Nuestro debate político se encuentra un poco confuso debido a las narrativas que se intentan imponer sobre el respaldo popular hacia el Gobierno, como lo demuestra el uso recurrente de los términos ‘pueblo’, ‘calle’, ‘asamblea constituyente’ y ‘vacancia presidencial’. Es necesario revisar algunas temáticas de las ciencias sociales para evitar ser sorprendidos por los diversos discursos populistas que pululan en el ambiente. En efecto, el presidente Pedro Castillo ha declarado en múltiples ocasiones que su único jefe es el pueblo. Por su parte, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, declaró hace semanas que la calle estaba pidiendo vacancia. Mientras que diversos congresistas de Perú Libre insisten en que lo que está pidiendo realmente la calle es una asamblea constituyente. Estas tres versiones de lo que quiere el pueblo son sumamente reveladoras del poco conocimiento que tienen nuestras autoridades sobre el funcionamiento de la opinión pública.
¿Se puede saber realmente lo que piensa el pueblo? Sí. Hace dos siglos que se discute cómo conocer la opinión de los ciudadanos en el marco de las democracias representativas. Por cierto, ha habido diversos pretendientes a legítimos traductores de la voluntad popular. Entre ellos, los parlamentarios, los medios de comunicación, los movimientos sociales, los intelectuales, entre otros. Todas estas disputas se resolverían momentáneamente cuando el norteamericano Georges H. Gallup inventó, en 1936, un sorprendente instrumento estadístico que permitía predecir los resultados electorales: las encuestas de opinión pública.
En las siguientes décadas, este peculiar invento se impondría por todo el mundo como única fuente acreditada para expresar la opinión de todos los ciudadanos. Así, la posibilidad de recolectar directamente la opinión del pueblo empujaría a algunos politólogos (como Alain Lancelot) a hablar de democracias de opinión donde se conocería en todo momento la voluntad de los ciudadanos para que fuera tomada en cuenta por los gobernantes. Por cierto, las encuestas continuaron ganando importancia dentro del juego democrático, convirtiéndose también en una fuente importante de legitimidad. Así, estas actualmente influyen en la toma de decisiones, en la selección de candidatos, en la orientación del voto útil, en los principales temas de campaña, en la rectificación de políticas gubernamentales, etc.
Obviamente, las encuestas tienen también sus detractores. Primero, los que acusan la pérdida de su precisión en la predicción de los resultados electorales. Esto tiene que ver con la evolución de las sociedades, el envejecimiento de sus métodos de recolección de muestras, entre otros. Dentro de sus principales críticos se encuentra el sociólogo Pierre Bourdieu, quien cuestionó incluso su capacidad para expresar fielmente la voluntad popular. Además, en el caso peruano, se suman también las sospechas de corrupción provocadas por el comportamiento de dos empresas encuestadoras durante el gobierno de Fujimori-Montesinos.
A pesar de todas estas críticas, las encuestas siguen siendo el método más certero que tenemos para conocer la opinión de todos los ciudadanos en el país. Por esta razón, nuestras autoridades deben ser más rigurosas en el manejo de las encuestas para evitar transmitir mensajes falsos. Ni Pedro Castillo gobierna escuchando al pueblo, pues según la primera encuesta de El Comercio-Ipsos (27/6/21), el 77% de peruanos le pedía al presidente que gobierne con los mejores profesionales (provenientes de diversos partidos y técnicos independientes). Por otro lado, tampoco existen encuestas que permitan afirmar que los ciudadanos están pidiendo la vacancia presidencial. Además, según todas las encuestas, la asamblea constituyente no es para nada una prioridad para los peruanos. Sin embargo, las prioridades son bien conocidas: reactivación económica, salud, educación, seguridad, etc. Quizá este Gobierno debería mentir menos, alucinando hablar en nombre del pueblo, y aprender a tomar más en serio la opinión púbica expresada en las encuestas para continuar enmendando el rumbo de su catastrófica gestión. Y nosotros, los ciudadanos, deberíamos ser mucho más exigentes para que sean más exactos cuando pretenden servirse políticamente de nuestras opiniones.
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