Buenos días.
La continuidad del general Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional empieza a convertirse en un problema político para el Ejecutivo. Ya no es solo la situación de un funcionario que se resiste a dejar un cargo y de un gobierno que evita tomar una decisión amparándose en una normativa legal. Suman más las voces, incluso al interior del propio gabinete, que exigen la salida del oficial.
Las bancadas de oposición ya están tomando acciones. Juntos por el Perú ha presentado un proyecto para modificar la Ley 31570 y recuperar la posibilidad de remover al comandante general por pérdida de confianza. El Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular trabajan en propuestas similares. Se trata de bancadas de distintas orientaciones que empiezan a mostrar coincidencias.
Hay una norma, aprobada por el anterior Congreso, que hoy protege la permanencia del comandante general. La disyuntiva ahora es si, ante una situación de crisis, se debe legislar con nombre propio o si la persona que ocupa un cargo de semejante responsabilidad debe mantenerse prácticamente blindado cuando no hay resultados y la estrategia contra el crimen no funciona.
El gobierno se encuentra en una posición incómoda. Las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Sheput, complican más el escenario. Su afirmación de que está entre quienes piden la salida de Arriola revela que las discrepancias no se encuentran únicamente en la oposición.
Por otro lado, el ministro del Interior, César Astudillo, ha señalado que el general está técnicamente calificado para el cargo, aunque ha evitado presentar esa afirmación como un respaldo a su continuidad.
En esas condiciones, la pregunta ya no es solamente si la ley permite que Arriola continúe. La pregunta más importante es si resulta conveniente que continúe. Y esa es un problema que el Gobierno no puede afrontar amparándose solamente en una norma.
Hasta la próxima semana.
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