Cristóbal López volvió a la cárcel este viernes luego de haber sido excarcelado por la Cámara Federal de Apelaciones a mediados de marzo. (Foto archivo: La Nación, GDA/Enrique García Medina)
Cristóbal López volvió a la cárcel este viernes luego de haber sido excarcelado por la Cámara Federal de Apelaciones a mediados de marzo. (Foto archivo: La Nación, GDA/Enrique García Medina)
Agencia EFE

El empresario cercano al kirchnerismo Cristóbal López fue detenido el viernes después de que la Justicia de Argentina revocase la polémica decisión de liberarle de la prisión provisional junto a su socio Fabián de Sousa, ambos acusados de un millonario fraude al Estado.

López y Sousa estuvieron en la cárcel desde diciembre de 2017 hasta mediados del mes pasado, por supuestamente no haber pagado 340 millones de dólares en impuestos desde la compañía petrolera perteneciente al grupo Indalo que poseían.

La excarcelación por parte de la Cámara Federal de Apelaciones provocó una oleada de protestas por parte del oficialismo, que llegó incluso a acusar a los jueces de haber recibido sobornos a cambio, lo que fue seguido de la decisión de la Justicia de investigar a ese tribunal y de la petición de licencias de varios de sus miembros.

En el auto difundido este viernes por fuentes judiciales, la Cámara Federal de Casación volvió a centrar la investigación en el delito de "defraudación al Estado", y no en el de "apropiación indebida de recurso", como había decidido el tribunal que liberó a los empresarios, y ordenó su "inmediata" detención, que deberá hacer efectiva el juez que instruyó la causa, Julián Ercolini.

Tras conocerse el fallo, Cristóbal López y Fabián de Sousa se entregaron a las fuerzas de seguridad en la ciudad de Buenos Aires.

Los magistrados también elevaron el embargo de bienes para los investigados, una medida que afecta al ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, el fisco argentino), Ricardo Etchegaray, quien supuestamente colaboró con las maniobras de fraude.

Las supuestas maniobras fraudulentas ocurrieron entre 2013 y 2015, bajo la presidencia de Cristina Fernández.

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