Los partidarios del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sostienen carteles que piden la intervención militar durante una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta electoral, frente a la sede del Comando Militar Oriental (CML), en el centro de Río de Janeiro, Brasil, el 15 de noviembre de 2022. (Foto por TERCIO TEIXEIRA / AFP)
Los partidarios del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sostienen carteles que piden la intervención militar durante una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta electoral, frente a la sede del Comando Militar Oriental (CML), en el centro de Río de Janeiro, Brasil, el 15 de noviembre de 2022. (Foto por TERCIO TEIXEIRA / AFP)
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Agencia AP

Los dos hombres estaban sentados en un bar el 21 de noviembre, saboreando bebidas para refrescarse del abrasador calor del estado , cuando agentes policiales irrumpieron y los arrestaron por presuntamente prenderle fuego a camiones y a una ambulancia con bombas molotov.

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Uno de los individuos intentó huir y deshacerse de su arma de fuego ilegal. Dentro de su camioneta pickup los policías hallaron recipientes con gasolina, cuchillos, una pistola, tirachinas y cientos de piedras, así como 9.999 reales (casi 1.900 dólares) en efectivo.

Un juez federal ordenó su detención preventiva, e hizo notar que el aparente motivo de la violencia era la “insatisfacción con los resultados de los últimos comicios presidenciales y la búsqueda de su revocación antidemocrática”, según documentos judiciales examinados por The Associated Press.

Durante más de tres semanas, simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro que se niegan a aceptar su apretada derrota en los comicios de octubre han bloqueado caminos y acampado frente a edificios militares en Mato Grosso, el gran productor de soya de Brasil. También han protestado en otros estados del país, y han pedido la intervención de las fuerzas armadas o que su comandante en jefe les dé órdenes de actuar.

Desde su derrota electoral, Bolsonaro sólo se ha dirigido a la nación en dos ocasiones, para decir que las protestas son legítimas y alentar a que continúen, siempre y cuando no impidan el libre tránsito de la gente.

El mandatario tampoco ha repudiado el reciente surgimiento de la violencia. Sin embargo, sí ha impugnado los resultados electorales, algo que Alexandre de Moraes, el presidente de la autoridad electoral, dijo parece encaminado a azuzar las protestas.

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Aunque la mayor parte de las manifestaciones son pacíficas, las estrategias empleadas por algunos participantes radicalizados han empezado a preocupar a las autoridades. José Antônio Borges, procurador general estatal en Mato Grosso, comparó sus acciones con las de guerrilleros, grupos de milicianos y terroristas internos.

Mato Grosso es uno de los semilleros de agitación en el país. Los principales blancos, dice Borges, son camiones de soya de Grupo Maggi, propiedad de un magnate que anunció su respaldo al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. También hay indicios de que gente y compañías del estado podrían estar azuzando protestas en otras partes.

Se han reportado bloqueos de caminos y actos de violencia en los estados de Rondonia, Pará, Paraná y Santa Catarina. En este último, la policía federal de carreteras indicó que manifestantes que bloquean carreteras han empleado métodos “terroristas”, los cuales incluyen bombas de fabricación casera, fuegos de artificio, clavos, piedras y barricadas hechas a base de neumáticos en llamas.

La policía también resaltó que los bloqueos de caminos el fin de semana fueron distintos a los efectuados inmediatamente después de la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, cuando camioneros bloquearon más de 1.000 caminos y carreteras en todo el país. En esa ocasión sólo se registraron incidentes aislados.

Ahora, la mayor parte de los actos de resistencia se están llevando a cabo por la noche, efectuados por “hombres encapuchados extremadamente violentos y coordinados”, los cuales actúan en distintas regiones del estado a la misma hora, señaló la policía federal de carreteras.

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“La situación está tornándose muy crítica” en el estado Mato Grosso, le dijo el procurador estatal Borges a la AP. Entre otros ejemplos, hizo notar que manifestantes en Sinop, la segunda ciudad más poblada del estado, le ordenaron esta semana a tiendas y negocios cerrar en apoyo al movimiento. “Quienquiera que no cierre sufre represalias”, agregó.

Desde la votación Bolsonaro no se ha presentado en público y su agenda diaria está vacía en gran medida, lo que ha desatado conjeturas de que esté molesto o tramando algo.

