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Idealmente, un sistema nacional de pensiones debería promover el acceso a sus beneficios a la totalidad de la población adulta mayor y, en particular, a aquellos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, el financiamiento del sistema y su administración deberían ser lo más eficientes posible para minimizar las distorsiones que este provoque.
Contrastado con estas premisas, el sistema de pensiones peruano no viene cumpliendo su objetivo, dado que, según el INEI, más del 60% de la población mayor a 60 años no está afiliada a uno de los esquemas existentes. Además, la afiliación al sistema de pensiones es extremadamente baja entre la población que vive en pobreza. Esta importante brecha proviene del hecho de que cerca de las tres cuartas partes de los trabajadores peruanos laboran en condiciones de informalidad, por lo que no se ven forzados a realizar aportes. Más aun, un estudio publicado por el FMI estima que el 60% de los afiliados a la ONP no recibirá una pensión debido a la brevedad de su paso en el empleo formal, lo que impedirá que alcance el requisito mínimo de 20 años de aportaciones.
Por el lado del financiamiento y de la administración, también hay importantes fricciones. Los afiliados del sistema privado consideran que las comisiones de este son elevadas y los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual se convierten en una fuente deseable de recursos frente a una disminución pronunciada de sus ingresos. En el caso de la ONP, por ser un sistema de reparto, los actuales aportantes financian las pensiones corrientes. Sin embargo, al no ser suficiente este mecanismo, se hacen necesarias las transferencias de recursos del gobierno central, incrementando el déficit público.
Con la finalidad de proponer una estrategia que mejore el desempeño del sistema de pensiones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convocó en el año 2017 a un grupo de expertos independientes a la Comisión de Protección Social, cuya principal recomendación fue basar las pensiones en un pilar solidario financiado con los impuestos y en un pilar contributivo financiado con los aportes. Esto permitiría que todos los peruanos mayores de 65 años accedan a una pensión, complementando y expandiendo los elementos ya existentes.
Más recientemente, en mayo de este año, el Congreso conformó la Comisión Multipartidaria para la Reforma del Sistema de Pensiones que tiene un plazo de cinco meses para emitir sus recomendaciones. Lo óptimo sería que esta comisión tome como punto de partida las recomendaciones y los aportes de la Comisión de Protección Social y convoque nuevamente a expertos independientes en la materia, así como a los técnicos de la SBS y del MEF, para discutir los elementos de una reforma inclusiva hacia adelante.
En paralelo y en el contexto de la emergencia por el COVID-19, el mismo Congreso ha aprobado otras iniciativas que solo tendrán como resultado una transferencia desordenada de recursos y un desmantelamiento progresivo del sistema. Este es el caso de la iniciativa para devolver las cotizaciones de los afiliados a la ONP. Debido a la lógica de este sistema de reparto, estas cotizaciones fueron destinadas en su momento a cubrir el pago de los pensionistas. Por lo tanto, de concretarse esta medida, serán las arcas fiscales las que provean los recursos para cubrir estas transferencias, estimadas por el MEF en más de S/13 mil millones. Por un lado, la medida se traduciría en una transferencia regresiva de recursos, dado que de acuerdo con la Enaho 2019 solo el 5% de la población beneficiada es pobre. Por el otro, incrementaría en cerca de 2 puntos del PBI el ya abultado déficit fiscal, que con esta medida alcanzaría los dos dígitos este año. Ello reduciría el espacio para proveer asistencia focalizada a la población vulnerable durante esta prolongada crisis.
De manera similar, las decisiones e iniciativas para reformar el sistema privado –que pasan desde la devolución del 95,5% de los aportes a los nuevos jubilados, hasta la más reciente de devolver el 100% a los afiliados con un año sin aportes– desvirtúan el objetivo para el que fue creado el sistema. De implementarse, reducirían cada vez más la proporción de la población que podrá acceder a una pensión de jubilación.
El sistema de pensiones peruano adolece de importantes brechas de cobertura y eficiencia que requieren ser atendidas a través de una reforma. Sin embargo, esta debe llevarse a cabo armonizando los elementos ya existentes y tomando en cuenta los criterios y aportes de expertos independientes en la materia. La finalidad de tal reforma debería ser dotar el sistema de los recursos necesarios para financiar las pensiones de todos los peruanos. Esa sí es una deuda que necesita ser saldada.
