La calidad frustrada, por José Dextre

En lo que refiere a la calidad universitaria, el Ejecutivo no logra construir una política de Estado. La oportuna intervención del Ministerio de Educación (Minedu) hace más de un año para evitar el destructivo proyecto de ley de la Comisión de Educación del Congreso ha devenido en un deambular alejado de construir una visión compartida y, por ello, en la persistencia de una situación conflictiva. Es más, se vienen cometiendo errores que perjudican la calidad de las universidades.

Uno de estos errores refiere a la acreditación. Esta no solo demuestra irresponsabilidad al dejar de lado el problema principal en la calidad educativa –la educación básica–, sino tira por la borda el proceso de organización y capacitación logrado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). Además, muestra un claro sesgo político en favor de posiciones ideológicas estatistas, oligopólicas y contra la inversión privada.

No es casual que siendo el compromiso de la alta dirección condición indispensable para un compromiso de mejora como la acreditación, sean distinguidas autoridades universitarias vinculadas a la izquierda quienes desprestigien al Sineace desde su rol de asesores del Minedu. Esta posición ideológica rehúsa competir y discrimina la inversión privada denominándola “empresarial” o “con fines de lucro”. También restringe derechos a la investigación en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y acusa a entidades privadas de ser las únicas exponentes de la mala calidad universitaria.

Este es un gravísimo error. La experiencia demuestra que, por sus altos costos, es imposible ofrecer educación a los jóvenes sin inversión privada. Además, en menos de 20 años, universidades privadas societarias se han ubicado entre las más prestigiosas. El error se agrava cuando consideramos que el reto de construir una política de Estado es consensuar y no discriminar. Es un pésimo diagnóstico asignar la mala calidad existente al tipo de propiedad o a la antigüedad de la institución. La realidad demuestra que las variables claves para el logro de la calidad en las universidades son: la regulación de licenciamiento eficiente –hay que aprender qué falló en el Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu) y por qué produjo buenas y pésimas universidades–, la acreditación como garantía de procesos internos eficientes, contar con un observatorio de indicadores de calidad para romper las asimetrías de mercado y, principalmente, la promoción de más inversión privada para fortalecer un entorno de competencia que estimule su gestión.

Mejorar la calidad en universidades públicas es más complejo, y la ley actual no ofrece ninguna estrategia. La mala calidad de estas universidades reside en la carencia de control y buen uso de recursos y en la inexistencia de una gestión meritocrática. De ello, en nada se preocupa la ley.

En los próximos meses, el Minedu debe recuperar la vocación concertadora y pensar a largo plazo a fin de lograr una política de Estado para la calidad educativa. Lo contrario solo está produciendo el desperdicio de recursos al perder la experiencia ganada en la acreditación por el Sineace (como ya se perdió la experiencia en licenciamiento del Conafu). Ese camino solo llevará a la futura derogatoria de la Ley Universitaria, propuesta ya por algunos candidatos presidenciales. Más frustración y tiempo perdido.