El cerco judicial, por Mario Saldaña C.

Mientras el Gobierno anuncia salidas efectistas e ineficientes contra la crisis económica (más bonos y subsidios ciegos al GLP en lugar de generar confianza y estabilidad para promover la inversión privada) y sanitaria (lo de la instalación de una planta de vacunas Sputnik es humo barato y una idea a concretar en tres o cuatro años, por lo menos), la crisis política que debilita día a día la gobernabilidad continúa su curso natural.

Tras los inacabables señalamientos contra Guido Bellido y la cerrazón del presidente para mantener a Iber Maraví en el MTPE, va quedando claro que el Ejecutivo no se hace problemas con el contacto habitual entre diversos líderes del movimiento senderista Movadef con Palacio, la PCM y distintos ministerios. Súmese a esto la última designación del señor Fernández en la DINI, un personaje cuyo denominador común con diversos miembros del Ejecutivo es el amplio prontuario que le antecede.

Así, mientras la prensa cumple con su rol mostrando el verdadero rostro de este Gobierno, el Congreso (llamado a poner freno a esta afrenta a la inteligencia y a la memoria de miles de peruanos que fueron asesinados por el terrorismo) no pasa de exhortar al presidente a que realice los cambios en el Gabinete que se caen de maduros o de interpretar que “una mayoría de la calle” pide su vacancia (que es como decir que el cielo de Lima permanece muchos días nublado).

Hablar del Congreso es un exceso. La referencia exacta es al tercio parlamentario que conforman AP, APP, Podemos Perú y Somos Perú-Partido Morado, que es el que tiene la llave para inclinar la balanza en varias votaciones; en especial, la de la vacancia.

Este es el sector político que hoy le regala al Gobierno una suerte de empate técnico para que se siga sosteniendo; con babas, pero sosteniendo aún. La única manera de que este tercio asuma su rol de defensa de la democracia será por presión de la población o como efecto de las acciones del sistema de justicia. Ha quedado evidenciado que los medios y la opinión pública en general han logrado un efecto muy limitado en el Legislativo; mucho menos en Palacio.

Quedan entonces los operadores de justicia. Es allí donde el régimen está por recibir una andanada de goles. La lista es larga (dejo los detalles para los especialistas), pero el rosario de delitos es tan diverso como extenso. Y lo que se está configurando es un cerco judicial que más pronto que tarde podrá derivar en solicitudes de prisión efectiva para Cerrón y compañía, con efecto directo en los actuales ministros. Lo recientemente reportado es la existencia de colaboradores eficaces que denuncian manejos delictivos de los fondos de campaña de Perú Libre, además de la comisión de ilícitos en diversas mesas de sufragio.

Señoras Elvia Barrios y Zoraida Ávalos: el Perú pone la mirada en sus entidades. Ojalá estén a la altura de las circunstancias.