El martes un grupo de ciudadanos y dirigentes de oposición venezolanos agrupados bajo el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) presentaron una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), máximo ente de este tipo en el país, para iniciar un referendo en el que la población decida si el presidente Nicolás Maduro es vacado o no de su cargo.
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Este procedimiento está enmarcado en el artículo 72 de la Constitución Venezolana de 1999, que detalla que “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.
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Para esto, Mover interpreta que el reciente mandato de Maduro inició el 24 de mayo del 2018, cuando el líder chavista juramentó ante la hoy extinta Asamblea Constituyente y no el 10 de enero del 2019 (cuando oficialmente iniciaría su mandato) como lo establece la Carta Magna.
En caso de que el CNE reconozca como válida dicha interpretación, los solicitantes tendrán tres días para recolectar un número de firmas que representen al 20% del padrón electoral venezolano en cada entidad federal, según explica un artículo de Caraota Digital.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que se propone un referéndum revocatorio en contra de Maduro. En el 2016, la misma medida fue anulada por la justicia venezolana -señalada de estar controlada por el chavismo- argumentando que hubo fraude al momento de recolectar las firmas.
En este caso, de conseguirse el número total de firmas, se hace un llamado al proceso democrático. Para conseguir vacar a Maduro, la Constitución señala que se necesita que “igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al 25% de los electores o electoras inscritos o inscritas”.
En las elecciones del 2018 -un proceso señalado como ilegítimo y carente de garantías electorales por la ONU, la Unión Europea y la OEA; además de decenas de países, entre ellos Estados Unidos y el Perú- Maduro obtuvo el 67,84% de los votos.
Consciente del complicado escenario para llevar adelante el referéndum, uno de los líderes de Mover, el exchavista Nicmer Evans, aseguró que incluso de no lograrse el objetivo esto servirá para que la oposición se reagrupe, según Caraota Digital.
Evans señala que la propuesta ha sido presentada a representantes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, además de los principales líderes de la oposición Juan Guaidó, Leopoldo López y Henrique Capriles.
“El revocatorio es un derecho constitucional que la oposición no puede dejar de disputar. Nosotros hoy estamos disputando el derecho a revocar. Revocar es un derecho. Por eso exhortamos a la primera instancia a dar respuesta sobre este tema”, dijo Evans según recoge el portal Crónica Uno.
Mover está también encabezado por el exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, quien explicó “somos ciudadanos venezolanos que aspiramos a ejercer ese derecho consagrado en la carta fundamental, en razón de que el 24 de mayo se cumplieron tres años de la juramentación del señor Nicolás Maduro ante la extinta Asamblea Nacional Constituyente”, de acuerdo al mismo medio.
LAS CABEZAS DE MOVER
Evans y Pérez Vivas son dos de los rostros más representativos de Mover, el primero es un disidente del chavismo que fue acusado de “incitar al odio” en el 2020, mientras que el segundo fue diputado y gobernador antes de que la justicia venezolana lo inhabilite por 7 años de ejercer cualquier cargo público en el 2015.
Nicmer Evans mostró su interés por la política desde su etapa escolar, cuando asistía al liceo José Ángel Álamo se afilió a organizaciones estudiantiles de izquierda que marchaban contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. En 1993 accedió a una beca en la Universidad Central de Venezuela para cursar Estudios Políticos y Administrativos, fundando en su primer año como universitario el movimiento Identidad Estudiantil Participativa.
Posteriormente trabajó en la alcaldía de Caracas, en el Ministerio de la Secretaria de Presidencia y dirigió el Instituto de la Juventud. Fue uno de los fundadores de la Universidad Bolivariana y en el 2008 lo nombraron director de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación.
Antes de la llegada del chavismo se afilió al Movimiento Quinta República para luego pasar a formar parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Participó de al menos dos elecciones internas, tentando conseguir la candidatura para un curul parlamentario y posteriormente para la alcaldía de Caracas, pero ambos procesos se vieron frustrados.
En el 2013 se alejó del chavismo mediante una carta abierta contra Maduro en la que se oponía abiertamente a su presidencia. Cuatro años más tarde, ya alejado del oficialismo, Evans informó que el cuerpo de Inteligencia Nacional, el Sebin, lo interrogó por la desaparición del esposo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
En el 2020, en plena pandemia, fue denunciado por “instigar al odio” luego de desearle “larga vida para que la justicia del hombre llegue antes que la divina” al militante chavista y conductor de un programa de la televisión estatal, Fidel Madroñero, contagiado de Covid-19.
Pasó dos meses detenido pese a que desde líderes de la oposición, como Juan Guaidó, hasta la misma OEA hicieron un llamado para que sea liberado, algo que finalmente se dio el 1 de septiembre.
Carlos Pérez Vivas, por su parte, pertenece al Partido Socialcristiano (Copei) desde la década de 1970, cuando fue dirigente de la Juventud Revolucionaria en su natal Táchira.
En 1988, tras un periodo en la Asamblea Legislativa de Táchira, llegó por primera vez al Congreso de la República. Fue reelecto en 1993 y posteriormente, en el 2000, ocupó un escaño en la recién creada Asamblea Nacional.
Desde el Parlamento, Pérez Vivas ha sido uno de los principales críticos de Hugo Chávez, llegando a enfrentarse en más de una oportunidad a legisladores del oficialismo. Es recordada su intervención en septiembre del 2003 que terminó con una agresión hacia el opositor de parte de la diputada chavista Iris Varela.
Su carrera dentro del partido siguió creciendo hasta que en el 2002 fue elegido Secretario General del Copei. En el 2008 fue elegido gobernador de Táchira tras superar por apenas un punto porcentual al candidato chavista Leonardo Salcedo.
En el 2015, la Contraloría General de la República inhabilitó políticamente a Pérez Vivas denunciándolo de corrupción durante su gestión como gobernador. La sanción fue un impedimento de ocupar cualquier cargo público por siete años.
De inmediato su partido, el Copei, se pronunció a través de su presidente nacional Roberto Enriquez para denunciar que se trataba de “un nuevo golpe” del régimen.
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