Andrea Burga

Cuando era niña, mi estuvo llena de obstáculos. Al ser una niña ciega, muchos colegios de la educación básica regular me negaron el acceso. Directores y docentes traían consigo una serie de prejuicios sobre la discapacidad, pero también era cierto que el acompañamiento pedagógico a aquellos profesores era inexistente.

Algunos colegios me admitieron, pero no todo era perfecto. Ya en el aula, tenía muchas dificultades para aprender matemáticas y ciencias. Y, como muchos docentes no estaban dispuestos a enseñarme, lo que hacía mi familia era contratar a profesores externos para que vayan a mi casa a darme clases particulares en las tardes, algo que, evidentemente, significaba un costo adicional para la economía familiar.

Tal vez haya quien no entienda muy bien la magnitud de que una escuela no se tome en serio tu enseñanza. Pero aún recuerdo esas horas de matemáticas en las que mis compañeros aprendían nuevos conocimientos y yo solo me dedicaba a escuchar una clase sin entender el sentido de lo que oía. Era una hora que pasaba vacía, una hora en la que parecía que solo perdía el tiempo y donde se hacía evidente que no existía para mis profesores.

Ahora hay algunas mejoras en comparación con la época en la que yo estudié, pero aún no es suficiente. Hoy los profesores cuentan con el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales (Saanee), un equipo que brinda apoyo a docentes para facilitar la educación inclusiva. No obstante, el servicio no se da abasto. De acuerdo con información del propio Ministerio de Educación, solo cubre un 17% de la demanda.

Los Saanee forman parte de los centros de educación básica especial. Y quizá la explicación de por qué no funcionan de manera adecuada sea su propia configuración, ya que muchas veces las escuelas regulares piensan que la educación inclusiva solo depende de ellos, como equipo de educación especial, y no interiorizan que la educación inclusiva es tarea de todos los actores educativos.

Por ello, en el 2021 se modificó el reglamento de la Ley General de Educación y se dio paso a una reforma en la que se instauraron los Servicios de Apoyo Educativo (SAE). Estos equipos brindarán asistencia a los docentes, pero dependerán de las propias escuelas regulares y de las UGEL.

Para poner en práctica esta transformación, en el 2022 se aprobó el plan marco de implementación de la educación inclusiva y se dispuso que en el 2023 deberían implementarse los SAE. Sin embargo, el ministerio aún no ha dispuesto presupuesto para su ejecución.

La ausencia de presupuesto resulta preocupante, ya que una reforma de esa magnitud daba un poco de esperanza a muchas familias que aún siguen luchando para que sus hijos tengan calidad educativa. En esta disputa, además, las familias siguen asumiendo costos de docentes externos, materiales adaptados, entre otros; costos que deberían ser asumidos por los propios colegios.

El Ministerio de Educación aún está a tiempo de comandar el camino hacia una educación inclusiva para todos y todas, y asignarle presupuesto a una población históricamente excluida. Aún está a tiempo de dar el primer paso e ir cumpliéndole el sueño a una niña que ahora tiene casi 30 años, pero a quien hoy, mirando hacia atrás, le habría gustado tener una educación sin obstáculos y con presupuesto para lograrlo.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Andrea Burga es comunicadora de Sodis y activista con discapacidad visual

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