¿Quién es Rocío San Miguel, la experta en temas militares acusada de “traición a la patria” y “terrorismo” en Venezuela?

Rocío San Miguel, una de las mayores expertas en temas militares en Venezuela, fue detenida el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando de disponía a viajar a Miami junto a su hija Miranda. Recién el domingo en la tarde, la Fiscalía General, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, confirmó el arresto; y este lunes la misma autoridad dio a conocer los supuestos delitos de los que se le acusa.

El fiscal general Tarek William Saab dijo el domingo que sobre Rocío San Miguel pesaba una “orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Táchira) y otras entidades del país”.

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De acuerdo con el diario español El País, el arresto fue efectuado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A Miranda, la hija de San Miguel, la dejaron ir el viernes, pero las autoridades la llamaron al día siguiente para que recogiera las maletas en el mostrador de la aerolínea. Desde ese momento no se ha vuelto a saber de ella y se presume que está detenida.

Las autoridades también han arrestado a dos de los hermanos de San Miguel, a su exesposo Alejandro José González Canales y a otros familiares, entre ellos Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.

El lunes, el fiscal Saab informó que pedirá prisión para San Miguel y su exesposo y libertad condicional para el resto de detenidos.

Agregó que a Rocío San Miguel se le imputa la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.

Mientras que a González Canales, que se retiró de la Fuerza Armada con el rango de coronel, se le sindica por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

En la tarde del martes, los abogados de San Miguel confirmaron que cuatro de sus familiares fueron liberados: su hija Miranda, el padre de esta, Víctor Díaz Paruta; y dos hermanos de la activista. Todos deberán presentarse de manera periódica en el tribunal que lleva la causa, no podrán salir del país, ni dar declaraciones a los medios de comunicación.

Este martes en la mañana, los abogados de San Miguel aseguraron que no habían tenido contacto con la analista militar.

“Hasta las 10:30 am de hoy 13 de febrero, la defensa técnica no se ha podido comunicar con Rocío San Miguel o con alguno de los cinco familiares que también habrían sido presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo”, dijo la defensa en un comunicado.

“No sabemos del paradero de cada una de esas personas, de modo que persiste la desaparición forzada. Rocío San Miguel suma 100 horas incomunicada” agregó.

“La audiencia de Rocío San Miguel no contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho a la asistencia legal, como parte del debido proceso establecido en el artículo 44 de la Constitución”, siguió el equipo legal de la experta.

Por su parte, el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, dijo a CNN que el caso de Rocío San Miguel “ratifica la extinción del Estado de derecho en Venezuela desde hace bastante rato”.

Agregó que en Venezuela se está agravando la persecución política de los opositores al régimen de Maduro en un contexto electoral, pues este año deben realizarse los comicios presidenciales.

“La furia bolivariana, un plan que fue lanzado por el mismo presidente Nicolás Maduro el pasado 23 de enero, ha constituido en una avanzada de la represión política que ha afectado a dirigentes gremiales, sociales, periodistas y ahora se da esta detención arbitraria y desaparición forzada, que sin duda es uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos que hemos conocido”, remarcó Murillo.

En Venezuela hay 261 presos políticos,

entre ellos 18 mujeres y 146 militares, según la ONG Foro Penal.

Rocío San Miguel, de 57 años y con doble nacionalidad venezolana y española, es presidenta de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones a los derechos humanos desde su creación el 16 de marzo del 2005.

La ONG también tiene la misión de promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.

El portal Infobae recuerda que San Miguel comenzó su carrera en el sector público en el año 2000, cuando trabajó en el ministerio de Infraestructura de Venezuela, para luego adentrarse en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional.

Ha sido investigadora en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora en el Consejo Nacional de Fronteras y consultora jurídica, además de dedicarse a actividades académicas en instituciones militares de educación superior.

En el 2014, San Miguel fue señalada por el propio Maduro de estar involucrada en “un alzamiento militar”.

El 18 de enero del 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección por “amenazas y hostigamiento” del Estado por su labor como defensora de los derechos fundamentales en el país.

En el 2018, la activista ganó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la violación de sus derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público en el 2004 por apoyar un año antes un referéndum revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

Rocío San Miguel informó este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado Venezolano presentar, “a más tardar el 6 de mayo”, un informe sobre el cumplimiento de esa sentencia.

El pasado 22 de enero, el fiscal Saab informó sobre cinco supuestos planes conspirativos contra el régimen de Maduro y por los que hasta ese momento habían sido detenidas 32 personas, entre civiles y militares.

Uno de esos supuestos planes es el denominado Brazalete Blanco. Saab dijo que el 16 de enero de este año fue detenido el oficial retirado del ejército Ányelo Heredia en una zona rural en Táchira.

Heredia ya había estado preso en la Cárcel de Ramo Verde desde el 2017, pero se fugó el 25 de diciembre de 2019. Lo acusaban de por traición a la patria e instigación a la rebelión.

Supuestamente fugó a Colombia y luego a Estados Unidos, desde donde retornó para ingresar de nuevo a Venezuela por la frontera con Colombia, pero fue arrestado.

La Fiscalía de Venezuela sostiene que tras su detención este año, en el teléfono de Heredia se descubrió que formaba parte de un plan para asaltar la 21 Brigada de Infantería del estado Táchira.

“El caso Brazalete Blanco consistía en la planificación de un ataque, nada más y nada menos que contra la 21ª Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano del estado Táchira para hacerse con el parque de armas de unidad militar, para luego atentar contra la vida del Gobernador (…) y posteriormente ir en escalada, por otros estados, hasta llegar a Caracas para el magnicidio del presidente Nicolás Maduro”, indicó el fiscal Saab.

Saab aseguró que los “planes de conspiración” estaban desarticulados e informó que se emitieron órdenes de captura contra varias personas, entre ellas la periodista Sebastiana Barraez y la activista Tamara Suju. No mencionó a Rocío San Miguel.

Este martes, Estados Unidos afirmó que está “profundamente preocupado” por la detención de Rocío San Miguel y urgió al Gobierno de Maduro a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia Venezuela.

Preguntado por la agencia EFE, John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la administración del presidente Joe Biden está siguiendo de cerca el caso de San Miguel.

“Estamos profundamente preocupados por esto. El señor Maduro necesita cumplir con los compromisos que hizo a finales de otoño sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas, a los partidos de la oposición e incluso a aquellos miembros de la sociedad venezolana que quieran postularse a un cargo. Tiene que cumplir con esos compromisos”, manifestó Kirby.

Estados Unidos no ha sido el único en reaccionar. La misión de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido la liberación de San Miguel.

“No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores”, sostuvo en un comunicado la presidenta de la misión de la ONU en Venezuela, la portuguesa Marta Valiñas.

Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la misión, recordó que la información “tardía e incompleta” sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de “infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno”.

La ONU ha dicho que en Venezuela se están dando actos que contravienen el derecho internacional, incluyendo detenciones de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias de la oposición y vetada de participar en las elecciones presidenciales de esta año por la justicia chavista.

Por su parte, Amnistía Internacional pidió la libertad “inmediata e incondicional” de la activista. La ONG aseguró que “está monitoreando la denuncia de desaparición forzada” de San Miguel, y pidió el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2012, así como “acceso a abogados y familiares”.