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La perspicacia del Gobierno impresiona. De todo se da cuenta, tres meses más tarde. De las colas, los mercados, el oxígeno. Con idéntica oportunidad, el jefe del Gabinete ha identificado que la economía no marcha como se esperaba. Su hipótesis es que los protocolos sanitarios “quizá [sean] una primera limitante”. Mientras veo las 209 páginas de normas para “reactivar” mi pequeña empresa, ruego que don Vicente Zeballos decida ahondar en esa corazonada.
Está, para comenzar, la RM 239-2020 del Ministerio de Salud (Minsa), que introdujo el Plan Covid, y la obsesión de desinfectar todas las superficies de los locales antes de iniciar la jornada: mobiliario, equipos, útiles de escritorio. Eso en un minimarket implica limpiar todos los productos y las góndolas que los exhiben. También manda llenar formularios a diario, renovar cíclicamente el aire y hacer pruebas de COVID-19 a los trabajadores. Todo con un metro de distancia.
Para las visitas, practicantes y proveedores hay que tener “acciones específicas” (¿saludarlos podrá ser una?). Para los trabajadores, planes de vigilancia de factores de riesgo ergonómicos y psicosociales, así como “medidas de salud mental”. Sin menoscabo de la exigencia de enfermeras y doctores.
Sobre estos cimientos, otros ministerios han desplegado sus ocurrencias. En el caso del Ministerio de la Producción (RM 137-2020), a las empresas de comercio electrónico les exige una distancia de dos metros. Además, las obliga a designar una persona a tiempo completo para supervisar el cumplimiento de su protocolo. Para el delivery, el chofer solo puede manejar; no puede hacer entregas. A todas las visitas (un gasfitero, digamos) hay que hacerles una evaluación médica.
El decreto de la nueva convivencia social (DS 094-2020-PCM) regresa al metro de separación, pero añade que para ingresar a un local que venda alimentos se debe practicar “la desinfección previa” del público. ¿Con qué? Similar incertidumbre genera una reciente disposición del Minsa (RM 377-2020): el Plan Covid hay que actualizarlo mensualmente.
Esta enterocolitis normativa ha desatado la algarabía de la ‘Geheime Staatspolizei’ municipal. Cada alcalde ha sacado sus propias ordenanzas, como lo supe de primera mano con la visita de un ‘Kriminalkommissar’ de fiscalización a las 24 horas de empezar a operar, autorizadamente. Miraflores, por ejemplo, ha establecido, mediante un comunicado, la obligación de tomar pruebas por COVID-19 a todos los empleados cada 15 días. Y ha dispuesto su propia separación mínima: 1,5 metros de separación (Ordenanza 540/MM). En La Molina, el aforo de los locales es del 25% (Ordenanza 399/MDLM), mientras que en Surco, una persona debe estar en la puerta de las farmacias echando gel a los clientes (Ordenanza 690/MSS).
Todo lo anterior no sería más que música para el recreo, sino fuera porque la Sunafil acaba de evacuar 37 páginas de una resolución (0089-2020) en modo COVID, con 42 ítems fiscalizables, incluyendo que toda empresa exhiba por escrito el procedimiento de limpieza de los lugares de trabajo, detallando la frecuencia, insumos, equipos y personal responsable. Esto aplica para Backus o para una renovadora de calzado.
A las empresas que no ha matado la cuarentena las liquidará la represión burocrática. Cualquier funcionario con sello puede disponer ahora lo que juzgue necesario en materia sanitaria. Sin ningún respeto por la jerarquía normativa, de tal manera que una resolución directoral puede cambiar una ley orgánica; o un aviso parroquial se puede tirar la Ley General del Procedimiento Administrativo.
¿Por qué el Estado dispone, realistamente, acomodar ambulantes en el Parque Huayna Cápac, trazando sus espacios con cal en la tierra, y al mismo tiempo deja caer, desde una altura considerable, los 500 kilos de un piano de cola Steinway Model D sobre la crisma de las empresas formales? En tres meses lo sabremos.
