130 oportunidades de mejora, por Diana Chávez

Al término del período parlamentario 2011-2016, más de 5.000 proyectos de ley han sido presentados en el Congreso. De ellos, aproximadamente la cuarta parte se ha convertido en ley. Mal haríamos en utilizar este dato como único criterio para evaluar el desempeño de 130 congresistas durante un quinquenio. 

Lo cierto es que disponemos de poca información para evaluar el rendimiento de nuestros 130 congresistas y al intentar utilizar aquella publicada en la página web del Congreso no podemos llegar mucho más allá: no existen indicadores ni información sistematizada que nos permitan seguir el trabajo de nuestros congresistas en su función de legislación, de representación ni de fiscalización. Y mucha de la información se encuentra en formatos poco amigables para el procesamiento de los datos en herramientas que nos permitan comprenderla y compartirla mejor. Promover el conocimiento y la difusión de información permanente sobre el Congreso y sobre los congresistas tiene un doble fin: estimular un mejor rendimiento del Congreso y fomentar la responsabilidad ciudadana fuera de época electoral. La labor de un congresista dura 5 años y la del electorado también. 

Por esta razón, durante el segundo semestre del 2015, la Asociación Civil Transparencia trabajó en la elaboración de un instrumento llamado a cubrir esta necesidad: el Observatorio de Desempeño Parlamentario. El resultado es un conjunto de indicadores que permite la evaluación y mejora del desempeño de cada uno de los 130 congresistas de la República en tres ejes: integridad, función legislativa y función de representación. Estos indicadores serán aplicados –y sus resultados publicados– anualmente.

Los resultados obtenidos activan varias alarmas: en el año legislativo 2014-2015, solo 39 congresistas asistieron a más del 70% de las sesiones del pleno y solo 42 hicieron lo propio en las comisiones de las que son titulares. En algunos casos, hubo congresistas que registraron menos del 5% de asistencia. En cuanto a la función legislativa, solo 3% de los proyectos de ley fue sometido a algún tipo de consulta antes de su presentación; una gran parte de ellos provendría de un escritorio. Tenemos, además, congresistas que a lo largo de 5 años integraron más de 10 comisiones ordinarias, rotando cada año en comisiones distintas. Y en representación, si bien casi todos utilizan redes sociales o cuentan con una página web propia, solo el 14% utiliza estos medios para informar sus reuniones o agenda, o para dar a conocer su relación de personal, boletas de pago o gastos de representación. Finalmente, más del 60% de congresistas cumple con informar regularmente sobre la semana de representación. 

Cuando se intentó cruzar la información de inasistencias al pleno con los descuentos que –por ley– estas generan, el Congreso negó su acceso, pues según una resolución de la presidencia del Congreso del 2009, esta información es clasificada por “afectar la intimidad personal y familiar de los congresistas” (sic). Esta resolución, junto con otras medidas prácticas que dificultan la transparencia y el acceso a la información del Congreso, es una de las reformas internas que la nueva Mesa Directiva podría tomar como prioridad y que podrían acercarnos al Congreso que queremos, haciendo de este el producto de un esfuerzo colectivo. 

Para fortalecer y mejorar la imagen del Congreso es necesario abrirlo primero al escrutinio público. La finalidad de la fiscalización ciudadana nunca será perjudicar a las instituciones públicas. Por naturaleza y como parte viva de una democracia, tanto medios como ciudadanía están llamados a seguir el ejercicio del poder. En este sentido, la información empodera a la gente y la exposición pública desincentiva la reincidencia en conductas que creemos necesario cambiar. El control ciudadano sobre el poder político no debilita ni perjudica a este último: lo humaniza, aumenta su capacidad de respuesta y lo hace más eficiente. Gana el Congreso y ganamos los ciudadanos.

Necesitamos congresistas en contacto con su electorado, especializados en las materias que legislan y que respondan a estándares mínimos de idoneidad en términos éticos. El 28 de julio nos trae no solo un nuevo gobierno y un nuevo Congreso: nos ofrece 130 oportunidades de mejora.