La líder opositora venezolana María Corina Machado. (Foto de Federico PARRA / AFP)
La líder opositora venezolana María Corina Machado. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE

La líder antichavista instó este miércoles a asumir la necesidad de una “transición ordenada” en , al insistir que el abanderado de la oposición mayoritaria, , fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a que las autoridades electorales proclamaron la victoria de .

Es hora de actuar en consecuencia. Paren la represión, acepten la voluntad del pueblo venezolano. Asuman la necesidad de una transición ordenada en Venezuela”, escribió la exdiputada en la red social X.

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Machado insistió en que González Urrutia fue el ganador de los comicios presidenciales, ya que -insistió- el bloque opositor Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tiene las actas de votación que lo demuestran.

“La verdad está a la vista: Edmundo González ganó. Ganó Venezuela. Tenemos las actas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) también (las tiene)”, añadió.

Mientras el CNE no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, la PUD divulgó “el 83,5 %” de estos papeles, que muestran, según la oposición, que González Urrutia ganó por amplio margen.

Este miércoles, González Urrutia rechazó acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lleva un proceso para “certificar” el resultado de los comicios presidenciales, al considerar que el procedimiento no se corresponde con ningún proceso contemplado en la legislación venezolana y supone una “violación al debido proceso”.

Si llegare acudir ante la Sala Electoral lo haría en situación de absoluta indefensión, porque el trámite adelantado por la Sala Electoral, tal como ha sido anunciado por los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del TSJ y otra ley sobre la jurisdicción electoral”, dijo en un comunicado publicado en X.

El exembajador señaló que la Sala Electoral no puede “usurpar” funciones constitucionales del CNE y “certificar” unos resultados que aún “no han sido producidos de acuerdo con la Constitución y la ley, con acceso de los participantes a las actas originales que sirvan de fundamento a una totalización y proclamación y con las debidas auditorías”.

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