El valor de un acuerdo sin confianza, por Hania Pérez de Cuéllar Lubienska

La confianza es, sin duda, uno de los principales activos que las empresas deben cultivar y administrar para tener éxito. Sin embargo, según la encuesta de Ipsos “Perspectivas para la segunda vuelta” (abril 2021), la mayoría de los peruanos es partidaria de una economía de mercado regulada (73%) y muy regulada (13%), por la desconfianza que genera el comportamiento de las empresas. Esto se confirma con una encuesta de Ipsos elaborada recientemente para Indecopi, donde el 55% del universo entrevistado, piensa que sólo una minoría de empresas se conducen de manera ética.

Este nivel de desconfianza hacia el sector empresarial obedece a diversas razones, entre ellas, la colusión y la cartelización, prácticas perniciosas que han existido siempre entre empresarios del mundo. Si bien muchos asumen que concertar precios, repartirse cuotas de mercado o participar de manera “acordada” en licitaciones públicas es parte de su autonomía privada, lo cierto es que están cayendo en una conducta prohibida y sancionada de manera ejemplar mundialmente, ya que entra en directa colisión con dos derechos fundamentales: la libertad de competir (empresas) y la libertad de elegir (consumidores).

Cuando se pactan precios o se distribuyen mercados, el objetivo no es alcanzar la eficiencia empresarial, sino eliminar la competencia para maximizar las ganancias. Y así, al reducirse la oferta, los ciudadanos consumidores quedan obligados a elegir entre una menor opción de precios competitivos. Cuando hay “acuerdos” entre los ofertantes, hay un perjuicio para los que pagan.

Existe consenso mundial de que los cárteles son una de las más dañinas prácticas anticompetitivas por su impacto económico y por la sofisticación de su método de organización. Para las agencias de competencia es cada vez más complejo determinar si existe cartelización y cuáles son los sobrecostos trasladados a los consumidores o al Estado. En ese contexto, desde el Indecopi se viene trabajando denodadamente para combatir estas prácticas anticompetitivas. Por un lado, desde la prevención: recientemente se lanzó una fuerte campaña bajo el concepto #NoALaConcertación, para que tanto la ciudadanía como el empresariado tomen consciencia de los riesgos de realizar estas prácticas, poniendo a disposición, además, programas de clemencia y recompensas. Por otro lado, la Secretaría Técnica de Libre Competencia ha sancionado en primera instancia 15 casos (dentro del período 2016-2020), y tiene actualmente 6 procedimientos sancionadores y 16 investigaciones en curso, entre las cuales se encuentra el presunto cártel del Club de la Construcción.

Este esfuerzo no será suficiente. Por eso es necesario que el Estado corrija las malas prácticas y la falta de planificación presupuestal, pues la no ejecución de los presupuestos a tiempo resulta ser campo fértil para las contrataciones pactadas y concentración de contratos.

Es imperativo que el Indecopi, el OSCE, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y los sectores trabajen de manera articulada. Esto ayudará sustancialmente a mejorar la competencia y la lucha anticorrupción.

Finalmente, el empresariado debe evaluar que el riesgo principal no está en las sanciones (nunca suficientemente disuasivas), sino en la profunda desconfianza de su principal ‘stakeholder’: el consumidor. Estas prácticas dañan la competitividad empresarial, la reputación de empresas éticas, pero, sobre todo, alteran el orden público, afectando inclusive al modelo de economía social de mercado.

Vivimos en un ambiente cultural del “más vivo”, del atajo y de la ilegalidad, que ha calado en nuestras formas de emprender, negociar y relacionarnos individualmente y colectivamente. Es urgente que las empresas inviertan en estructuras de confianza para establecer relaciones de negocio duraderas y que el Estado mejore la detección temprana, generando un ambiente propicio para los negocios responsables y comprometidos con el desarrollo del país.