narcotráfico. ¿La medida será suficiente para el combate de la violencia?

“Quiero ser categórico. No va a ayudar absolutamente en nada. Es algo muy marginal. Hay algunas acciones que el Gobierno podría haber emprendido en estos meses para tratar de mitigar la influencia del narcotráfico en el número, por ejemplo, de asesinatos, pero el Ejecutivo se ha mostrado débil, incapaz, y no ha podido plantear soluciones contundentes”, opina el analista político Sebastián Mantilla.

“El hecho de que se vaya a incluir mediante una enmienda la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos no soluciona nada. Yo le pregunto, qué ha pasado con ‘El Chapo’ Guzmán tras su extradición a Estados Unidos. ¿Acaso el Cártel de Sinaloa ya no existe, se ha debilitado? No, sigue funcionando con igual fuerza que en el pasado. La extradición no soluciona el problema del narcotráfico”, remarca Mantilla.

A Mantilla le preocupa que el Gobierno trate de utilizar esta y otras preguntas del referéndum para reflotar su imagen. “El objetivo principal de la consulta es levantar la popularidad del presidente Lasso, porque la mayor parte de las preguntas no van a ayudar a resolver los problemas en el país”, sentencia.

Mientras que el politólogo Julio Echeverría cree que la extradición de criminales es apenas un elemento para enfrentar al narcotráfico, “no es una panacea, no es que se va a instrumentar de manera rápida, ágil; se trata de un proceso que tiene complejidades en su misma implementación y que afecta solo un aspecto del problema, que es el alertar a los jefes del narcotráfico sobre una extradición”.

Julio Echeverría dice que el referéndum no apunta a llevar adelante reformas sustantivas en materia de seguridad porque “la misma consulta establece límites para introducir reformas más profundas en la Constitución. Solo una asamblea constituyente podría producir estas reformas profundas que se necesitan, pero no hay condiciones en el país para impulsarla. Por eso se acudió a este mecanismo de la consulta popular”.