La minga indígena sale a protestar en Colombia: ¿Qué es y cuál es su reclamo?

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Basados en el concepto original, la minga indígena colombiana hace referencia a la participación conjunta de las distintas comunidades originarias bajo una misma voz de protesta.

Según el censo nacional del 2008, el 4,4% de los 50 millones de habitantes de Colombia pertenecen a una comunidad indígena. Informes de la ONU, además, alertan sobre la situación de estas comunidades: 34 de los 66 pueblos están en vías de extinción y la tasa de pobreza es del 63%, tres veces más alta que el promedio nacional, según recoge un artículo de la BBC.

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Si bien han mantenido un activo papel social durante las últimas cinco décadas, cobraron mayor protagonismo en las manifestaciones desde el 2008, cuando entre 10 mil y 15 mil comuneros indígenas marcharon desde Santander de Quillichao hasta Santiago de Cali para pedirle al Gobierno, entonces dirigido por Álvaro Uribe, que se cumplieran las garantías que les fueron otorgadas en la Constitución de 1991, principalmente el respeto a la autonomía de sus territorios.

“La minga no tiene un solo representante sino es colectivo, analizan los problemas y plantean soluciones. Pero sus derechos fundamentales han sido vulnerados de distintas maneras. Sus territorios son tomados por distintos actores armados, la violación de los derechos humanos en esos territorios ha sido de manera sistemática, estructural y masiva. La única forma que han encontrado de surgir es organizándose, formándose y haciendo valer sus derechos sin usar las armas. Su fuerza es la organización de su comunidad y sus argumentos”, explica a El Comercio la subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), Ruth Consuelo Chaparro.

“La minga tiene un papel estelar en la movilización social. Quizás es uno de los protagonistas más importantes como víctimas del malestar social que se vive en el país. Cuando salen a protestar, el impacto de sus manifestaciones y el respaldo que reciben son muy importantes. Si la minga se vincula de lleno a la protesta social actual la situación será mucho más difícil para el Gobierno porque tarde o temprano deberán sentarse con ellos para atender reclamos muy importantes que van desde la salud y la educación hasta las garantías de seguridad”, comenta por su parte Jairo Libreros, analista político, profesor de política de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia.

Durante los últimos años, las comunidades han pedido que el Gobierno atienda a la amenaza sobre la vida de sus miembros, un gran problema en un país donde hasta el año pasado se estimaba que cada semana morían unos seis líderes sociales a manos de algún grupo armado, tales como células disidentes de las FARC, narcotraficantes, paramilitares o fuerzas armadas nacionales.

Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del 2021 han sido asesinados 60 líderes indígenas y defensores de derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016, la cifra asciende hasta los 1.173 asesinatos.

“Hay muchísimos informes de niños reclutados y asesinados por distintos actores legales e ilegales. Sus territorios son disputados y a eso se suma un problema de defensa del medio ambiente, de poder seguir existiendo como pueblos culturalmente diferenciados. Además, hay una estigmatización muy grande, en lugar de escucharlos y atender sus reclamos los tildan de narcotraficantes o narcoterroristas, o que están siendo manejados por algún grupo externo”, señala la representante de Fucai.

“Pero a la vez son víctimas de manipulaciones de grupos alzados en arma. Y hablo de manera particular de las disidencias de las FARC, el ELN y algunos grupos de narcotráfico que tienen una presencia territorial, dominio social en muchos sectores del Cauca y negocios con cárteles de bandera venezolana que utilizan al Pacífico como corredor de intercambio de drogas, armas y dinero. Ellos tienen la capacidad de aleccionar a los indígenas en contra de lo que se está viviendo y en algunos casos excepcionales, no generalizados, son responsables también de ciertos actos de violencia. Pero, además, los indígenas quedaron en medio del fuego de los militares, las guerrillas y los narcos. Líderes sociales, gobernadores y gobernadoras han perdido la vida por actos de sicariato de estos grupos que cuando no pueden manipularlos terminan eliminándolos. Han perdido mucha autonomía, han visto sus tierras cercadas por rutas que sirven para el intercambio de drogas y armas, y para la expansión de cultivos ilícitos”, explica Libreros.

En octubre del 2020, unos 8 mil indígenas marcharon hasta la capital Bogotá para unirse al paro nacional de Colombia, repitiendo sus pedidos de protección al medio ambiente y, esta vez, de respeto a los acuerdos logrados en la firma de paz con las FARC.

“Los acuerdos firmados en La Habana tienen un capítulo étnico que dice que los territorios indígenas deben estar bajo la supervisión y dirección de la guardia indígena, eso no ha sucedido. Dice también que no debe haber reclutamiento de los niños, que los mismos indígenas deben hacer el proceso de reinserción con los miembros de su comunidad desvinculados de las FARC, que habrá un observatorio de garantía de derechos humanos. Y todo eso no ha sucedido”, agrega Consuelo Chaparro.

Durante el actual estallido social, iniciado el 28 de abril en protesta contra una reforma tributaria impulsada por Duque pero que en los últimos días ha agrupado una serie de demandas populares, la minga indígena ha vuelto a participar.

En esta ocasión, sus reclamos se basan principalmente en dos peticiones: respetar el acuerdo de paz y los derechos humanos. “Colombia es el tercer país más desigual del mundo y el quinto más injusto. Cuando hablábamos con los líderes indígenas les pedíamos que protejan la vida, que no se arriesguen a que los maten. Ellos nos respondían que querían una vida digna, justa y en paz. Si no les podían dar esa vida no la querían. No quieren vivir como mendigos. ‘Así no vale la pena vivir’, me dijeron”, cuenta la activista de derechos humanos.

