Tendiendo puentes, por Alfredo Thorne

La elección presidencial nos ha dejado un país profundamente dividido. Por una parte, están las acusaciones mutuas, unas de fraude y otras de golpe de Estado; y por la otra, está el hecho de que el perdedor difícilmente concederá su derrota. Esta última es clave para que el ganador pueda apelar a los votantes del opositor y obtener el apoyo que necesita para gobernar. Mucho dependerá de la transparencia con que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revise los pedidos de nulidad interpuestos por ambos partidos.

Pasada la incertidumbre electoral nos preguntamos: ¿existe algún programa mínimo que el candidato ganador podría implementar para cerrar estas heridas? Algunos esperan que el ganador ejecute su propio programa, pero esto sería un error, pues necesita obtener el apoyo de todos los peruanos, de ese 50% que votó por el candidato perdedor. Eso podría lograrse si es que se implementan partes importantes del programa económico del opositor. Entonces, uno se pregunta: ¿será posible una reconciliación entre los dos extremos que han disputado la elección?

Donde existe amplio consenso es en la necesidad de una gran transformación social, asegurarse de que los beneficios del rápido crecimiento fluyan hacia los sectores de menores ingresos. Sacar a esas 3.3 millones de familias que cayeron en la pobreza a raíz de la pandemia debiera ser una primera prioridad y, en general, es algo que hemos probado saber hacer. Más difícil nos ha sido llevar a las clases medias vulnerables, aquellas que migraron hacia las ciudades producto del rápido crecimiento, los servicios básicos como agua, desagüe, vivienda, conectividad, educación y salud, y eso pasa por la reforma de nuestros sistemas de obra pública y asociaciones público-privadas (APPs).

Resulta hasta ofensivo culpar a los gobiernos locales de la baja ejecución, cuando sabemos que la normativa nuevamente se ha vuelto excesivamente burocrática y penaliza a las autoridades con menores capacidades. Es decir, a los gobiernos locales. En 2016 hicimos un gran esfuerzo en su simplificación y ordenamiento, lanzamos el Invierte.pe y la reforma de Pro-Inversión, pero por desgracia rápidamente se volvió a retroceder en 2019. El enredo es tan mayúsculo que estamos recurriendo a los acuerdos de Gobierno a Gobierno, que finalmente buscan ejecutar los proyectos con la normativa superior que la ofrece el gobierno contratante, pero a un costo mayor.

Mayor reto es abrir el debate sobre la descentralización. Desafortunadamente, la decisión de transferir responsabilidades a las regiones nos ha retrasado, sobre todo en los dos sectores con mayor prioridad –salud y educación– tenemos colegios sin servicios higiénicos y otras facilidades, y muchos hospitales que nunca se pudieron inaugurar. Sin embargo, ese país dividido que nos hicieron notar primero la pandemia y después las elecciones no es más que producto de la falta de conectividad. Sorprende la poca producción de carreteras transversales que conecten los distintos pueblos andinos con la costa y los puertos para permitirles exportar sus productos. También, por ejemplo, que no hayamos propuesto un tren para que se saque el mineral del circuito minero del sur hacia los puertos reduciendo los costos al medio ambiente, y que Iquitos siga siendo una isla desconectada del resto del país.

Mayor sorpresa es la falta de la interconexión digital, a pesar de que casi toda la población tiene acceso a teléfonos inteligentes, solo el 45% tiene acceso al Internet, según cifras del INEI al cuarto trimestre de 2020. Difícil avanzar con la cobertura educativa y de salud sin avanzar en la interconexión.

Mayores diferencias entre los dos partidos que se disputaron la segunda vuelta existen en cómo retomar el rápido crecimiento. Mucho insistimos los economistas en comparar nuestro nivel del PBI con el que prevalecía antes de pandemia como base para medir cuánto hemos superado la pandemia. Limitarse al PBI parece un ejercicio equivocado, pues los mercados laborales nos dan una lectura muy distinta. El aumento de la informalidad, la reducción de los salarios, y de los trabajadores con protección social ofrecido por el último informe de empleo a nivel nacional del INEI da cuenta de un severo retroceso en la productividad laboral y nuestra futura capacidad para generar rápido crecimiento. Pensar que el cambio del capítulo económico de la Constitución lo hace todo parece un error; también lo es pretender gobernar arrinconando a la empresa privada, que ha sido el motor del crecimiento.

Pero encender los motores del crecimiento pasa por empoderar al pequeño y mediano empresario, permitirle cumplir su sueño de convertirse en un gran empresario, que sus nuevas ideas se transformen en un gran emprendimiento, y salir a competir al exterior. Mucho se les ha ofrecido en términos de préstamos, reducción de impuestos y otros beneficios, pero quizás lo que más necesitan es la simplificación de esa enormidad de normas laborales, tributarias y de sobrecostos laborales que los agobian y los han destinado a nunca salir del enanismo empresarial, a no soñar que finalmente el crecimiento pueda ser un círculo virtuoso del que todos nos podemos beneficiar.