Destrabando barreras, por Santiago Dávila Philippon

Las barreras burocráticas son exigencias, requerimientos, prohibiciones, cobros y, en general, todas aquellas reglas de juego que impone el Estado a través de sus diferentes entidades públicas. Si bien las regulaciones o barreras administrativas tienen, en principio, un interés público, en la práctica muchas de ellas terminan siendo ilegales o irracionales.

Este efecto negativo se origina por un mal diseño de la regulación en cuestión. Un primer gran error ocurre cuando la norma o acto administrativo no tiene una base legal, por lo que se convierte en una barrera burocrática ilegal. Evidentemente esto no debería ni siquiera ocurrir, considerando que la administración pública está llena de abogados.

Un segundo error es que, siendo legales, los actos de la administración pública resultan desproporcionados en relación con el objetivo que pretenden alcanzar. Esto sucede porque la autoridad no ha tomado en cuenta qué otras opciones de política pública existen, que sean igualmente efectivas pero menos onerosas para los empresarios y otras partes involucradas.

Hay dos propuestas para destrabar estas barreras. La primera consiste en hacer exigible de manera previa a la emisión de cualquier acto de la administración pública la elaboración de lo que en países desarrollados se denomina análisis de impacto regulatorio (AIR). Entre otras varias ventajas que tiene el AIR está hacer exigible que se identifique, antes de emitir cualquier norma, quiénes ganan y quiénes pierden con la propuesta normativa o acto administrativo. La identificación de quiénes ganan y quiénes pierden es sumamente importante, pero varias veces se omite en la “exposición de motivos” que acompaña las propuestas normativas, precisamente porque evidencia cuál es el sector o sectores que impulsan la norma o acto de la administración pública.

El AIR hace también exigible que se evalúen otras opciones al acto o norma propuesta, incluida la opción de “no hacer nada”, lo cual muchas veces también se omite porque, si se hiciera, la administración pública se daría cuenta de que las intervenciones públicas propuestas suelen terminar siendo peores que la enfermedad, con lo que es preferible dejar las cosas como estaban.

La segunda propuesta consiste en eliminar todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa para ciertos negocios, en los que se considere que no son necesarios controles precedentes por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control previo, lo cual se sustituye por un régimen de control ex post basado en una declaración jurada. Esto no los exime de control, pues este será posterior, aplicándose un régimen sancionador tomando en cuenta los requisitos en materias de ordenación de suelos y urbanismo, protección de salud, medio ambiente, entre otros, de forma tal que no se menoscaben las garantías en la prestación de servicios a los consumidores y ciudadanos.

Estas ideas permitirían la mejora del clima de negocios y del marco institucional general, pues, por un lado (y quizá por primera vez), el Estado se obligaría a analizar de manera previa y transparente el impacto de las regulaciones que propone y, por otro lado, implicaría la eliminación inmediata de buena parte de las barreras al ingreso y constitución de empresas que hoy todavía persisten.