Cartas de triunfo: constituciones en América Latina

“Antes que un país, una empresa privada”. Con esta frase algunos han resumido la percepción asentada, desde hace un tiempo, en el imaginario de un gran sector de la ciudadanía chilena, respecto de una sociedad en la que el progreso económico no ha sido proporcional al desarrollo social, que se manifiesta no solo en la ampliación de la riqueza de forma igualitaria, sino en la extensión de derechos y libertades.

“Paz, justicia y Constitución”, ha sido entonces la respuesta desesperada de un Estado sumergido en un caos social en que la violencia, pese a los graves daños que diariamente deja en cientos de personas, no cesa. Sin embargo, este llamado a una nueva Constitución, en cuya aprobación –en palabras de Piñera– las y los ciudadanos tendrán “la última palabra”, no debe comprenderse como una expresión del fracaso del modelo constitucional que se instauró en Chile en las últimas décadas.

En el caso chileno, así como en muchos otros países de América Latina, algunas reformas constitucionales llevaron a que el modelo económico, cuyo sello era principalmente el “giro hacia el mercado”, prosperara. Aunado a ello, se observan también en algunas cartas constitucionales ilegitimidades de origen, rezagos autoritarios, así como un debilitamiento de la prestación estatal de los servicios básicos.

No obstante, tales reformas estuvieron enmarcadas, a su vez, en el denominado proceso de constitucionalización, que influyó en América Latina como un nuevo enfoque de ver y entender el derecho. Este proceso trajo consigo un paquete robusto de garantías, razones y recursos argumentativos, con los cuales los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos –reconocidos también en las constituciones–, podrían hacerle frente a la expansión de la lógica de la privatización y la maximización de ganancias.

Si bien el reconocimiento de tales derechos no es un fenómeno reciente en las constituciones latinoamericanas, hoy más que antes es posible afirmar que su presencia en los sistemas jurídicos no es una simple declaración “de papel”. Los derechos son normas coercitivas, cuya exigencia por parte de los individuos, puede generar cambios y transformaciones efectivas en la realidad social y en la vida de las personas. Como sostenía el importante teórico del derecho y filósofo político Ronald Dworkin, los derechos pueden ser comprendidos como “cartas de triunfo políticas” en manos de los individuos de un Estado.

El caso de la protesta masiva de las últimas semanas en Chile, así como el de muchas otras que se observan en la actualidad de América Latina, representa un claro ejemplo de ello. Los protestantes marchan día tras día, con firmeza y resistencia, con una demanda clara: “más justicia”. Pese a que, para algunos, dicha demanda pueda parecer más indeterminada que concreta –una suerte de expresión de malestar social, más propiamente–, ella se traduce, en términos jurídicos, en un pedido manifiesto dirigido al Estado, y a la clase política y empresarial, por el respeto de los derechos reconocidos en el propio orden constitucional en que el libre mercado y sus imperfecciones se mueven: la democracia.

El hecho de que un gobierno en la región latinoamericana, haya decidido –esta vez a gran escala– “devolverle” el rediseño de la sociedad a la ciudadanía no puede leerse como una situación de ahogamiento en la cual no hay otra salida dados los altos niveles de violencia. Por el contrario, se trata del resultado legítimo del ejercicio del poder que la Constitución y la democracia, entendidas en términos sustanciales, le otorgan al ciudadano y a la colectividad de la que es parte.