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Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República
Asumir un cargo público, sobre todo en las altas esferas del Poder Ejecutivo, implica para un ciudadano no solo la llegada de importantes responsabilidades con el Estado y la sociedad, sino también asumir los riesgos inherentes al ejercicio de la función pública y, sobre todo, a los cargos políticos. Implica la exposición del funcionario al escrutinio público no solo de la gestión que se realice sino de los atributos personales y la trayectoria de vida que este exhiba. Por ello, los que realizan actividad política saben que su vida y desempeño deben ser cuidadosos, su accionar transparente y guardar escrupuloso apego a la ley, sin dejar resquicios para la sospecha o la desconfianza. Ello sobre todo en política, donde estos resultan ser criterios relevantes en la evaluación de las conductas y la interacción relacionada con el ejercicio del poder, en cualquiera de sus niveles.
Desempeñar un cargo de alto nivel, como el de ministro de Estado, requiere, entonces, no solo de vocación de servicio y voluntad de apoyar una política gubernamental concreta, sino de una trayectoria de vida transparente y carente de aspectos que pudieran convertirse en sustento de un cuestionamiento para el desempeño de la función pública. No obstante, cuando estos cuestionamientos se presentan, generando sospecha o desconfianza, es conveniente que el funcionario implicado, un ministro o ministra, y el propio presidente de la República, evalúen la situación generada. Esto debe hacerse no solo desde la perspectiva personal de quien es cuestionado, sino desde la perspectiva política que, tratándose de un ministro de Estado, no solo tiene que ver con la estabilidad del órgano cuya jefatura ejerce, sino de la estabilidad política del Gabinete y de la gobernabilidad del país.
Hoy asistimos a un caso que no es el primero ni será el último de nuestra historia, en el cual, si bien la conducta personal de la funcionaria cuestionada, para el presente caso la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte Durand, no está en tela de juicio, sí lo está su conducta política, presente y futura, por haber presuntamente infringido una disposición formal relativa a las limitaciones que la ley le impone a las actividades personales, profesionales o económicas en general de quienes ejercemos cargos públicos, al presumirse potenciales conflictos de interés en el ejercicio de nuestros cargos.
No obstante, sin llegar a calificar la conducta de la ministra Omonte Durand, el caso exige una solución, la cual suponemos no necesariamente habrá de ser una decisión justa, sino más bien una decisión correcta, políticamente hablando. Probablemente no sea justo que se deba renunciar a la aspiración de ostentar un cargo público del más alto nivel en el Estado, pero por el conflicto político que se ha generado, en aras de la necesaria estabilidad del Gabinete Ministerial y como muestra de apoyo a la política gubernamental con la cual se ha asumido un compromiso, creemos que lo correcto es dar un paso al costado, a efectos de permitir que el recientemente estrenado Gabinete inicie sus actividades con la solidez y la confianza deseables, que le permitan enfrentar los problemas y desafíos que la nación tiene en la hora presente.
