La última vez que en el Perú existieron dos cámaras legislativas en función (bicameralidad) fue con la vigencia de la Constitución Política de 1979: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Ambas, como ocurre hoy en día, eran ocupadas por parlamentarios elegidos por la ciudadanía y representaban a toda la nación. Es a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1993 que existe una sola cámara (unicameralidad) con un total de 130 legisladores.
Un Parlamento habitualmente tiende a contar con un número de miembros que guarda proporcionalidad con el número de sus habitantes. Así, por ejemplo, tenemos los casos de Argentina (con 329 parlamentarios para 45 millones de habitantes), Colombia (280 parlamentarios para 51 millones de habitantes), República Dominicana (222 parlamentarios para 11 millones de habitantes), Chile (205 parlamentarios para 17 millones de habitantes), Bolivia (166 parlamentarios para 10 millones de habitantes), Ecuador (137 parlamentarios para 17 millones de habitantes) y Uruguay (130 parlamentarios para 3,5 millones de habitantes).
Nuestro país tiene casi 33 millones de habitantes; es decir, 10 veces más que Uruguay, y si se trata de guardar proporción con el número de sus habitantes, verán que esta no es equitativa. Pero veamos un poco más allá. Por ejemplo, el costo económico, una de las razones más importantes por la que gran parte de la ciudadanía no está de acuerdo con aprobar el retorno a la bicameralidad, pues esta obligaría a tener que pagar más sueldos a parlamentarios, asesores y personal administrativo. Lo cierto, sin embargo, es que el mayor costo económico del Congreso de hoy es su número excesivo de personal, de más de 4.000 trabajadores, lo que hace evidente una urgente reforma interna que se sustente en la meritocracia y no solo en la confianza.
La intención de esta reforma es contar con una Cámara de Diputados (130) y una de Senadores (60). Las leyes rigen la conducta de nuestra sociedad y deben ser no solo bien elaboradas, sino mejor evaluadas antes de entrar en vigor. Así, la Cámara de Senadores sería una cámara reflexiva y para formar parte de ella se requeriría tener por lo menos 35 años (una propuesta con la que, sin embargo, no estoy de acuerdo, pues considero que el mínimo debiera ser de 50 años, una edad en la que cualquier persona ya cuenta con la experiencia y la madurez suficiente para revisar, evaluar y analizar lo que se requiera en esta cámara). Para ser parte de la Cámara de Diputados, por otro lado, se requeriría una edad mínima de 25 años.
La Cámara de Senadores, además, podrá rechazar, aprobar o modificar las propuestas legislativas que realice la Cámara de Diputados, pero además tendrá la labor de elegir al defensor del Pueblo y al contralor general de la República, a los miembros del Tribunal Constitucional, autorizar al presidente de la República a salir del país, elegir a tres directores del Banco Central de Reserva, revisar los decretos legislativos y los de urgencia, entre otras funciones muy importantes.
Esta reforma está pendiente de aprobación y de votación en el pleno del actual Congreso. Se trata de una difícil tarea, pero muy importante ya que, en los últimos años, el Congreso como institución ha sido muy mal visto gracias al pésimo trabajo que muchos de los parlamentarios han realizado, aunque debemos recordar que la misma ciudadanía ha sido la que los ha puesto ahí. Lo que no debemos olvidar es que en una democracia el equilibrio de poderes es muy importante; las instituciones quedan y las personas pasan.
En los últimos años, la calidad legislativa es sumamente baja –por no decir nula–. Mi percepción es que los parlamentarios no han representado a la ciudadanía adecuadamente y no han promulgado leyes con la debida diligencia. Por lo tanto, han crecido aún más el descontento y la insatisfacción hacia un poder del Estado que debe ser cuanto antes sujeto de reforma para que su labor sea mucho más satisfactoria para las expectativas del elector.
Si a mí me preguntan si estoy de acuerdo con la bicameralidad, pues sí, lo estoy con reformas, con una explicación a la población sobre las razones de su implementación y con una reestructuración del personal en el Parlamento, teniendo en cuenta siempre la meritocracia. Todo esto permitirá que nuestro país recupere la confianza en dicha institución y en sus representantes.