Los enfrentamientos entre manifestantes y policías, unos con petardos y otros con gases lacrimógenos, marcaron las horas finales de la huelga cumplida este viernes en Santa Cruz, la mayor región boliviana, contra el encarcelamiento de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho.
Los choques comenzaron a media tarde en los alrededores del Cristo Redentor, un monumento emblemático de la ciudad de Santa Cruz, capital de la región homónima, desde donde un grupo reducido de personas se dirigió a la sede del Comando Departamental de la Policía para protestar por la detención de Camacho.
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Los movilizados buscaban avanzar detonando petardos, a lo que los uniformados respondieron lanzando gases lacrimógenos.
A medida que avanzaron las horas, más gente se sumó a la protesta por todos los flancos, con la intención de cercar y tomar el edificio del comando policial, constató EFE.
A causa de los petardos, fuegos artificiales y gases lacrimógenos se registraron incendios en algunas viviendas y al menos tres vehículos quedaron calcinados.
Un grupo de policías antimotines con base en la zona norte de la ciudad se disponía a ir a reforzar a sus camaradas en el comando, pero los vecinos les cerraron el paso y allí también hubo enfrentamientos.
El paro fue convocado a instancias de una “Asamblea de la Cruceñidad”, que reúne a las principales entidades locales y organizaciones civiles de esa región, tras la detención y traslado de Camacho a La Paz en un cuestionado operativo policial.
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Además de la huelga, la asamblea también desconoció al comandante departamental de la Policía, Jhonny Chávez, a quien los líderes regionales señalaron de haberse “prestado a este vil acto atentatorio contra la vida” del gobernador.
La molestia de los cruceños con la Policía Boliviana se remonta a la huelga de 36 días entre octubre y noviembre por la realización del censo de población, durante la cual los uniformados reprimieron varias veces las protestas y se les acusó de actuar con parcialidad a favor de grupos oficialistas que se movilizaron para contrarrestar el paro.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que si bien la huelga era sólo por 24 horas, los bloqueos de carreteras se mantendrán indefinidamente para evitar la llegada de “quienes quieran llevarse a otros líderes cruceños” y también habrá vigilias en las instituciones estatales nacionales para evitar “autoatentados”.
Camacho fue enviado esta madrugada a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en el altiplano paceño con detención preventiva por cuatro meses por disposición de un juez cautelar.
La Fiscalía lo acusa dentro del caso “golpe de Estado I” por los hechos registrados durante la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que luego denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
Por este mismo caso se detuvo en marzo de 2021 a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus exministros, aunque finalmente fue condenada en junio de este año a 10 años de prisión acusada de situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial por el proceso denominado “golpe de Estado II”.
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SITUACIÓN DEL GOBERNADOR
El pasado miércoles el opositor fue detenido en la ciudad de Santa Cruz y luego fue trasladado a La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, en un cuestionado operativo policial.
Un juez cautelar dispuso esta madrugada enviarlo con detención preventiva durante cuatro meses a la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano paceño, por el caso conocido como “golpe de Estado I” por la crisis de 2019.
En la audiencia, Camacho sostuvo que “nunca” se va a rendir y que seguirá “luchando” contra lo que considera ha sido un “abuso” del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
La Fiscalía le acusa del delito de terrorismo por los hechos registrados durante la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que luego denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
Por este mismo caso se detuvo en marzo de 2021 a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus exministros, aunque finalmente fue condenada en junio de este año a 10 años de prisión por situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial por el proceso denominado “golpe de Estado II”.
Algunos comités cívicos de otras regiones, como la andina Potosí, anunciaron que desde la próxima semana iniciarán movilizaciones en sus departamentos y también está prevista una reunión nacional de estas organizaciones en Santa Cruz para coordinar otras acciones de protesta, anunció el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
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