Facilitemos la inversión, por Mercedes Aráoz

Con el ánimo de contribuir al debate y previo a la elaboración del dictamen de la Comisión de Constitución sobre las facultades delegadas, planteo algunas ideas sobre uno de los temas más complejos de entender por ser muy técnico: la reforma de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (Ley N° 30099).

Esta ley busca que el gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales tengan un comportamiento prudente en cuanto a sus gastos y endeudamientos, para prevenir futuras crisis económicas y no perder nuestras buenas calificaciones internacionales. En el marco de esta ley, se define anualmente el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) con el que se opera el diseño de los presupuestos anuales. A pesar de que esta ley ha ayudado mucho, puede mejorar y modernizarse siendo más clara y operativa en beneficio de la economía nacional.

Actualmente, la gente entra a ver los datos públicos y solo observa el gasto y el déficit nominal, es decir, en soles corrientes. Sin embargo, las reglas macrofiscales se establecen sobre variables que no son observables como el PBI potencial o el déficit estructural, que son el resultado de ecuaciones calculadas bajo ciertos supuestos (como los precios de las materias primas a largo plazo) y con márgenes de error aceptables dentro de un estudio técnico. 

La propuesta que presenta el Ejecutivo en materia macrofiscal es para reformar las reglas fiscales que no son materia presupuestal y, por lo tanto, no modifica la Ley de Presupuesto 2017 que está en debate en el Congreso.

Según el artículo 104 de la Constitución, el Congreso no puede delegar las materias que son indelegables a la Comisión Permanente, la ley de presupuesto anual es una de ellas y, por lo tanto, no podría el Ejecutivo solicitar su delegación. En cambio reformar las reglas fiscales que enmarcan todas las leyes de presupuesto sí es materia delegable.

Ahora bien, ¿para qué se quieren hacer estas modificaciones en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal? Para darle más simplicidad y transparencia a las reglas fiscales, tal como lo solicitó, en su momento, la Comisión de Presupuesto a los ministros Fernando Zavala y Alfredo Thorne. Las nuevas reglas se harán sobre variables observables, sin perder de vista los límites para mantener una saludable política fiscal.

Se busca, además, asegurar la complementariedad entre inversión pública (gasto de capital) y mantenimiento (gasto corriente), para evitar, por ejemplo, hospitales sin médicos y sin medicamentos.

Otro beneficio de esta modernización es la minimización de la volatilidad del gasto público, estableciendo una banda acotada entre las reglas de déficit y el crecimiento del gasto. Además, busca crear un fondo de infraestructura, en vez de la reserva secundaria de liquidez, para tener recursos y hacer políticas contracíclicas más potentes a través de inversión.

Finalmente, la reglas fiscales subnacionales actuales no han permitido facilitar la inversión de los gobiernos regionales y locales, ni reducir su deuda, y menos aun facilitar su cumplimiento. El año pasado nueve gobiernos regionales y 134 gobiernos locales requirieron medidas correctivas porque estaban incumpliendo las reglas fiscales. Esta propuesta busca adecuar las reglas fiscales de saldo de deuda y gasto no financiero a la realidad local, para limitar el gasto burocrático, facilitar la inversión y permitir un seguimiento efectivo de los niveles de endeudamiento. Es decir, no más obras paralizadas por reglas no realistas. 

Esperemos, entonces, que se pueda dar la facultad para legislar en esta materia tan compleja, pero tan importante para dinamizar la economía de nuestro país y así pasar del sueño al desarrollo concreto de nuestra sociedad.