¿La fiscal de la Nación Patricia Benavides debería dejar el cargo?

“Es penoso observar la anarquía reinante en el Ministerio Público por la actitud de algunos fiscales descomedidos”.

Lo ocurrido en los últimos días en el Ministerio Público es preocupante y debe ser investigado, pero de ahí a la campaña mediática que se ha armado contra una mujer que tuvo el coraje de denunciar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo y gatillar su caída salvando al Perú de caer en un despeñadero para terminar como Cuba, Venezuela o Nicaragua, hay un abismo.

Por ello, considero que es un exceso pretender su remoción en circunstancias en las que lo hasta ahora detectado, más allá del escándalo mediático que se ha armado y de la ligereza de la fiscal Marita Barreto de utilizar la figura de la organización criminal, no ofrece elementos de incriminación directa e indubitable de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y revela cuestionables elementos probatorios, constreñidos a conversaciones de un asesor sobre coordinaciones que podrían ser interpretadas como un proactivismo inconsulto e irresponsable; ni tampoco puede destruir la presunción de inocencia que obliga a considerar inocente a la persona hasta que no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

He dicho que la fiscal Benavides no debió remover a la fiscal Barreto ni pretender distraer a la opinión pública con la apresurada y endeble denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, con el argumento del homicidio calificado atribuido en comisión por omisión, que la convertiría en responsable de toda infracción penal que se cometa en las esferas del Estado sin importar la inexistencia de elementos consustanciales al ilícito penal –como la intencionalidad, el dolo, la tipicidad clara e indubitable y otros–, en lógica que involucraría a todos los titulares de las entidades públicas también como responsables de cuanto delito se cometa en su sector sin importar su participación real en el ilícito. Esta denuncia, a la larga, tendrá que ser archivada.

Empero, estos dos errores no ameritan su pretendida remoción, la que en el fondo responde a un nuevo intento del nefasto sector ‘caviar’ –que yo denomino el “cáncer caviar”–, coludido con la izquierda radical y los otros sectores autodenominados progresistas, de recuperar el poder que están perdiendo, sin sopesar que le hacen el juego al “castrochavismo” que aún no se resigna al hecho de haber perdido el poder y persiste en la idea de crear el caos, el odio, el enfrentamiento y la lucha de clases, sin que les importe el futuro del país. El “caviaraje” está motivado solo por intereses coyunturales en el afán de seguir usufructuando del poder a costa de todos los peruanos.

Por lo demás, es penoso observar la anarquía reinante desde hace un buen tiempo en el Ministerio Público por la actitud de algunos fiscales descomedidos e irreverentes que violan el respeto al superior y la jerarquía institucional, así como los derechos fundamentales de los investigados, haciendo de su actuación un espectáculo preñado de figuretismo y fatuidad, fomentando así una justicia mediática, abdicando del rol que la Constitución les asigna como defensores de la legalidad, representantes de la sociedad y titulares de la acción penal pública.

“Se requiere apartar a Benavides de cualquier posición de dominio en el Ministerio Público”.

No es común que quien lidera la institución encargada de perseguir y sancionar a los delincuentes sea a la vez sindicada como cabecilla de una organización criminal.

No es común tener el día y la noche en simultáneo, pero lo que hoy viene sucediendo en el Ministerio Público, con la actuación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su equipo de asesores, nos muestra un panorama de esa dimensión.

Según la tesis de la fiscal Marita Barreto, la organización que encabeza la fiscal de la Nación canjeaba votos de congresistas involucrados con denuncias penales ante el Ministerio Público, a cambio de archivarlas. Patricia Benavides tenía especial interés en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) porque ella estaba siendo investigada por sus grados académicos que invocó al momento de su elección como fiscal, por intervenir en la investigación que venía realizando la fiscal Revilla contra su hermana Enma Benavides (cuestionada por liberar a procesados por narcotráfico) y por haber aceptado la condecoración que le hizo el alcalde de Lima, quien tiene un proceso penal abierto en el que el Ministerio Público es parte.

La actuación de la fiscal Marita Barreto reivindica la labor del Ministerio Público. Corresponde no solo brindar garantías para su seguridad personal, sino para la investigación que viene realizando.

No es prudente ni razonable que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sindicada de ser presunta cabecilla de una organización criminal, continúe en la misma posición de relevancia y dominio en el Ministerio Público.

Ella viene ejerciendo su autoridad sobre los fiscales que dirigen la investigación en la que ella directamente está involucrada. Una muestra es el cambio de la fiscal Marita Barreto y la designación de sus reemplazos. Se debe evitar que la fiscal de la Nación tenga acceso a las evidencias que se han ido recolectando por varios meses, hoy enriquecidas como resultado de los allanamientos y declaraciones de los involucrados.

Hay dos caminos que necesariamente tendrá que transitar Patricia Benavides. El proceso penal que se instaurará en un futuro ante el Poder Judicial y el procedimiento administrativo sancionador ante la JNJ. Este último ya se inició.

Urge por el bienestar de la investigación fiscal que Benavides sea suspendida del ejercicio de la función fiscal. Digo suspendida, no destituida aún, en tanto no se aprecien sus descargos. Mientras sucede ello, se requiere apartarla de cualquier posición de dominio en el Ministerio Público a fin de evitar que pueda influir o interferir en el desarrollo de la investigación fiscal ya iniciada.

Termino diciendo que todo en la vida tiene un final, y este final es el resultado de una gran implosión en el interior del propio volcán congresal, que nos recuerda que el poder se debe ejercer con límites y con responsabilidad.