Las puertas giratorias del poder, por Denisse Rodríguez Olivari

La corrupción se transforma cada vez con mayor rapidez. Desde sus orígenes, los estudios sobre la misma han evolucionado a fin de definir, medir y combatirla de manera más efectiva. Por excelencia, la manifestación más frecuente de corrupción suele ser el soborno, que se encuentra sancionado en casi todas las legislaciones del mundo. Este es fácilmente identificable y, además, constituye la unidad de medición más difundida internacionalmente.  

Sin embargo, los retos actuales en torno a la corrupción corresponden a sus nuevas –y casi desconocidas– formas. El escándalo de Odebrecht y el proceso de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski nos dejan dos lecciones. La primera es que la coima es y seguirá siendo uno de los más graves y frecuentes delitos en nuestro país. Y la segunda es que existen instancias más sofisticadas y menos estudiadas de corrupción. 

Una de estas instancias es conocida como ‘puerta giratoria’. Es decir, el tránsito de individuos entre el Estado y el sector privado en cualquiera de sus direcciones. Cabe señalar que esta circulación no es mala per se ni conduce a actos de corrupción necesariamente. El intercambio de conocimientos, experiencias y comunicación entre ambos sectores puede traer resultados positivos y enriquecer las trayectorias laborales de los individuos involucrados.  

No obstante, también acarrea riesgos asociados a los conflictos de interés. Por ejemplo, el uso de información privilegiada por parte de un funcionario en favor de una empresa, o que una persona ocupe cargos públicos en sectores en los que solía desempeñarse de manera privada, podría conducir a situaciones de ventaja para ciertas empresas y causar riesgos de corrupción o erosionar la confianza en el Gobierno. Aunque estas situaciones no son nada nuevas, requieren medidas urgentes para su control.  

Desde el punto de vista regulatorio, en ciertos lugares existe un período mínimo de espera para que los funcionarios puedan ocupar ciertos cargos en el sector privado (limitados a sectores relacionados al que fue su cargo público). En el caso de la Unión Europea (UE), la espera mínima va desde un año y medio para los comisionados –figura equivalente a los ministros en el Perú– y hasta tres años para los miembros de la Corte Europea de Justicia. Por otro lado, países como Canadá cuentan hasta cinco años de espera para sus funcionarios, ministros y parlamentarios.  

Dentro de las medidas de supervisión por parte de la sociedad civil, existe la publicación obligatoria de registros anuales a través de portales de transparencia. Por ejemplo, un estudio realizado en el 2017 halló que al menos 50% de ex comisionados y 30% de ex miembros del Parlamento Europeo trabajan actualmente para organizaciones encargadas de hacer lobby. En el caso específico de Google, al menos la mitad de sus lobbyistas son ex funcionarios de la UE. Identificar esta información temprano alerta a la prensa y al público sobre potenciales conflictos de interés en el ámbito europeo.  

Del mismo modo, es necesario hacer el lobby más transparente. El acceso o la influencia en los procesos de elaboración de políticas públicas son practicados y regulados en muchas partes del mundo, y profesionalizadas a través de firmas privadas, organizaciones no gubernamentales y hasta sindicatos debidamente registrados. Cerrar la brecha entre las prácticas informales y la realidad debe reflejarse en los esfuerzos anticorrupción. 

Finalmente, la tendencia global anticorrupción apunta hacia un enfoque preventivo además de sancionador. Por ejemplo, la elaboración de mapas de riesgos en potenciales casos de corrupción es una propuesta llevada a cabo por académicos y profesionales involucrados en todo el mundo. Este tipo de iniciativas se utiliza para revelar el nivel de poder e influencia de una serie de ‘stakeholders’ en determinados sectores a fin de rastrear posibles riesgos que propicien la ocurrencia de actividades corruptas, al mismo tiempo que identifican aliados y espacios donde las estrategias anticorrupción pueden prosperar. Por ejemplo, leyes como el Acta Contra el Soborno del Reino Unido, y el Acta Sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero en Estados Unidos señalan la necesidad de implementar un mapa de riesgos de corrupción con el fin de que sus empresas operen dentro de los marcos legalmente permitidos.  

Las intrincadas relaciones público-privadas revelan la delgada línea entre lo ilegal y lo poco ético, y configuran una nueva área gris de lo que constituye corrupción. Por ello, a fin de contrarrestarla efectivamente se requieren medidas que ayuden a una detección temprana y sanción.