En vez de dialogar, disolver

El pasado 27 de enero, la presidenta Dina Boluarte y el ministro de educación Óscar Becerra firmaron un decreto supremo disolviendo el Consejo Nacional de Educación. Una acción inesperada en los 20 años de funcionamiento del consejo. Sin ningún argumento técnico que respalde esta decisión, el Ejecutivo redujo el número de consejeros, así como el período de su designación.

Bajo esta manera discrecional, el Ejecutivo cree que tener 12 consejeros es mejor que 25 y 3 años de designación son mejor que 6. Parece que no importan la búsqueda de mayor pluralidad entre los miembros del consejo o el establecimiento de ciclos que no coincidan con los períodos gubernamentales; ambas fueron razones que estuvieron detrás del diseño original del consejo. Son tan poco técnicas las decisiones tomadas que parecen una decoración que acompaña el único objetivo claro de esta norma: sacar del juego a los otros.

Por eso, la gravedad de esta decisión está en el mensaje que la acompaña. La presidenta y su gobierno muestran con esta arbitraria disolución del Consejo una débil vocación democrática. No solo han renunciado al diálogo como el principal instrumento de construcción de democracia, sino que prefieren ejercer poder normativo para evitar las voces discrepantes.

Nada menos democrático que escuchar las declaraciones del ministro de educación afirmando que los consejeros “se dedican a despotricar contra el gobierno que les paga y del cual forman parte”; pero, además, se hace evidente con esta declaración el desconocimiento del Ejecutivo que, para justificar sus malas decisiones, confunde gobierno con Estado.

Como sea, lo cierto es que esta arbitraria decisión es la respuesta del Minedu a los dos comunicados del 12 y del 23 de enero en los que el Consejo llamó a la búsqueda de la paz y el respeto a la vida, rechazo el uso excesivo de la fuerza y condenó las acciones policiales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Este mensaje solo agrieta más nuestras fracturas y horada nuestra democracia. El Ejecutivo nos está diciendo que es legítimo sacar del camino a quienes no piensan como él, está validando que ese otro no existe, que no es relevante escucharlo. Está mostrando que el Estado debe funcionar con un pensamiento único.

Durante los 20 años de actuación, dentro de los cuales cuatro fui consejero, el Consejo Nacional de Educación ha discrepado públicamente con algunas decisiones tomadas por el Ministerio de Educación, sin que esto haya supuesto riesgo alguno de disolución. Por el contrario, las discrepancias fueron siempre un motivo de encuentro para buscar soluciones, como corresponde a las prácticas democráticas, y siempre estuvieron orientadas hacia el logro de los objetivos superiores de la educación.

Por eso, esta decisión del Ejecutivo sobre el Consejo Nacional de Educación es más grave para nuestra alicaída democracia que para las propias políticas educativas. Finalmente, un nuevo decreto supremo podrá volver a poner en orden el funcionamiento de una institución valiosa como el Consejo.

Esta demostración de desapego por la democracia en el sector educativo, que es el espacio más importante en la formación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia, tiene una muestra adicional. Se trata del reciente anuncio del Ministerio de Educación acerca del “retorno a la educación cívica”. Además de inexacto, pues en la actualidad está presente en el currículo nacional, es un regreso a formas tradicionales de educación cívica centradas en el conocimiento de instituciones, procedimientos e instrumentos.

La tendencia es transitar hacia una formación ciudadana que incorpore, adicionalmente, habilidades democráticas; es decir, cuestiones de relaciones respetuosas entre personas, de reconocimiento de las diferencias, de vínculos mejores entre culturas y con el ambiente, de promoción de la paz y la justicia. De eso se trata la formación ciudadana en el actual currículo y sobre esto hay que avanzar. El retorno propuesto es un riesgo de retroceso, cuando no de reversión de lo avanzado.

Nuestra democracia es precaria porque nuestras prácticas democráticas cotidianas son precarias. La democracia de los ciudadanos, a la que hacía referencia Guillermo O’Donnell, es tan débil que casi no existe. La preocupación concentrada en el fortalecimiento del régimen democrático, a través de sus reglas y sus instituciones, nos hizo olvidar que democracia es también conseguir soldar las fracturas sociales que ahora se expresan en polarización y que las instituciones políticas peruanas alientan.

La decisión del Ejecutivo de disolver el Consejo Nacional de Educación es una expresión inequívoca de las débiles credenciales democráticas del Gobierno y, más grave aún, una muestra palpable de la agonía de nuestra democracia. Recordemos siempre que, en democracia, es inaceptable disolver en vez de dialogar.