Beneficios de la ley de cine, por Santiago Alfaro

En el debate en el pleno del Congreso sobre el proyecto de ley de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual, la congresista Rosa Bartra indicó que las “industrias cinematográficas potentes como Hollywood se han hecho sin un dólar de sus gobiernos”. La historia indica lo contrario. En 1946, por ejemplo, Estados Unidos y Francia firmaron el acuerdo Blum-Byrnes. En base al pacto, los norteamericanos se comprometieron a entregar préstamos y condonar deudas a los franceses para el proceso de reconstrucción, tras la Segunda Guerra Mundial. A cambio, Francia abrió su mercado audiovisual y eliminó la cuota que limitaba la importación de películas extranjeras.

Hollywood siempre ha recibido apoyo del gobierno norteamericano a través de la representación de sus intereses por la vía diplomática o de políticas como las exoneraciones fiscales. Según la organización civil Citizens Budget Commission, solo el estado de Nueva York le ha entregado a productores de cine y televisión US$7,3 mil millones en incentivos en los últimos 15 años. La realidad es opuesta a lo afirmado en el Congreso: el cine florece donde el Estado lo promueve. A nivel internacional esto es un consenso por la importancia del apoyo público para afrontar los altos costos y riesgos del negocio, corregir fallos de mercado y promover el crecimiento económico y la diversidad cultural. La discusión, hace décadas, no es sobre si priorizar o no la inversión estatal en la industria cinematográfica, sino sobre la mejor manera de hacerlo.

El Perú ha tenido hasta ahora uno de los marcos legales, presupuestales y programáticos más elementales de América Latina en la materia. El proyecto de ley de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual, aunque deje varios cabos sueltos, contribuirá a cambiar esta realidad, principalmente, por dos razones.

La primera razón es institucional: permitirá ampliar los alcances del Estado. Por un lado, faculta al Instituto de Radio y Televisión del Perú a coproducir obras audiovisuales y a Prom-Perú a promover nuestra producción en el exterior, tal como lo hacen sus pares en España. Por otro, extiende la intervención pública sobre diferentes eslabones de la cadena de valor (investigación, creación, producción, circulación, consumo y preservación) y otros sectores audiovisuales como el de las series de televisión, obras multimedia o la animación, todos con mucho potencial de crecimiento.

El proyecto, por lo tanto, no solo promueve la producción de cine. En el caso de la animación, el apoyo que le brinde el Estado será clave para consolidar la expansión que vienen teniendo a nivel empresarial y creativo, como lo evidencia el éxito de producciones nacionales como la película “Ainbo” (que consiguió un acuerdo de distribución en 108 países antes de ser terminada) o la serie “Taína” (hecha por la Red Animation Studios para Nickelodeon).

La segunda razón es económica. La ampliación del financiamiento público, hasta unos US$7,8 millones, nos acercará a Colombia (donde el gasto público en el cine alcanza los US$10 millones), aunque aún nos mantendrá lejos de los US$12,5 millones que invierte Chile. Ello le dará al Ministerio de Cultura un mayor margen de maniobra para implementar políticas. Entre ellas están la priorización del cine regional, el establecimiento de mecanismos para premiar el éxito entre la audiencia y el apoyo con un mínimo de S/4,2 millones a otras industrias culturales y artes. Lo último convierte la norma en una ley de financiamiento de la cultura que, según lo calculado, por cada S/1 millón invertido generará un incremento productivo de más de S/4 millones en la economía.

El régimen de incentivos para la promoción de la actividad cinematográfica se suma a lo anterior, a pesar de ser bastante limitado en comparación con esquemas parecidos existentes en la legislación de nuestros vecinos. En Colombia pueden deducirse como gasto no solo las donaciones, como dispone el proyecto, sino también las inversiones en obras de cine, opción mucha más atractiva para las empresas. A la vez, la deducción alcanza el 165% de cada dólar entregado, no solo el 100%, como lo contempla la nueva norma. Igual, el incentivo puede abrir nuevas opciones para la autosostenibilidad del negocio audiovisual.

Las razones señaladas son suficientes para justificar la aprobación del proyecto de ley. Sin embargo, muchos temas quedan pendientes: la inversión en capacitación profesional, la creación de una cinemateca nacional, la formación de públicos y, especialmente, las condiciones de circulación de películas nacionales en salas de cine. La norma no aborda todas las problemáticas de la industria audiovisual pero fortalece las capacidades del Estado para impulsar su desarrollo.