“La actual Constitución de Chile es muy conservadora en lo moral y muy liberal en lo económico”

A casi un mes del estallido de las protestas sociales que han provocado un terremoto en la estructura de la sociedad chilena, los congresistas se pusieron de acuerdo para aprobar una hoja de ruta que derivará en una nueva Constitución, una de las principales demandas de la población.

Desde el alza del pasaje del metro hasta la decisión de cambiar la carta fundamental del país, la ciudadanía ha logrado hacerse escuchar. “Esta será la primera vez en la historia de Chile que la ciudadanía, y ya no las élites, podrán participar de la reflexión sobre una nueva Constitución”, dijo a El Comercio el abogado y profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Central de Chile, Andrés Sepúlveda.

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El presidente Piñera poco a poco hizo concesiones que parecían insuficientes hasta que se llegó al tema de fondo sobre la elaboración de una nueva Constitución. ¿Qué pasa si en la elaboración de la misma, sea el mecanismo que se elija, no se establecen las demandas sociales y económicas que exige la población?

Lo más probable es que, aun cuando el texto se mantenga igual y no se modifique ni una sola coma de nuestra Constitución, el sentido y la forma en que se va a interpretar va a cambiar. En términos prácticos, una Constitución con 129 artículos no resuelve todos los problemas. Cada vez que alguien la aplica, sea un juez o un tribunal, recurre a las actas constitucionales, que son las actas que elaboró la Comisión Ortúzar. Y las características de esta comisión, que hizo el anteproyecto de la Constitución que se aprobó en 1980, es que era excesivamente conservadora en lo moral y proponía un modelo de sociedad extremadamente liberal en lo económico. Esto impacta porque todos los conceptos contenidos en esos 129 artículos se miraban desde esa óptica. El solo hecho de discutir un texto constitucional ya cambia completamente el sentido porque ya no se va a recurrir a las actas de esta comisión.

Una de las características de la actual Constitución, promulgada en la dictadura pinochetista, es que para modificarla se necesitaba una mayoría importante en el Congreso…

Esa es una de las trampas de la Constitución, porque para efecto de generar reformas se establecieron quórums demasiado altos, de dos tercios. Eso significa que el 66,6% de los parlamentarios electos debían estar de acuerdo en un cambio para que este se produjera, y eso en la práctica significaba que todo cambio tenía que ser casi unánime. Probablemente una nueva redacción cambie eso y pueda hacer los textos más dinámicos en el tiempo.

Pero lo que ha revelado esta crisis es el excesivo presidencialismo que vive Chile y que se tiene que atenuar. La fortaleza del gobierno depende de la fortaleza del gobernante, y cuando el gobernante es débil y comete errores se nota mucho, precisamente lo que ha ocurrido en estas semanas. Este conflicto se ha extendido y se ha profundizado porque el Ejecutivo ha actuado de forma muy lenta y perdida, con medidas muy mezquinas.

Este es el segundo mandato de Sebastián Piñera. Si había tanto descontento, ¿porque resultó electo otra vez?

El sistema electoral chileno no establece el voto obligatorio, concurre a las urnas el que quiere ir, y eso ha generado la tendencia de que los estratos más bajos de la sociedad y de la periferia participa menos, lo cual es distinto en los estratos más altos, que tiene una muy alta tasa de participación. Hay que tener en cuenta que la derecha siempre ha sido un 40% de la población.

Pero hubo muchos errores en esta crisis. El 18 de octubre, el día en que estalla propiamente el conflicto social, hubo un acuerdo entre el gobierno y la empresa Metro, que opera el subterráneo, y deciden cerrar las líneas porque había evasiones masivas por el alza del pasaje. En Santiago, la estructura vertebral del sistema de transporte público es el metro, y ese día se dejó a un millón de personas caminando a sus casas. Hubiese sido un gobierno de derecha, centro o izquierda, con un millón de personas caminando por horas, enojados, de todos modos iba a haber un conflicto igual.

La decisión de cerrar el metro genera el estallido, y luego las líneas de metro las quemaron, lo cual está en investigación porque muchas estaciones fueron afectadas por incendios provocados por terceros. Eso generó un problema de transporte urbano que profundizó el conflicto social, y cuando ya hay un conflicto se develan todas las precariedades del sistema, y todo estalla. Sabíamos hace tiempo que las pensiones son malas, los sueldos no alcanzan, que tenemos un sistema demasiado liberal, que cada vez que Chile crecía, un porcentaje mayoritario de ese crecimiento se lo llevaban unos pocos mientras que el resto recibía migajas. Entonces, este conflicto social es una mezcla de muchas cosas, de lumpen, anarquismo, oportunismo político, de legítimo malestar. Hay de todo, es sumamente inorgánico, y por eso al gobierno le ha costado mucho salir del problema porque no encuentra interlocutores válidos. Entonces, la centroizquierda trata de interpretar lo que quiere esta gente, y acá aparece la solución de la Constitución.

Pero también se cuestiona si esto realmente va a resolver el problema…

Por lo menos lo que debería cambiar es la actitud del Estado frente a la economía y la actividad productiva. Una de las características esenciales de nuestro modelo es que tenemos un Estado subsidiario, que señala que el Estado solo interviene cuando el privado no puede, no quiere o no debe intervenir. En el caso de las prestaciones de salud, o de educación, o las soluciones en materias laborales, estas primero las tienen que resolver los privados. El Estado viene después. Por eso el Estado chileno tiene muy pocas empresas estatales, y la única forma de que genera ingresos es apretando los impuestos. Aun así los tributos en Chile son bajos con respecto a los países de la OCDE. Nuestra tasa impositiva es cercana al 20%, mientras que la tasa promedio en la OCDE es de 30%.

¿Y qué pasó con las reformas constitucionales que impulsó Michelle Bachelet en su segunda gestión?

Se estableció un cronograma de trabajo, que implicaba una participación a través de cabildos en todo el país. Eso concluyó en un proyecto de nueva Constitución que ella entrega al Congreso antes de que terminara su mandato. Pero con la llegada de Piñera ese proyecto quedó enterrado.