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Desde el lunes 29 de julio se han producido protestas en varias ciudades de Venezuela por los resultados de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio, que dieron como ganador a Nicolás Maduro. En medio de esas manifestaciones, también se han generado focos de disturbios.
El Estado ha respondido a tales situaciones con la activación de sus fuerzas policiales y militares, además de civiles motorizados y armados.
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La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó el miércoles su preocupación por la violencia y abusos de derechos humanos en el país tras las protestas por los resultados electorales del domingo, subrayando que es una muestra de la “reactivación de la maquinaria represiva” emprendida por el Gobierno de Nicolás Maduro.
El fiscal general de la nación, Tarek William Saab, informó el miércoles sobre la detención de más de 1.000 personas. Según el Ministerio Público, algunas de ellas siguen privadas de la libertad y podrían enfrentar cargos graves como el delito de terrorismo.
Saab emitió una severa advertencia, que incluye largas penas de cárcel, a quienes sean detenidos y procesados por estos hechos.
“Advertimos que llamados a desconocer los resultados oficiales puede ser delito de instigación pública, con una pena de 3 a 6 años de prisión. Obstrucción de vías públicas, con una pena de 6 a 10 años de prisión. Instigación al odio, con una pena de 10 a 20 años. Resistencia a la autoridad, con una pena de 1 a 2 años de prisión”, afirmó.
Las penas
Según la legislación actual, estas son las penas que podrían afrontar quienes sean acusados de terrorismo por participar en esas protestas que reclaman por un presunto fraude electoral ejecutado en Venezuela:
- La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobada en Venezuela el 30 de abril de 2012, castiga el terrorismo con prisión de 25 a 30 años, y el delito de financiamiento al terrorismo con prisión de 15 a 25 años.
- El artículo 285 del Código Penal indica que quien instigue a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres años a seis años.
- Mientras que por obstruir calles o vías, el Ministerio Público podría aplicar el 357 del Código Penal y penar a los involucrados con 3 a 6 años de prisión.
- A quienes acusen de instigación al odio (art. 20 de la Ley Especial contra el Odio), pueden dictarle una pena de 10 a 20 años.
- Por resistencia a la autoridad (art. 218 Código Penal) se estima una pena de 1 mes a 2 años de prisión.
