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En los últimos meses, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos actuó abiertamente en contra de los intereses y las preferencias del pueblo estadounidense en cuestiones relacionadas con el derecho al aborto, el control de armas y el cambio climático. Y ahora dicha mayoría amenaza con ir más allá –desafiando nuevamente a la opinión pública– para limitar la anticoncepción, los matrimonios del mismo sexo y los derechos electorales. La política y la teocracia reemplazaron a la circunspección y la jurisprudencia en los procesos de toma de decisiones de la Corte.
En última instancia, el Congreso Estadounidense tendrá que aprobar una nueva legislación para recuperar los derechos que la Corte abolió, pero debido a las profundas divisiones ideológicas y políticas que existen en ambas cámaras legislativas, estas acciones serán lentas. Sin embargo, no todo está perdido porque los estados del país norteamericano pueden aprovechar sus poderes constitucionales para proteger las libertades de sus ciudadanos. La décima enmienda afirma que “los poderes que la Constitución no delega en los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”.
En línea con este principio, los estados y hasta las ciudades estadounidenses a menudo cooperan con el gobierno federal para implementar políticas nacionales o promulgan sus propias medidas para impulsarlas. Pero la décima enmienda ofrece también la base constitucional para que los estados y las ciudades estadounidenses cuestionen las políticas federales y se resistan a ellas. Así, en los últimos años, estados como California y Nueva York, y ciudades como San Francisco y Austin (Texas), usaron la “resistencia federalista” para implementar las políticas y proteger los derechos que apoyan la mayoría de sus ciudadanos.
En cuanto al aborto, durante la gestión del gobernador Gavin Newsom, California firmó convenios multiestatales para defender el acceso a la atención a la salud reproductiva, ampliar el financiamiento a todos sus residentes (incluidos los indocumentados), eliminar los copagos e introducir una enmienda constitucional que codifique el derecho al aborto. De manera similar, los ciudadanos de Michigan reunieron más de 750.000 firmas en tiempo récord para implementar una enmienda constitucional (llamada “salud reproductiva para todos”) con la elección de noviembre, y los ciudadanos de Vermont votarán sobre una disposición similar.
Las encuestas sugieren que estas medidas cuentan con aproximadamente un 70% de apoyo, por lo que probablemente serán aprobadas. En Kansas, un estado tradicionalmente republicano, el 59% de los ciudadanos rechazó recientemente una propuesta para eliminar el derecho al aborto. Un análisis de Nate Cohn, de “The New York Times”, sugiere que los votantes en “más de 40 de los 50 estados” harían lo mismo que la mayoría en Kansas si se les da la oportunidad (las excepciones son unos pocos estados del sur, como Utah y Wyoming).
Los votantes están enviando señales de que no tolerarán la versión del extremismo teocrático que el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Clarence Thomas intenta aplicar con nuevas restricciones adicionales a los derechos reproductivos y matrimoniales. Y, gracias al federalismo de resistencia, las mujeres podrán acceder a los servicios de salud reproductiva y los abortos viajando a los estados que seguirán respetando esos derechos. De hecho, muchas empresas ya anunciaron que cubrirán los costos de viaje de sus empleados en los 22 estados que se aprestan a prohibir el aborto.
Por otro lado, el último dictamen de la Corte Suprema que limita las leyes de manejo de armas tendrá consecuencias igualmente mortales. Tan solo este año hubo ya más de 300 tiroteos masivos que dejaron víctimas en todo el país.
Una vez más, California ha sido líder en las medidas para el control de armas. Durante más de 20 años –excepto los dos de pandemia– sus indicadores de violencia con armas de fuego cayeron de manera continua y hoy cuenta con una de las menores tasas de mortalidad por armas de fuego en el país norteamericano. Es menos probable morir a causa de un disparo en California que en casi en cualquier otro estado y la probabilidad de morir en un tiroteo masivo es un 25% menor. Estos datos son el resultado directo de una legislación que incluye la prohibición de armas de asalto, leyes que permiten la incautación temporal de armas de fuego con orden judicial cuando se considera que la persona es peligrosa para sí misma o los demás, períodos de espera prolongados para la compra de armas, verificación de antecedentes, informes de salud mental y restricciones por edad.
Incluso en estados como Texas, muchas de estas medidas cuentan con el apoyo de la mayoría. Sin embargo, tanto en esta cuestión como en lo concerniente a los derechos reproductivos, la Corte Suprema demostró que está fuera de sintonía con la mayoría de los estadounidenses. La respuesta pasa por aprovechar los poderes poco utilizados que la Constitución les otorga a los estados y a los ciudadanos, como ya lo está haciendo el nuevo movimiento de federalismo progresista, cuya nueva era está a la vuelta de la esquina.
Traducido por Ant-Translation
–Glosado y editado–
Project Syndicate, 2022
