Fraude científico

Fabiola León-Velarde

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Fabiola León-Velarde

Un negocio contagioso

Gisella Orjeda

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Gisella Orjeda

“Las universidades con docentes que han incurrido en esta prácticas no han entendido que no basta con promover la cantidad de artículos”.

El pasado domingo, en el programa “Punto final”, dirigido por Mónica Delta, vimos con estupor el reportaje de José Miguel Hidalgo sobre la compra y venta de artículos académicos. Si bien ya hace algún tiempo algunos científicos y autoridades en ciencia y tecnología venían denunciando que la autoría científica se estaba manipulando cada vez más fácilmente, lo visto en el reportaje sobrepasa todos los límites.

La medición de la producción científica se realiza usando diferentes indicadores, como el número de publicaciones, las citaciones de los artículos científicos, la colaboración internacional y el número de patentes, entre otros. De estos, el más usado es el primero de los mencionados, pues está reportado en la mayoría de las bases de datos y es sencillo de medir. De allí que, en el Perú, tanto las universidades como diversas instituciones del Estado (Concytec, Sunedu, Sineace) utilizan con frecuencia este indicador para evaluar a docentes e investigadores, incluyendo bonos de reconocimiento por mejorar la producción científica de sus instituciones.

Sin embargo, los logros en investigación de universidades como la UPCH, la UNMSM o la PUCP resultan no solo de su productividad científica, sino, principalmente, de la calidad de sus grupos de investigación, de una cultura de integridad científica, de sus redes colaborativas internacionales y de su infraestructura y equipamiento. Las universidades que cuentan con docentes que han acudido a estas prácticas fraudulentas no han entendido que no basta con promover el número de artículos, sino principalmente los valores y la cultura institucional arriba señalados.

Es muy importante, por esto, que los vicerrectorados de investigación de cada universidad peruana cuenten con una política de investigación científica que permita, en primer lugar, generar una cultura institucional de investigación, que apoye y valore la investigación con decisión y recursos.

En segundo lugar, deberían de fomentar una cultura de integridad académica y ética implementando programas de formación y educación en ese sentido, poniendo énfasis en el uso adecuado de fuentes, manejo de datos, autoría y derechos de propiedad intelectual.

De igual forma, se deben establecer mecanismos de detección, denuncia e investigación de actividades fraudulentas, como la compra y venta de artículos científicos o el pago a investigadores (que sí investigan) por incluir doble filiación en publicaciones sobre estudios de una sola institución, entre otras prácticas.

Asimismo, es necesario instituir medidas disciplinarias para el fraude científico, como establecer un comité especializado que genere la retractación de las revistas científicas con las publicaciones tramposas, que considere el despido del involucrado y que comunique el resultado de las investigaciones.

Finalmente, Concytec, Sunedu y Sineace deberían también generar políticas más claras, mecanismos de denuncia y medidas disciplinarias contra la mala conducta científica, como la suspensión del registro de investigador, la revocación de los fondos de investigación o, eventualmente, la suspensión del licenciamiento o la acreditación, así como incluir acuerdos de cooperación internacional para el intercambio de información.