Las labores para la transición gubernamental han sido encabezadas por su jefe de despacho, y el vicepresidente Hamilton Mourão ha intervenido para presidir ceremonias oficiales. En una entrevista con el periódico O Globo, Mourão atribuyó la ausencia de Bolsonaro a erisipela, una infección de la piel en sus piernas que dijo le impide al mandatario ponerse pantalones.

Pero incluso las cuentas de Bolsonaro en redes sociales han permanecido en silencio, salvo por publicaciones genéricas acerca de su gobierno, aparentemente efectuadas por su equipo de comunicaciones. Y las transmisiones en vivo en redes sociales que, con pocas excepciones, conducía cada jueves por la noche durante su gobierno han cesado. El silencio marca un giro abrupto para el mandatario brasileño grandilocuente, cuyas legiones de simpatizantes están pendientes de cada palabra que dice.

De todas formas, los manifestantes, que han acampado frente a cuarteles militares en diversas partes de Brasil durante semanas, están seguros de que cuentan con su respaldo tácito.

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“Entendemos perfectamente bien por qué él no quiere hablar: ellos (los medios de comunicación) distorsionan sus palabras”, dijo una mujer de 49 años que sólo se identificó como Joelma durante una protesta frente al monumental centro de comando militar regional en Río de Janeiro. No quiso dar su nombre completo, ya que alegó que en la manifestación había informantes infiltrados.

Joelma y otras personas dicen estar indignados por la derrota de Bolsonaro y alegan que los comicios estuvieron amañados, haciendo eco de las afirmaciones del mandatario —sin presentar evidencia— de que el sistema de votación electrónica es propenso a fraudes.

Las escenas de amplias parrilladas con comida gratis y baños portátiles en varias manifestaciones, al igual que reportes de viajes gratuitos en autobús para llevar manifestantes a la capital Brasilia, han desatado investigaciones de las personas y compañías que están financiando y organizando los mítines y los bloqueos.

El Supremo Tribunal Federal ha congelado al menos 43 cuentas bancarias bajo sospecha de que están involucradas, reportó el sitio noticioso G1, que dijo que la mayoría son de Mato Grosso. Borges mencionó la participación de personajes del sector agropecuario en las protestas, muchos de los cuales respaldan la iniciativa de Bolsonaro de desarrollar la selva del Amazonas y su autorización para el uso de pesticidas que habían sido prohibidos previamente. En contraste, Lula se ha comprometido a volver a instituir las protecciones ambientales.

Más recientemente, los manifestantes se han sentido envalentonados por la decisión del presidente de impugnar oficialmente los resultados de los comicios.

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Bolsonaro y su partido interpusieron una solicitud el martes para que la autoridad electoral anule los votos emitidos en casi 60% de las máquinas de voto electrónico, diciendo que en los modelos más antiguos hay un error de software. Expertos independientes han dicho que ese error, aunque acaba de ser descubierto, no afecta los resultados, y De Moraes rechazó rápidamente la solicitud “extraña e ilícita”.

De Moraes, que también es magistrado del Supremo Tribunal Federal, lo llamó “un ataque al estado de derecho democrático... con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos”.

El 21 de noviembre, el procurador general Augusto Aras convocó a fiscales federales de estados donde los bloqueos de caminos y la violencia se han tornado más intensos para una reunión con el fin de hacer frente a la crisis. Aras, considerado ampliamente un firme aliado de Bolsonaro, dijo que recibió informes de inteligencia de parte de fiscales locales y le instruyó al gobernador de Mato Grosso que solicitara respaldo federal para despejar sus carreteras bloqueadas.

A la larga eso no fue necesario, ya que las fuerzas policiales locales lograron retirar a los manifestantes y, para el lunes por la noche, los caminos en Mato Grosso y en otras partes habían sido liberados, según la policía federal de carreteras. Sin embargo, se desconoce cuánto duraría esto, en medio del continuo silencio de Bolsonaro, dijo Guilherme Casarões, profesor de ciencias políticas en la universidad Fundación Getulio Vargas.

“Con este silencio mantiene a la gente en las calles”, señaló Casarões. “Esta es la gran ventaja que él tiene hoy: una base muy movilizada y muy radical”.

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