:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/LH7JBY7ARJBZ7IMTHSY3C4BAJI.jpg)
Una verdadera democracia exige que los votos reflejen la auténtica voluntad de los ciudadanos. Con organismos electorales de garantizada independencia, en lo que hay que incidir es que quienes deben elegir conozcan cabalmente a los candidatos, su historia personal, política, académica y profesional.
El mecanismo que la regulación vigente ha planteado para contar con la información que permita emitir un voto informado es la declaración jurada de vida u “hoja de vida”, que debe presentar cada uno de los candidatos que pretenda su inscripción.
La declaración jurada de vida incluye información de los datos personales del candidato; su experiencia laboral, oficios, ocupaciones o profesiones; su formación académica; los cargos partidarios y de elección popular que ha ejercido, así como su filiación partidaria; la relación de sentencias condenatorias por delito doloso, así como aquellas demandas, fundadas o infundadas, interpuestas por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales o laborales; finalmente, la información adicional o complementaria, que, aunque opcional, se anima también a que sea completada, prioritariamente la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas y otra experiencia en temas sociales, políticos, dirigenciales o de otra naturaleza.
Los partidos políticos, incluso desde la etapa de las elecciones internas, deben velar por que cada candidato consigne la información exigida legalmente y no incluya datos falsos o que no se condigan con la realidad, para evitar, así, que se distorsione la información que recibe el elector.
Las declaraciones juradas de vida presentadas (que se prevén en número mayor a cien mil en el proceso electoral venidero) son fiscalizadas por el Jurado Nacional de Elecciones, fundamentalmente por los jurados electorales especiales, para lo cual requiere la información pertinente a las diferentes instituciones públicas y privadas.
En caso se incurra en omisión o falsedad de información, procede la exclusión del candidato de ser detectada antes del proceso electoral, y en caso esta se verifique posteriormente, que sea puesta en conocimiento del Ministerio Público, para que proceda conforme a sus atribuciones.
Debe tenerse presente que, según la Constitución y demás normativas vigentes, solo procede la exclusión del candidato si se acredita que tiene una condena firme y vigente. Es decir, nuestra legislación permite postular aun cuando se encuentre procesado penalmente, tenga una sentencia condenatoria que no sea firme o en caso esté rehabilitado.
Entonces, para que esta labor se realice de manera oportuna y genere un mayor beneficio a la ciudadanía, resulta trascendental que sea producto de un esfuerzo interinstitucional. Por ello, se ha suscrito la “Alianza por la Democracia para Fomentar la Ética y la Gobernabilidad en el Proceso Electoral Regional y Municipal 2014”. Iniciativa que, con la convocatoria del Jurado Nacional de Elecciones en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha contado con la aceptación del Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el Poder Judicial, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Consejo de la Prensa Peruana, así como de diversas entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y de los gremios empresariales.
Todas estas instituciones han decidido sumar esfuerzos con el objetivo de que la ciudadanía pueda asegurar la elección de personas idóneas e íntegras que conducirán los destinos de nuestro país contribuyendo, concretamente, a la función de fiscalización de las hojas de vida y la supervisión de las finanzas de las campañas electorales, remitiendo oportunamente la información requerida, las presuntas inconsistencias detectadas, así como promoviendo el apoyo ciudadano en esta labor. De igual modo, fomentando la neutralidad entre todos los funcionarios públicos para evitar que se favorezca o perjudique a algún candidato u organización política.
Se trata entonces de que, con las sinergias que genere esta alianza, se pueda coadyuvar a que los organismos electorales podamos contribuir a que se efectúe una mejor selección de candidatos y a que con ello, progresivamente, nuestra democracia sea un modelo para los demás sistemas políticos de América Latina.
