Debate: ¿Debe el JNE imponer multas a los partidos políticos?

A FAVOR

Mejorando el sistema político

- Francisco Távara Córdova -

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones

Más de ocho millones de soles (S/.8’722.800) es la suma que deben los partidos políticos por multas, desde las elecciones generales del 2011. 

En el Perú, las organizaciones políticas (partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones locales) son los únicos vehículos a través de los cuales  los ciudadanos pueden ejercer su derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegidos. 

Si de los partidos políticos surgirán las autoridades que van a gobernar los designios del país, un departamento o un distrito, no solo se espera que los candidatos que estos avalen sean personas realmente idóneas, sino también que los propios partidos políticos actúen de acuerdo a la ley. 

El respeto a las normas y las reglas que el país ha establecido no solo es actuar conforme al Estado de derecho, sino que refuerza la confianza en las organizaciones políticas, tema de vital importancia en nuestro contexto actual en el que vemos una crisis de institucionalidad y desconfianza creciente en las organizaciones políticas por parte de la población. 

Por ello, es vital tener partidos políticos que cumplan las normas electorales establecidas en leyes como la Ley de Partidos Políticos o la Ley Orgánica de Elecciones y que, de infringirlas, cumplan las sanciones que les son impuestas por las autoridades competentes.

Las multas impuestas son justamente sanciones en dinero por, mayoritariamente, infracciones a la propaganda electoral; es decir, ubicar carteles, anuncios o, en general, propaganda electoral en lugares prohibidos (como establecimientos públicos, con cercanía a los locales de sufragio el día de la votación, en postes de alumbrado público o contraviniendo el ornato público), entre otros incumplimientos.

Sin embargo, el problema se agrava, ya que, en muchos casos, es imposible ejecutar las deudas, pues las organizaciones políticas no tienen patrimonio propio, y esto sin mencionar la ausencia de un expreso reconocimiento de la posibilidad de cobranza coactiva por los organismos electorales en las normas vigentes (que obliga a acudir al Poder Judicial). 

Por esta imposibilidad de cobro es que se plantea la propuesta de que la falta de cumplimiento en el pago de las multas impuestas por la autoridad electoral pueda también generar sanciones políticas, esto es la suspensión o cancelación de la inscripción de la organización política del Registro de Organizaciones Políticas. Es decir, que mientras incumplan no puedan realizar ningún acto ante la autoridad electoral (como inscribir candidatos). El objetivo no es debilitar a los partidos, sino reafirmar que ellos, como todo ciudadano y organización, no se encuentran al margen de la ley, en mayor medida con las elecciones generales del 2016 tan cercanas.

Crear institucionalidad y consolidar el régimen político y la democracia implica reforzar a los partidos políticos, y por ello insistiremos en la necesaria reforma electoral, a fin de establecer reglas que creen condiciones para un adecuado y permanente funcionamiento de los partidos políticos y que, con ello, puedan ejercer un mayor control del accionar de sus afiliados, que conozcan las normas, las cumplan y no generen sanciones para sus respectivas organizaciones.

Generar los cambios que permitan mejoras en el sistema político y así mejorar la oferta electoral para el ciudadano es nuestro permanente compromiso.

EN CONTRA

Burocrático e inconstitucional

- Mauricio Mulder -

Congresista de la República

Muchas estructuras burocráticas del Estado parecen demostrar que su razón de existir tiene como sustento que sus administrados carguen sobre sus hombros el costo de sus escritorios, sueldos y prerrogativas. Tal es así que las encuestas demuestran el descontento de los ciudadanos comunes y corrientes por la inversión de sus impuestos. En nuestro país, con el cuento de los “recursos propios” extrapresupuestales se autoasignan, a través de reglamentos, ‘tupas’ y entre otras normatividades burocráticas, prerrogativas sancionadoras que buscan la sinrazón para que, finalmente, los ciudadanos caigan de forma irremediable en supuestas inconductas sujetas a multa.

Lo anterior nos permite entender el caso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que trae como consecuencia debilitar a los partidos políticos con la imposición de multas. Actualmente, esta  se arroga, vía la expedición de un reglamento de propaganda electoral, la facultad de “reglamentar” imponiendo todo tipo de parámetros. Sin duda, ello para encontrar a como dé lugar que los usuarios, en este caso los partidos políticos, paguen sumas exorbitantes en favor del ente electoral.  

Cabe resaltar que existen parámetros para la propaganda, los cuales ya se encuentran establecidos por medio de las ordenanzas municipales. Es decir, en todo el Perú, en el ámbito distrital, se establece para cada elección límites sobre la propaganda electoral. Lamentablemente, las barreras que establecen tienen el mismo problema que pretende el JNE: restringir al máximo la actividad electoral para que ningún candidato ni partido político termine exento de multa. Al menos, las municipalidades sí tienen prerrogativas constitucionales y legales en materia de ornato y ordenamiento para su jurisdicción. Así, buscan justificar la imposición de los límites en materia de propaganda electoral. Sin embargo, el problema se hace más grave cuando el JNE quiere autoasignarse facultades para intervenir en esta situación. Por eso, excediéndose en sus facultades, impone millonarias multas y, peor aun, por medio de su presidente establece de manera inconstitucional que aquellos partidos que no paguen serán sancionados con la revocación de su licencia. 

Hoy la mayoría de partidos tiene locales y cuentas embargadas. Basta que un candidato, en el distrito más alejado, ponga un afiche en un poste no autorizado para que el partido sea gravado con una multa que nunca es menos de 20 mil o 25 mil soles. Ahora bien, si esta situación se multiplica por los dos mil distritos que hay en el Perú, la cifra se vuelve inmanejable para cada partido.

La solución es concreta: primero, se tiene que determinar que la propaganda no sea lesiva al honor ni promueva la violencia, es decir, parámetros conceptuales. Segundo, si existe infracción por propaganda electoral, la multa debería imponerse directamente al candidato involucrado. Y tercero, que esta situación esté a cargo de cada concejo provincial para su fiscalización.  

Recordemos que el JNE es un ente que debe ser imparcial. Si genera contenciosos administrativos contra los partidos, deja de serlo. Muy fácil será en manos irresponsables multar a cualquier partido y eliminarlo de la vida política para favorecer a otros. Esto, indudablemente, sería caer en un autoritarismo al que ni el chavismo se ha atrevido.