Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014 exigieron al gobierno seguir las líneas trazadas por el informe final de un grupo de expertos internacionales que investigaron el caso, quienes se retiraron tras denunciar “ocultamiento de información” por parte del Estado.
“Estamos completamente convencidos de estas líneas de investigación que nos ha dejado el GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] (...) porque tienen bases contundentes”, dijo en conferencia de prensa Mario González, padre de uno de los desaparecidos.
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El grupo de expertos concluyó este martes sus trabajos, que empezaron en 2015 tras un acuerdo de México con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que les resulta “imposible” continuar ante “la insistencia” del Estado “en negar cosas que son obvias”.
González expresó su decepción con el presidente Andrés Manuel López Obrador “porque nos está fallando” y recordó que al inicio de su mandato, en diciembre de 2018, se comprometió a dar “todas las facilidades para poder encontrar a nuestros muchachos”.
“Decirle al presidente que nos urge una reunión con él, que no se vale jugar con 43 padres”, agregó el padre del estudiante desparecido César Manuel González.
El abogado de los familiares Vidulfo Rosales, insistió en que para sus representados el informe del GIEI “es el documento que se tiene que atender”. “Para nosotros no resultará válido que al rato surja otro informe que el gobierno quiera sacar”, señaló.
Enfatizó también la urgencia de reunirse con López Obrador para discutir “cuáles son los obstáculos reales (...) que impiden” al Estado entregar la información que, según el GIEI, se está ocultando.
En su informe final, los expertos cuestionaron la actuación del Ejército mexicano pues sostienen que permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido.
Los 43 estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 tras dirigirse al municipio de Iguala, para hacerse de autobuses con los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en una manifestación.
Las versiones oficiales apuntan a que los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con criminales. El cártel Guerreros Unidos los habría asesinado para luego desaparecer sus cuerpos.
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Los padres rechazaron la investigación del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), motivo por el cual se convocó al GIEI. Posteriormente, López Obrador instauró una comisión de la verdad para esclarecerlo.
Hace un año, un informe de dicha comisión sostuvo que militares y funcionarios permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
Tras esa pesquisa, también fue detenido en agosto de 2022 el exfiscal general Jesús Murillo Karam, principal responsable político del caso durante el gobierno anterior.
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