Durante los últimos 10 años, la inversión pública en seguridad en el Perú se ha incrementado en un 74%, priorizándose la persecución policial y penal del delito. Conociendo las brechas que existen en los servicios policiales, sin duda esta inversión parece insuficiente, o cuando menos poco efectiva. Peor suerte han tenido las acciones preventivas. Solo el 2% del presupuesto del Programa Presupuestal de Seguridad Ciudadana (PP030) está orientado a la prevención del delito. Y es la prevención la que se enfoca en reforzar los vínculos sociales que permiten que las comunidades sean menos vulnerables a la delincuencia.
Las evidencias señalan que prevenir el delito es más barato que perseguirlo. Esto, considerando los costos privados y sociales, y los costos de futuros delitos prevenidos (Izquierdo, et al. 2018). Las intervenciones preventivas, relacionadas a consejería y herramientas para la vida para adolescentes, han mostrado tener retornos de entre US$11 y US$25 por cada dólar invertido (Aos et al. 2004). Sin embargo, en el Perú, estrategias como Barrio Seguro tienen que pelear mes a mes los fondos para garantizar los sueldos de sus coordinadores que tratan de sacar adelante su trabajo en los más de 100 barrios del ámbito nacional.
Y se cuenta con estrategias preventivas. La policía lleva décadas implementando patrullas juveniles, clubes de menores y policías escolares, para acoger a los niños y niñas de todo el país. Se cuentan por miles los integrantes de las juntas vecinales, redes de cooperantes y brigadas de autoprotección escolar donde la comunidad se articula con las comisarías de su localidad. A la par del impulso que la nueva gestión del ministerio ha puesto en los operativos policiales distritales, sería ideal que también mire estos programas de manera seria, pues son los que van a afianzar la confianza de la ciudadanía con su policía.
Para eso no basta con juramentar más juntas vecinales ni con inaugurar más Barrios Seguros si no se les puede nutrir de herramientas y recursos para que tengan un impacto sostenido. En eso juega un papel importante lo que la comunidad está haciendo. Ahí toca destacar la iniciativa de LimAcción y sus aliados para reconocer las acciones que las comunidades implementan para recuperar espacios en sus barrios, organizando actividades preventivas o para sumarse activamente al cuidado de sus comunidades. Estas comunidades cuentan con auténticos Héroes Urbanos.
Las cifras de Ipsos, IEP y el INEI señalan que el 80% de los ciudadanos están de acuerdo con suspender derechos civiles para actuar contra el delito, el 24% apoyaría un gobierno autoritario en situaciones de alta inseguridad y el 60% apoyaría a un líder que acabe con la delincuencia, aunque no respete los derechos de las personas. Si no entendemos que prevenir genera mejores retornos y evita mas daños que perseguir el delito y que es urgente para fortalecer los vínculos en las comunidades, estamos poniendo en serio riesgo nuestro ya golpeado Estado de derecho y nuestra alicaída democracia.
