El control en la era digital

PARA SUSCRIPTORES: Defensor del Pueblo: “Se necesita un sinceramiento transversal”

Las canastas que contenían alimentos de primera necesidad de acuerdo al D.U. 033-2020 estaban destinadas a más de dos millones de familias de las 25 regiones del país con bajos o nulos ingresos que, por el confinamiento obligatorio, suspendieron sus actividades cotidianas.

Detectar irregularidades en la compra y entrega de estos productos con el control convencional suponía visitar cada una de las 1.874 municipalidades distritales que gastaron más de S/233 millones, lo que resultaba imposible con una reducida capacidad operativa por las medidas que limitaban los servicios de transporte y disponían la inmovilización de las personas.

La pandemia “apuró” la activación de sistemas tecnológicos que ya veníamos diseñando para detectar actos irregulares. Siendo cada vez más frecuente el uso del análisis de ‘big data’, ‘machine learning’ y ‘artificial intelligence’ por parte de las entidades de fiscalización superior más desarrolladas del mundo, era necesario que en el Perú –donde la corrupción nos roba anualmente cerca del 15% de la ejecución presupuestal– se usara toda la tecnología disponible frente a los retos del COVID-19.

Así, el 99% de los 1.874 gobiernos locales registró en el portal de la Contraloría General de la República la compra de víveres para los más de dos millones de canastas, utilizando un aplicativo informático diseñado para tal fin y que hoy está disponible para ser usado en programas venideros.

Con estos reportes, y a través de la integración e interoperatividad con otros sistemas de información de diversas entidades del Estado, se logró una fiscalización inmediata y se detectaron diversos casos de suplantación de identidad, entrega de víveres a personas “fallecidas”, o familias que recibieron el subsidio más de una vez. El trabajo analítico continúa y, a la fecha, ya se tienen identificados a 12.399 servidores públicos que recibieron canastas. De ellos, 2.288 ganan entre S/3.000 y S/5.000, mientras que otros 312 ganan más de S/5.000 mensuales.

Esta situación pareciera desnudar la frialdad de funcionarios y servidores públicos que seguramente en “tiempos de normalidad” pasarían inadvertidos, pero no durante una emergencia como esta, en la que contar con una canasta de víveres resulta vital. El caso ya está en manos del Ministerio Público.

Si bien el COVID-19 nos llevó a tomar decisiones veloces para que nuestros mecanismos de control migraran desde lo convencional hacia lo digital –y así cumplir con el mandato legal–, también nos permitió confirmar que en el Perú es posible implementar rápidamente sistemas de información inteligentes que interoperen con distintas bases de datos para prevenir hechos irregulares. Está probado que las herramientas digitales garantizan un control gubernamental eficaz y es imperativo recurrir a ellas.

Pero una verdadera transformación de la administración debe ir acompañada de una apertura al cambio de las instituciones y de quienes las conforman, si queremos enfrentar verdaderamente la corrupción con la fuerza e inmediatez que el país demanda. Los ciudadanos son los destinatarios de todos los esfuerzos de los servidores y es nuestra primera obligación rendir cuentas de la manera más eficiente.

En una pandemia, la corrupción no solo genera pérdidas económicas sino que puede afectar la legitimidad de las instituciones y acabar robando la esperanza de la gente o la vida misma. Es nuestra tarea hacerle frente con todas las armas disponibles.