A 12 años de iniciado el proceso(parte 2),por José Luis Escaffi

En la columna Enfoque del pasado domingo 15 de junio se expusieron las diversas causas que explican por qué, a finales del 2001, el 73% de los peruanos estuvieron a favor de la descentralización, pero actualmente solo el 30% cree que la experiencia ha sido positiva en su región. 
En la columna de hoy se explica qué se puede hacer para mejorar esta situación. 
Para comenzar, el foco del Estado deberá estar en la descentralización administrativa y no en la conformación de macrorregiones, proceso que tendrá que surgir espontáneamente. La prioridad debe ser buscar un Estado descentralizado al servicio del ciudadano y orientado a resultados. 
Segundo, se debe fortalecer la capacidad rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo para que, según su ley orgánica, dicte políticas nacionales y garantice su cumplimiento obligatorio en todas las entidades de todos los niveles de gobierno. Políticas que, además, deberán ser formuladas con base en evidencia y consultadas con las regiones, municipios, expertos y sociedad civil. Ejemplos de buenas prácticas en este sentido son programas como el presupuesto por resultados o el sistema de inversión pública. 
Ejercer la rectoría supone la capacidad de hacer cumplir las normas a través tanto de incentivos y mecanismos positivos como de sanciones. Entre incentivos y mecanismos destacan los bonos municipales y regionales, asistencia técnica y capacitación, directivas, softwares, etc. Por su parte, la capacidad sancionadora exige que cada ministerio tipifique las faltas y las sanciones a las que deben hacerse merecedores los funcionarios y las entidades en caso incumplan las normas y políticas. Ello debería estar acompañado por un tribunal administrativo que vele por el debido proceso y el derecho a la defensa de los funcionarios involucrados.
Tercero, en relación con el proceso de transferencia de competencias y funciones, el Gobierno Central deberá volver a definir de manera clara y precisa las funciones de cada nivel de gobierno. Para ello, cada ministerio deberá optimizar y descomponer todos los procesos de trabajo (cadenas de valor) de todos los bienes y servicios que venía proveyendo y que deberían ser o ya han sido transferidos a las regiones y municipios. 
En el servicio de vacunación, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en las matrices de competencias, debe determinar las especificaciones generales de la vacuna a adquirir y administrar la compra y distribución aprovechando economías de escala. Los gobiernos regionales formulan las solicitudes de compra y son los encargados de vacunar en su jurisdicción, pero siguiendo los protocolos médicos aprobados por el sector.
Cuarto, las entidades del Ejecutivo deberían volver a realizar el proceso de acreditación para evaluar si las regiones y municipios tienen o no la capacidad de asumir las funciones y si lo pueden hacer al costo más bajo. Es luego de esta evaluación que se decidirá si se les transfieren todas las funciones y los recursos necesarios. Si no estuviesen preparadas, será necesario crear un programa de desarrollo de capacidades. 
Quinto, el Estado debe velar por que las normas de los sistemas administrativos recojan las realidades heterogéneas del país, se articulen, se simplifiquen y se conviertan en manuales de fácil cumplimiento. Asimismo, un sexto aspecto deberá ser la creación de un portal al estilo Wikipedia para el intercambio de lecciones aprendidas entre todos los funcionarios públicos.  
Una reflexión final: el proceso de descentralización es un mandato legal y constitucional irreversible. Si bien tiene mucho que mejorar porque los resultados y los desempeños aún no son homogéneos, no se puede frenar ni retroceder recentralizando todo lo que no funciona. Hay regiones y municipios que con las mismas restricciones de los demás tienen desempeños exitosos. A esos hay que premiarlos y de esos hay que aprender. A los corruptos hay que aplicarles todo el peso de la ley, pero por ellos no se puede desandar todo lo andado.