Mil días sin Marielle Franco: El asesinato de la activista brasileña sigue impune

Era el 14 de marzo del 2018 y Marielle Franco salía de su último evento en un local de Río de Janeiro. Como concejala de la ciudad, activista negra y lesbiana, tenía su agenda ocupada y esa noche no había sido diferente. En el auto la esperaba su chofer. Cuatro kilómetros después, dos autos los cerraron. De uno de ellos salió una ráfaga de trece tiros. Cuatro dieron directamente a la cabeza de Marielle. Su chofer recibió tres disparos por la espalda.

Este martes se cumplieron mil días de aquel asesinato, y aún no se encuentra a los responsables de la muerte de una de las figuras más representativas del progresismo brasileño.

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Dos sujetos fueron detenidos el año pasado y han sido sindicados como los autores materiales, pero aún no han sido procesados, mientras que los que planearon la cruel muerte de Franco aún siguen libres e impunes.

Justamente, al cumplirse hoy los mil días de su asesinato, la fundación Marielle Franco y Amnistía Internacional organizaron un acto simbólico a las 8 de la mañana, cuando hicieron sonar 550 alarmas frente a la sede del Consejo Municipal de Río de Janeiro y así poner en evidencia la lentitud y desinterés de las autoridades para hallar a los culpables.

“Estas 550 alarmas son para despertar y llamar la atención de la justicia y de los organismos de seguridad pública, que son los encargados de una investigación que no puede continuar por mil días más”, aseguró a Efe Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil.

Sin avances

“Llegar a 1.000 días sin saber quién mató a Marielle ni haber identificado al autor intelectual del crimen es vergonzoso para Brasil”, dijo a EFE la arquitecta Mónica Benicio, viuda de la activista asesinada y su sucesora política tras haber sido elegida el mes pasado como concejal de Río de Janeiro.

“Fue un crimen muy bien ejecutado y sofisticado y por eso entendemos que hay dificultades en las investigaciones, pero llegar a 1.000 días sin una respuesta es realmente lamentable”, agregó.

“Infelizmente no tenemos ninguna novedad en los últimos meses ni en los últimos días. Es una investigación que corre en sigilo. Entendemos que el silencio es importante, pero nos gustaría tener más informaciones”, comentó por su parte Anielle Franco, hermana de la política asesinada y que dirige la fundación creada para propagar su legado.

El asesinato de Marielle Franco conmocionó a Brasil, sobre todo porque la socióloga y activista se venía destacando por su firme defensa de los derechos humanos y sus iniciativas para apoyar a las minorías, sobre todo a la comunidad negra y LGBTI.

Vínculos con Bolsonaro

En todos estos meses, la policía ha admitido varias hipótesis, desde la participación de milicias que controlan amplias áreas de Río de Janeiro -que eran denunciadas continuamente por Franco- hasta la de políticos molestos por la popularidad de la concejala, pero sin ningún avance, pista o identificación.

En el lugar del crimen se encontraron cartuchos semejantes a los que usan las fuerzas armadas.

Ronnie Lessa y Elcio Vieira de Queiroz, los dos expolicías arrestados en el 2019, fueron acusados de ser los autores materiales del homicidio y aunque se pretende juzgarlos por homicidio agravado, aún no se han esclarecido los motivos del mismo.

Vieira de Queiroz, sospechoso de conducir el auto desde donde salieron los disparos que mataron a Franco, estaría relacionado con el presidente Jair Bolsonaro, según una investigación de TV Globo que se difundió el año pasado. Sin embargo, en su momento, el mandatario reaccionó airado a su supuesta implicancia.

“Seguiremos exigiendo justicia hasta que el Estado responda quién mandó matarla y hasta que se juzgue y responsabilice a los autores porque no se puede hablar de democracia en Brasil sin que el Estado responda quién mató a Marielle y a Anderson”, agregó la viuda de Franco.

La familia se ha opuesto tajantemente a que el caso pase de la competencia de la policía de Río de Janeiro a la Policía Federal, que responde directamente al Ministerio de Justicia, y por tanto, al gobierno de Bolsonaro.

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