Según Consuelo Chaparro, gran parte del problema se debe a que las comunidades no han tenido oportunidad de reunirse con las autoridades nacionales en busca de una solución. “Dicen (desde el Gobierno) que el gobierno debe proteger a la gente buena de los indígenas, que son narcotraficantes. Es un lenguaje muy difícil, los estigmatiza. Yo solo les pregunto, en los últimos 30 años cuántos acuerdos han logrado y respetado. Se lo digo yo: ninguno, lo poco que se concerta no se cumple o se hace de forma tardía”, explica.

Libreros, por su parte, considera que sí se han conseguido avances pero que la situación actual obligará a que finalmente se concrete un diálogo entre las partes. “Las comunidades han adelantado procesos de negociación con los gobiernos, en muchos casos exitosos pero la mayoría han sido una decepción porque los gobiernos con tal de desactivar las protestas se comprometen con cosas que difícilmente se pueden subsanar en términos fiscales. Quizás uno de los ejemplos más preocupantes fue lo que pasó con la Administración de Juan Manuel Santos, se llegaron a acuerdos muy importantes que comprometían la transferencia de sumas económicas a los cabildos del Cauca para inversión social, mejorar carreteras, apoyo en asistencias y apoyo económico para cultivos alternativos para el fortalecimiento de los sistemas de salud. Pero al cabo de un año no se le cumplió, por eso en estos momentos tienen una actitud tan confrontacional con las autoridades locales y nacionales. Se sienten defraudados y engañados por negociaciones que no llegaron a buen término”, comenta.

“La Administración de Iván Duque creo que ha adelantado con un poco más de asertividad las relaciones con ellos. Inicialmente en las protestas del 2019 logró crear un mecanismo que permitiera la viabilización de la transferencia de recursos y asistencia técnica para lograr los acuerdos que no se cumplieron con la Administración Santos. Eso fue un avance, pero sin duda así como hoy el presidente Duque viajó a Cali para escuchar a diferentes sectores, va a tener que abrir un espacio para hablar con las autoridades indígenas y avanzar en sus intereses que son vitales porque están protegidos a nivel constitucional”, añade el analista político.

VIOLENCIA Y CONFUSIÓN EN CALI

El último domingo en la ciudad de Cali se registró un enfrentamiento entre miembros de la minga y civiles que, según voces indígenas serían paramilitares amparados por las autoridades nacionales, mientras que los opositores a las manifestaciones señalan que se tratarían de vecinos de la zona que buscaban defenderse de los manifestantes.

En redes sociales han circulado imágenes tanto de civiles armados a bordo de camionetas disparando contra los manifestantes como de zonas residenciales que habrían sido dañadas por miembros de la minga, según los autores de las filmaciones.

Para la subdirectora de Fucai, las pruebas indicarían que el accionar de la minga fue una reacción a provocaciones iniciales. “Hay responsabilidades: se bloqueó un carro que iba con indígenas y les dispararon, ellos no huyen sino que persiguieron a las camionetas y estas entraron a unos condominios. Ellos no rompieron los carros, entraron junto a las camionetas armadas. ¿Por qué esos vecinos que dicen ser de la sociedad civil tienen fusiles, revólveres y pistolas? ¿Por qué les tapan las placas (de los autos)? ¿Por qué los apoya la policía?”, se cuestiona.

“Cuando se anunció la movilización de la minga, algunos sectores inconformes con la presencia de los indígenas establecieron barreras, hubo protestas porque consideraban que los indígenas llegaban a alterar aún más la crisis que se vive en Cali. Fueron recibidos con cierto grado de agresividad. También hay versiones verificadas de que ellos respondieron con disputas verbales o utilizando machetes y cuchillos, en otras ocasiones hay videos que muestran a indígenas armados”, comenta por su parte Libreros.

El analista político, además, considera posibles tanto las versiones de miembros infiltrados dentro de la minga como de miembros que hayan sido adoctrinados por las guerrillas y tomen una postura más violenta durante las movilizaciones.

“Hay de todo. Como ha ocurrido con la corrupción en América Latina que permeo a sectores sociales, económicos, civiles, políticos y estatales, la presencia de los actores armados también terminó por permear a las comunidades indígenas. Está claro que algunos sectores aleccionados por el ELN que marcharon tenían intereses de alterar el orden público. El viernes se capturó a alias Lerma, uno de los guerrilleros más peligrosos con presencia política y militar en el Cauca que responde al comandante alias Marco Pacífico, uno de los que mejor comunicación tiene con el Comando Central del ELN; está claro que adelantaba medidas para armar a algún sector indígena y enseñarles a realizar actividades que alteren el orden público, ataquen a la policía y dar respuestas que terminen generando una masacre. El ELN ha manipulado a miembros de las comunidades indígenas y algunos de ellos estuvieron en Cali este fin de semana”, explica.

En lo que tanto Consuelo como Libreros coinciden es que este episodio social ha revelado la incapacidad de diálogo que existe actualmente en Colombia.

“Lo que yo creo es que el caso de Cali demuestra que los colombianos hemos perdido la habilidad de escucharnos y de reconocer los derechos de los demás. Los indígenas han actuado como víctimas y victimarios en los acontecimientos de Cali”, comenta el analista político.

“El fuego no se apaga con gasolina, se debe investigar (los hechos en Cali) para establecer la verdad. Una democracia no se puede defender a balas, debe tener fuerza de argumentos. Deben sentarse unos con los otros. La gente se desespera si no es escuchada y si violan sus derechos”, reflexiona por su parte la activista.

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