En defensa de la economía social de mercado (4)

En el propósito de seguir abordando los distintos aspectos que comprende la ESM, corresponde ahora tratar uno de sus principales elementos: La libre competencia.

La evidencia ha demostrado que dicho mecanismo es el más efectivo para la asignación eficiente de recursos, el cual se sustenta en el libre acceso al mercado, la libertad de contratación, la ausencia de control de precios y la igualdad ante la ley de los competidores, quienes convergen en el mercado y compiten entre sí por ganar clientes e ingresos.

Su finalidad es mantener el nivel de ganancias de las empresas en el menor nivel posible en interés de los consumidores, reconociendo que puede darse un margen de ganancias superior en casos especiales (empresas innovadoras), hasta que aparecen otros competidores atraídos por esos niveles de rendimiento provocando un declive de los mismos, esto siempre y cuando el régimen de competencia funcione adecuadamente (Ver Joachim Wiemeyer; Crisis del sistema financiero: ¿crisis de la Economía Social de Mercado?).

Ahora bien, para que la libre competencia funcione adecuadamente debe ser regulada, y así lo reclama la ESM por consideraciones de interés público. Es decir, se debe velar por que no existan barreras de acceso para los competidores (abuso de posiciones dominantes o monopólicas), ni políticas selectivas que favorezcan a determinados sectores o empresas (mercantilismo); tampoco tienen cabida los subsidios estatales que distorsionen la competencia, debiéndose evaluar permanentemente la reducción de la participación del estado en la provisión de servicios públicos (telecomunicaciones, sector energético, etc.), así como la eliminación de restricciones a la iniciativa privada para que pueda proveerlos.

La regulación de la competencia está justificada porque, a menudo, ella resulta incómoda, no siendo infrecuentes los intentos por limitarla o eliminarla. Son funciones de la regulación protegerla de esos ataques y moderar su efecto en el «proceso de destrucción creativa», siendo necesario hacer un uso restrictivo de ésta última función para no incurrir en subsidios indiscriminados y permanentes (asistencialismo).

En nuestro país es mucho lo que se ha avanzado respecto a la libre competencia a partir de la consagración de la ESM en la Constitución de 1993, la cual establece que el Estado, por un lado, combate toda práctica que la limite así como el abuso de posiciones dominantes o monopólicas y, por otro, defiende el interés de los consumidores y usuarios sobre la base de la información sobre los bienes y servicios.

Aun así, la cultura de la competencia no termina de arraigarse en nuestro país y muchos sectores de la economía nacional exhiben un bajo nivel de competitividad. Es necesario, entonces, profundizar las reformas de los 90 para combatir las barreras de acceso al mercado, el abuso de posiciones dominantes o monopólicas y el mercantilismo, así como optimizar los mecanismos de protección al consumidor, especialmente en la provisión de servicios públicos y financieros.

Por tanto, no es la libre competencia, sino la falta de una cultura empresarial basada en la competencia, los bajos niveles de competitividad de muchos sectores y la incidencia negativa de ello en los consumidores, lo que alienta y da argumentos a quienes la cuestionan, que son los mismos que reclaman una asamblea constituyente cuyo objetivo principal es volver a una economía dirigida. Estos cuestionamientos, formulados a nivel político, se ven potenciados cuando se les adicionan señalamientos de inconsistencia entre el discurso y la acción por parte de aquellos que, a pesar de autoproclamarse partidarios de la libre competencia, no dudan en atacarla o actuar contra ella cuando, al defender intereses propios o de grupo, la perciben como una amenaza en el sector al que pertenecen.