Canciller de Chile: “Jamás fue una opción la renuncia del presidente Piñera”

Por: Carolina Álvarez Peñafiel

“El Mercurio”, Grupo de Diarios América

La crisis social en Chile, admite el canciller Teodoro Ribera, tendrá un fuerte impacto en la imagen del país en el extranjero. Negarlo, dice, sería un error. Pero confía en la alta capacidad de resiliencia del país y en remontar la situación “en la medida que exista consenso social”.

—Hasta antes de la crisis, el chileno era visto como un modelo de desarrollo que proveía de bastante estabilidad política, económica y social. ¿Qué falló?

No cabe duda de que el modelo económico chileno ha permitido que Chile tenga los mejores indicadores socioeconómicos de toda Latinoamérica: en materia de crecimiento, de disminución de la pobreza, calidad de vida, etc... Pero la disminución del crecimiento económico de los últimos años, que va mucho más allá del gobierno del presidente Piñera, generó que las expectativas de las personas no puedan ser las mismas de antes. Eso, unido a un mayor endeudamiento, a dudas de perder lo conseguido, generó demandas por lograr mayores seguridades.

El gobierno se preocupó de enviar proyectos de ley y de trabajar en iniciativas orientadas a mejorar el sistema de pensiones o a mejorar la salud. La dificultad para implementar los cambios se vio incrementada por el hecho de que el gobierno no tuviera las mayorías parlamentarias. De una u otra manera, se produjo una disociación entre el sentir del pueblo y la representación política. Ahora, la crisis que vive el país no es una crisis institucional, porque los poderes del Estado funcionan totalmente, la democracia no ha sido afectada.

— ¿Hay un fracaso de la clase política o quizá ya no está vigente el sistema derecha-izquierda?

Estamos ante una crisis social, como señalé, no una crisis institucional. Y esta crisis social es multifactorial. Nadie puede pretender que los US$0,04 que en su momento fue el aumento de la tarifa del metro desencadenara esta crisis, no es así. Es una acumulación de circunstancias que abarcan a diversos gobiernos, de distinto signo político. El mensaje que hay que darle a otros gobiernos de Latinoamérica es que el crecimiento económico es fundamental, pero hay que tener una preocupación de que cuando la población aumenta sus niveles socioeconómicos, sus preocupaciones también van cambiando. Las fuerzas políticas no fueron capaces de asumir el sacrificio que significa plantear reformas para asumir los problemas de la modernidad.

—¿Incluso si no es un problema institucional, se ha visto afectada la confianza en esas instituciones democráticas?

Hoy los partidos políticos y los actores políticos tienen bajos niveles de aprobación porque hay un disenso entre el rol que juegan los líderes y partidos y lo que demanda la ciudadanía. La discusión en Chile hoy no es derecha o izquierda, es cómo conciliar crecimiento con mayor seguridad e igualdad social.

—No estaba en los planes del gobierno modificar la Constitución ni hacer una nueva. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar ahora?

La Constitución es una piedra angular que establece los derechos fundamentales, pero no es la solución de todos los males. En la Constitución, no hay ninguna norma que se refiera a cómo mejorar las pensiones o cómo disminuir el valor de los medicamentos. Pero la Constitución, sobre todo en Latinoamérica, es objeto de un fetiche. Hay la creencia de que la Constitución simboliza los males y la solución de los males.

En el caso chileno, tenemos una Constitución hecha durante el gobierno militar, modificada fuertemente en 1989 y que luego tuvo más cambios. Tan modificada ha sido que quien firma la Constitución del 2005 es el expresidente Ricardo Lagos. Lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente, hacer cabildos ciudadanos y generar debates populares. Luego, encauzar las opiniones ciudadanas en el proceso constitucional actual y finalmente considerar algunas formas plebiscitarias.

—El presidente ha reiterado que quiere llegar hasta el final de su mandato...

Eso no está en duda.

—¿Ha estado alguna vez sobre la mesa la renuncia presidencial?

Jamás fue una opción. En un sistema presidencial, el gobernante es quien da estabilidad a la república. El presidente podrá hacer cambios de ministros, pero lo otro es ajeno a la tradición política chilena.

—Hay denuncias de violación de los DD.HH. por parte de miembros de las FF.AA. y de Carabineros. ¿Cómo enfrenta estos cuestionamientos el gobierno?

El gobierno se vio enfrentado a una situación extremadamente compleja. Y ante la imposibilidad de hacer frente solo con las fuerzas policiales, se vio obligado a decretar el estado de emergencia, que por lo demás es una situación constitucional. Antes de decretar la emergencia, el presidente instruyó a que los jueces de garantías fiscales tuvieran acceso a lugares de atención, que hubiera un instructivo sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros, que las FF.AA. se concentraran en lugares estratégicos y no en la vía pública. Y después se contactó con la alta comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, para que enviara una comisión a Chile.

—¿Qué expectativa tiene respecto al trabajo de esa comisión?

El hecho de invitar a que nos visiten ha sido una señal de transparencia, de disposición en favor de los derechos humanos. Esperamos un informe lo más objetivo posible, que reconozcan nuestros esfuerzos en la materia y si hay algunos puntos que observar, con gusto los consideraremos en nuestras políticas internas.

—Hay quienes hablan de injerencia o participación del foro de Sao Paulo y fuerzas bolivarianas agitando las protestas...

Los servicios de inteligencia siguen investigando. También ha habido informaciones de otros estados sobre interferencia en las redes sociales. Pero nuestro objetivo principal es hacernos cargo de las demandas sociales internas y no traspasar este descontento a una intervención extranjera.

—¿Pero el gobierno tiene información sobre presencia de agentes venezolanos en las protestas?

Del total de arrestados o detenidos, alrededor de un 6% son extranjeros, y entre 1,2% y 2% son venezolanos. No olvide que los extranjeros en Chile son alrededor del 10% y los venezolanos alcanzan cerca del 5%. Por tanto, si las detenciones se reducen al 1,2%, tendrían una representación muy significativa. Pero eso es una información manejada por los servicios de inteligencia.

—¿Usted enmarcaría las protestas en Chile con otros movimientos similares en el mundo?

Lo que sucede en Chile ha sucedido en otros países que tienen niveles de desarrollo más crecientes, una juventud que ha vivido muchos años con crecimiento económico. Me parece que si uno mira la Primavera Árabe, el tema del Líbano y otros, sea probable encontrar algunas características comunes, pero sin duda todas ellas tienen sustentos diversos. En algunas es por demanda de mayor democracia y libertad, como en los países árabes. En el caso de Chile, son demandas en salud, en seguridad social. En uno y otro caso, los medios que se utilizan para relacionarse están fuertemente influenciados por las nuevas tecnologías.

—Hay otro punto en común: ninguna tiene un líder visible. ¿Supone una dificultad adicional?

No solo no tienen líderes visibles, sino que la convocatoria no se realiza por los medios tradicionales, no hay avisos sobre puntos de reunión, ni por la prensa escrita ni por los nuevos medios. Esta nueva forma de relacionarse demuestra la dificultad que tienen los políticos de vincularse con estos grupos sociales y de lograr captar cuáles son los temas sensibles que los aquejan.

Fuente: “El Mercurio” de Chile, GDA