Rubén Vargas Céspedes

Cuando el Perú ratificó las convenciones internacionales de Naciones Unidas (ONU) sobre drogas se comprometió a controlar (erradicar) los cultivos que sirven de materia prima. En la medida que la se usaba desde épocas preíncas en actos mágico-religiosos y, posteriormente, como un bien de consumo directo (‘picchado’), se reconoció esta tradición y, para protegerla, se convirtió en un producto fiscalizado.

En 1978 se empadronó a los productores tradicionales de coca. El 80% de ellos están ubicados en la región Cusco agrupados en tres federaciones. Gracias a estas organizaciones se mantiene viva la costumbre milenaria del cultivo, la cosecha y el consumo de esta coca que, en efecto, es parte de nuestra historia. Este mismo año también se creó la empresa estatal encargada de su comercialización y la administración del registro de productores. A propósito del registro, empezó con 22.925 agricultores empadronados que inscribieron 22.094 hectáreas de coca tradicional. Posteriormente, entre 1980 y 1990, se incorporó a 8.961 productores nuevos. En la medida que los empadronados fallecían o vendían sus predios, también se incluyó en el registro a los llamados ‘representantes’. En conclusión, actualmente Enaco tiene 95 mil productores. Como vemos, no es cierto, como afirmó el actual jefe de Devida, en su propósito de favorecer a los cocaleros ilegales, que el padrón estaría desfazado, por lo tanto, debería hacerse uno nuevo.

¿Por qué no es conveniente empadronar a todos? Primero, porque más del 90% de la coca se convierte en cocaína. Para enfrentar este problema, entre otras cosas, se tiene que erradicar. Los clientes del actual jefe de Devida siempre fueron las organizaciones que defienden esa coca, de allí su interés por empadronarlos porque así ya no se les podría erradicar. Segundo, porque el mercado tradicional de la coca se satisface, según un estudio del INEI (2019), con 12 mil toneladas anuales que, con los factores de conversión de Devida, se cultivan en nueve mil hectáreas. Vale decir, con los predios actualmente empadronados superamos largamente el consumo legal. Recordemos que al 2021 teníamos más de 62 mil hectáreas que producen 160 mil toneladas.

Hay quienes consideran que si industrializáramos tendríamos posibilidades casi infinitas con la coca. En Bolivia pensaban igual e instalaron dos plantas procesadoras. Quince años después quebraron porque el consumo de los derivados era muy pequeño. Pretender que la oferta genere su propia demanda es un pensamiento absolutamente arcaico.

Ahora bien, hablemos de Enaco. El modelo empresarial no ha funcionado a lo largo de su historia. Es un monopolio fallido. En el actual mercado de la coca tenemos tres actores. El legal, que intermedia el 1,8% de la producción total, cifra que representa el 20% del mercado legal. El informal, que comparten con Enaco el mercado legal, que comercializa el 6,9% de la producción total y el 80% del mercado tradicional y, finalmente, el narcotráfico que consume el 91% de la producción ilegal.

Desde su nacimiento, Enaco siempre tuvo una presencia minoritaria en el mercado tradicional porque, a diferencia del informal, tiene que pagar impuestos, cargas laborales, etc., que generó una brecha que fue creciendo año tras año. Queda claro que la responsabilidad de fiscalizar a la coca escapa largamente a las funciones de una empresa estatal. Esta debilidad de Enaco también es aprovechada furtivamente por los abogados de la coca ilegal para pedir su desactivación. Hay otros factores que también intervienen en la precarización de la empresa. Por ejemplo, el involucramiento político en la fijación de los precios de la coca y, lo más perverso, mantener dolosamente –como está ocurriendo ahora por orden del Gobierno– sin quórum a su directorio.

Ahora bien, ¿qué hacer? Propongo dos cosas: en el 2020 se formó una comisión para elaborar una propuesta de reforma del sistema de comercialización de Enaco. Por primera vez, los cocaleros empadronados, Enaco y las autoridades del Cusco, consensuaron un documento de bases para su modernización. Se alcanzó a la PCM y hasta ahora los cusqueños están esperando que el presidente tome la decisión política de implementarlo. Sabemos que no va a ocurrir, porque el Gobierno y, especialmente, el jefe de Devida se sienten más cómodos y a gusto con la coca ilegal, mejor si es del Vraem.

Otro tema urgente está en manos del Congreso. Como dijimos, probablemente la carga más pesada para Enaco sea el pago de impuestos. Como toda empresa emite liquidaciones de compra y retiene el 18% del IGV que los carga en su costo de venta. Esto significa que al campesino le paga precios muy bajos y vende a precios altos. La Sunat recauda de la coca legal anualmente en promedio cuatro millones de soles. Cantidad ínfima que no incide en nada en los ingresos del tesoro público, pero que, para Enaco y el productor legal, es un asunto de vida o muerte. Ahora que se discute la eficacia de la exoneración del IGV sería de extrema importancia hacerlo con la coca legal, porque beneficiaría directamente al productor empadronado y salvaría a Enaco. La coca tradicional es parte de nuestra tradición y debemos protegerla, especialmente de los quintacolumnistas del narcotráfico. Con la misma firmeza decimos que la coca que es pisoteada para convertirla en cocaína no nos representa y debemos combatirla, aunque sus defensores se muestren todopoderosos y amenazantes.

Rubén Vargas Céspedes Exministro del Interior

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