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Quito. [AP]. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró el martes culpable de corrupción al expresidente Rafael Correa y lo sentenció a ocho años de prisión.
Correa fue condenado junto a otros 19 altos funcionarios y empresarios involucrados en una red de millonarios pagos ilegales a cambio de la entrega de obras públicas.
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El juez Iván León leyó la sentencia y dijo que la víctima del delito es el Estado y que la “fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción”.
Añadió que los jueces consideran que se ha probado que los pagos fueron reportados a Correa y Jorge Glas -entonces vicepresidente y actualmente en prisión por caso de corrupción- quienes comandaban la organización.
Correa (2007-2017) vive en Bélgica junto a su familia desde mayo de 2017 luego de traspasar el poder a su amigo y sucesor Lenín Moreno, con quien se distanció poco después en medio de acusaciones mutuas.
Además de Correa, también fueron sentenciados a la misma pena Glas y 16 acusados de cohecho agravado. La exasesora del mandatario, Pamela Martínez, y su asistente, Laura Terán, recibieron penas de 38 y 19 meses, respectivamente, por su colaboración para descubrir la trama.
La justicia consideró que los 20 implicados tuvieron diversos grados de responsabilidad en la recepción de 7,55 millones de dólares que fueron utilizados para promocionar al entonces partido de gobierno Alianza País.
Correa aseguró en su cuenta de Twitter que “todo esto es falso. Pidan algún contrato o egreso que se haya dado por pago a la persona responsable del mismo... no existe. No se ha probado nada. Son los jueces prepagos”.
Correa, de 57 años, no cumplirá ninguna sentencia mientras se encuentre en Europa pero tampoco podrá regresar a Ecuador debido a que el delito por el que fue condenado es imprescriptible. Además, Correa y Glas fueron inhabilitados para participar en política por 25 años.
La trama de corrupción fue descubierta inicialmente por una investigación periodística.
La sentencia se dio a conocer en medio de una rigurosa cuarentena impuesta por el gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Debido a ello, las partes se mantuvieron en tres salas separadas con la obligación de usar mascarillas y guantes y tras pasar controles sanitarios antes de ingresar al edificio de la Corte.
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