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Un reciente boletín de la OEA-Cicad del 2021 analizó el consumo de opioides en Argentina, el Perú, República Dominicana y Uruguay. Aunque el uso de opioides sintéticos en estos países es considerablemente menor que en América del Norte, estudios en Argentina y Uruguay revelaron un uso indebido de opioides en ciertos colectivos de trabajadores de la salud.
En Colombia, el escenario es alarmante. Los primeros reportes en el 2018 y el 2019 indicaban hallazgos menores de diez ampollas de fentanilo. Sin embargo, desde el 2023, las incautaciones han aumentado, con casos que van de 100 a 280 ampollas, y destaca un caso en febrero de este año con 2.000 ampollas incautadas. Además, entre el 2013 y el 2023, Colombia registró 30 muertes asociadas a esta sustancia y 21 personas iniciaron tratamiento por consumo de este opioide entre el 2021 y el 2022.
Este año, en Chile, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana decomisó alrededor de mil ampollas del analgésico opioide, mientras que en Argentina se destacan tres incautaciones. En setiembre del 2022, la Aduana del aeropuerto de Ezeiza interceptó más de un kilo de un derivado del fentanilo destinado a Miami. En julio del 2023, la policía encontró 500 ampollas en encomiendas, y en enero del 2024, siete ampollas fueron halladas durante allanamientos en Buenos Aires.
En el Perú, la situación es igualmente preocupante. En Cajamarca, este año, la Policía Nacional detuvo a un grupo que intentaba traficar 50.000 ampollas del opioide médico, presumiblemente hacia Estados Unidos. Las incautaciones de fentanilo en nuestro país se refieren principalmente al fármaco en presentación de ampolletas, un aspecto que confirma que se trata de desvío del medicamento hacia el mercado ilegal. Esta situación difiere de la de Estados Unidos, donde este opioide sintético tiene origen en la producción ilegal y sus presentaciones son más variadas.
La creciente presencia de la sustancia opioide en la región genera una gran inquietud. Aunque el consumo de opioides aún es marginal en comparación con drogas como el alcohol, el tabaco, la marihuana y la cocaína, los decomisos recientes subrayan la urgencia de abordar un problema que podría escalar rápidamente si no se implementan medidas preventivas.
En nuestro medio, la alta informalidad y la corrupción agravan los problemas de automedicación. La deficiente regulación de la cadena de suministro de medicamentos estaría facilitando el acceso a opioides como el fentanilo, la morfina, la petidina, el tramadol, la hidromorfona, entre otros, tanto en farmacias y boticas, como en canales ilícitos. Aunque en nuestro medio la producción ilegal de este potente analgésico no ha sido documentada, la desviación de opioides médicos hacia el mercado negro es un problema creciente.
Es esencial investigar cómo los opioides, a pesar de ser controlados, continúan llegando al mercado ilegal. Establecimientos que venden medicamentos de forma aparentemente legal podrían estar facilitando el acceso indebido. Además, los traficantes que distribuyen medicamentos robados o vencidos están contribuyendo a un entorno propicio para el consumo ilícito.
Para enfrentar esta situación, es indispensable fortalecer las políticas de control sobre estos medicamentos y mejorar las capacidades de las autoridades, especialmente de las fuerzas del orden, para identificar y desmantelar las rutas de tráfico. Simultáneamente, es esencial educar a la población sobre el uso responsable de fármacos y prevenir la automedicación, a fin de evitar que la problemática de los opioides en el Perú se transforme en una crisis de salud pública similar a la de Estados Unidos.
