El Gobierno que incentiva la inseguridad

La inseguridad es uno de los principales problemas que afectan cotidianamente a todos los peruanos. La escuela (modus operandi) que ha traído la delincuencia extranjera es brutal. En las calles están asesinando por un celular y hasta por la bolsa con las compras del mercado. Mientras tanto, a un año de gobierno todavía no se conoce el rumbo para enfrentar este problema.

Los anuncios del presidente Pedro Castillo en esta materia han sido disímiles: conminó para que los extranjeros que cometieran delitos salgan del país en 72 horas; quiso expandir el sistema de rondas campesinas a las ciudades para perseguir, con sombrero y chicote en mano, a los sicarios y extorsionadores; declaró el estado de emergencia (como si fuera una varita mágica) en las regiones desbocadas por la criminalidad organizada (el mensaje fue que las Fuerzas Armadas recuperen las calles); pidió, sin mayor argumento técnico, la castración química para los agresores sexuales; y ahora están con el discurso de castigar a los adolescentes de 16 años, como si este grupo etario fuese el responsable del aumento de la criminalidad. Este conjunto de medidas desconectadas y sin un norte definido grafican con absoluta claridad la falta de entendimiento sobre la naturaleza y magnitud del problema. El populismo penal siempre ha sido el típico recurso de regímenes y políticos que buscan el aplauso fácil.

Lamentablemente, no es solo eso. Sumemos a lo anterior el ataque sistemático del primer ministro Aníbal Torres (vocero del gobierno) contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), tratándolos de incapaces y culpándolos de eso que ellos no saben cómo enfrentar.

El sector Interior está en su momento más oscuro. De la denuncia de ascensos irregulares de un grupo de generales pasamos a la probable cooptación de un sector de policías que estarían al servicio de intereses políticos subalternos, precisamente de aquellos que necesitan amedrentar y reglar a los colaboradores eficaces que acusan al presidente de liderar una organización criminal enquistada en el poder. Agreguemos a lo anterior la licencia de impunidad otorgada a mineros ilegales y el abandono deliberado de la política contra las drogas. Precisamente estas son las dos economías ilegales que generan más sicariato, lavado de activos, trata de personas y daños ambientales. Así, nos queda claro que Pedro Castillo con sus ministros se han convertido en los principales factores que alimentan la percepción de inseguridad ciudadana.

En este escenario anómalo de corruptelas interminables, impunidad y políticos mercantilistas aprovechándose del Estado, nació un halo de esperanza en el Ministerio Público. De la posición claudicante de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos pasamos al compromiso anticorrupción de Pablo Sánchez, que rompió el criterio absurdo de no investigar, en el marco de la ley y la Constitución, a un presidente en funciones sindicado por graves delitos de corrupción. La nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, siguió esta misma línea de acción y, además, formó un equipo especial, liderado por la fiscal Marita Barreto, para que investigue la corrupción en el poder.

Asimismo, se observa un cambio sustancial en el sector honesto de la PNP en el que, al igual que en la fiscalía, se ha conformado un equipo ad hoc encargado de capturar a los personajes cercanos al presidente de la República y que, por negligencia o dolo, dejaron escapar.

La fiscal Marita Barreto tiene, además de una reputación muy bien ganada, muchísima experiencia en la investigación de organizaciones criminales complejas. Se enfrentó exitosamente a la más grande de ellas, capitaneada por el entonces todopoderoso Rodolfo Orellana e integrada por políticos, policías, jueces y magistrados corruptos.

Por su parte, el equipo de la policía está conformado por coroneles que representan la reserva moral de la PNP. El coronel Harvey Colchado desde la Diviac dirigió un equipo de agentes comprometidos en la lucha contra los más avezados delincuentes, incluso los de cuello blanco y corbata. El coronel Lozano está rompiendo los récords en la incautación de drogas cocaínicas con un manejo eficiente de los escasos recursos en la inteligencia antidrogas. Ambos capturaron a importantes mandos terroristas y a Artemio en el Huallaga. El actual jefe de la Diviac, coronel Franco Moreno, es un referente honesto en la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Se enfrentó, en solitario, contra un escuadrón de la muerte que operaba desde el interior de la PNP con conocimiento y aquiescencia de mandos policiales y el aplauso encandilado de varios ministros del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala. El coronel Silva, con perfil similar, dio una dura batalla contra los traficantes de terreno y extorsionadores en Lima sur.

Los que conocemos la trayectoria de los integrantes de ambos equipos especiales tenemos la convicción de que su trabajo será profesional y honesto. Mientras cumplen esta enorme responsabilidad, que podría ser similar a las dos medallas de oro que nos regaló Kimberly García, los peruanos de bien debemos estar vigilantes para que desde el poder político y el fáctico no se atrevan a infiltrarlos con el argumento de fortalecimiento, no se atrevan a negarles el presupuesto y la logística necesaria, no se atrevan a discutir la legalidad del equipo como pretende hacer ahora mismo el comando policial.